"El royalty quedó cerrado en 2006"

Si bien dijo que el Consejo Minero y la Sonami son los que representan a Barrick en esta materia, Igor Gonzales estimó que no debieran haber cambios en los tributos para la minería o royalty, como se especuló en las últimas semanas.

"A raíz del terremoto reflotó el tema. Pero creemos que el royalty quedó cerrado, definitivamente, en 2006", afirmó apuntando al año en que las mineras firmaron los contratos del impuesto específico a la minería y que incluyeron una invariabilidad tributaria.

"No creemos que haya variaciones. Entiendo que ha habido rumores, pero no más que eso", agregó.

El ejecutivo añadió que Chile sigue siendo para Barrick un país muy atractivo para invertir, más allá de estos rumores. Y recalcó que la empresa es la minera que más está creciendo en el país. De hecho, el proyecto Pascua Lama, cuyas obras comenzaron a fines de 2009, implicará US$ 2.800 millones en inversión. Cerro Casale podría conllevar a futuro US$ 4.200 millones.

Antecedentes

ROYALTY MINERO: LA DISCUSIÓN SIGUE ABIERTA (Publicado 29/03/10)

La Nación

Tras el terremoto, la búsqueda de fuentes de financiamiento para levantar al país ha llevado al Ejecutivo a revisar la propuesta del economista Paul Fontaine, que anticipa ingresos anuales adicionales por US$500 millones. Esta opción es rechazada categóricamente por la principal industria de la economía chilena.

Royalty

El impuesto específico a la minería grava actualmente las utilidades operacionales de las compañías con una tasa de 5%, la que por ser un porcentaje genera mayores ingresos al Estado cuando el precio del cobre sube y aumentan las ganancias de las empresas.

Mientras en las localidades del Maule y Biobío continúan sufriendo por la tragedia del pasado 27 de febrero, en el norte empiezan a sentirse los efectos colaterales del devastador evento.

En los últimos días, la industria minera ha asumido la “amenaza” de ver un incremento del royalty, pese a que, en 2005, se estableció un impuesto específico a esta actividad con una invariabilidad tributaria por 15 años.

El gobierno encabezado por Sebastián Piñera está evaluando diversas alternativas para financiar el plan de reconstrucción del país.

Dentro de ellas, la nueva administración pidió al economista Paul Fontaine -que formó parte de su comando en segunda vuelta- que desempolvara la propuesta de incrementar el royalty a la minería, que había sido originalmente presentada dentro del programa del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

El impuesto específico a la minería grava actualmente las utilidades operacionales de las compañías con una tasa de 5%, la que por ser un porcentaje genera mayores ingresos al Estado cuando el precio del cobre sube y aumentan las ganancias de las empresas.

El plan Fontaine consiste en elevar el gravamen que se paga sobre la renta operacional imponible desde el 5% actual a un 8%, a lo que se suma la intención de extender la medida hacia otras empresas.

Hoy se aplica el tributo a las firmas que tienen ventas anuales desde US$80 millones, mientras que la propuesta de Fontaine busca ampliar el tributo para aquellas sociedades que facturen desde US$50 millones por ejercicio.

De materializarse el royalty -que sería de manera permanente-, Fontaine proyecta que se generarían para el fisco ingresos anuales adicionales por US$500 millones, de los cuales un 10% correspondería a mineras que hoy no pagan el tributo.

El ministro de Minería, Laurence Golborne, destaca que se trata de una actividad que se sustenta en plazos de 20 ó 30 años, que es lo que dura cualquier proyecto minero, por lo cual es necesario transmitir políticas relevantes y revisar distintos elementos en materia tributaria.

“Y obviamente cuando uno analiza, tiene que analizar todo, pero siempre con esta visión de largo plazo, de estabilidad y una política consistente en el tiempo. Por lo tanto, los derechos que las personas y las empresas tienen es una materia que se respeta”, precisa.

Oposición minera

Tal como ocurrió durante la discusión sobre la aplicación de un royalty minero -que se materializó en 2005-, la industria, que opera principalmente en el norte del país, ha mostrado una firme posición en contra del plan Fontaine.

De entrada, el gerente general del Consejo Minero, Javier Cox, señala que “para hablar de cualquier cosa vinculada al impuesto a la minería, se debe tener información relativa a los daños por el terremoto”.

En la industria fundamentan que ya no se puede gravar más a un sector que es el mayor aportante al fisco a través de impuestos. En el Consejo Minero destacan que, entre 2005 y 2009, han aportado al país, por medio de la llamada “Gran Minería”, US$24.817 millones por concepto de impuestos a la renta.

Al considerar en particular el impuesto específico o royalty, este segmento ha entregado en el periodo por este concepto US$3.079 millones, promediando desde 2006 unos US$650 millones por ejercicio.

Estos ingresos adicionales, consideran en las mineras, han superado con creces todas las estimaciones iniciales, que eran del orden de US$100 millones anuales, lo cual correspondía a la cifra anual que el país estimaba necesario invertir en innovación.

“Las empresas de la Gran Minería pagan impuestos a la renta que ascienden a una tasa entre 38% y 42% como carga tributaria total, que es una tasa considerable y razonable en cualquier parte del mundo. Pero, además, las empresas están afectas al royalty, que es excepcional y se aplica al sector minero, lo que puede considerarse como una discriminación frente al resto de los sectores”, reclaman en el Consejo Minero.

En la industria minera también difieren del uso y destino de los recursos obtenidos por el impuesto específico, señalando que del total que ha reportado al Estado, el royalty “sólo se ha imputado al fin para el cual se estableció este tributo la suma total de US$516 millones. Es decir, solo el 16,7% ha sido utilizado, quedando un remanente de US$2.562 millones”.

Entre 2005 y 2006, la mayoría de las empresas mineras ha suscrito contratos de inversión extranjera con el Estado de Chile, en los cuales se les ha asegurado que no se les cambiarán los impuestos vigentes, garantía que se extiende por plazos de 12 y 15 años (2017 y 2019).

Así señalan en el Consejo Minero que “el estricto cumplimiento de los contratos celebrados con el Estado de Chile es un pilar estratégico de la competitividad, credibilidad y solidez de Chile como país atractivo para invertir, donde existe estabilidad legal y tributaria y se respetan las reglas del juego”.

En la entidad estiman que cualquier cambio tributario “que altere las reglas del juego”, podría tener impacto en las inversiones futuras, las cuales la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) las cuantifica en US$22.134 millones a 2015.

Mirada económica

El análisis que se ha puesto sobre la mesa no logra convencer a los economistas, quienes no ven con buenos ojos que se intenten cambiar las condiciones a una industria en particular. El economista jefe de Celfin Capital, Cristián Gardeweg, plantea que “dada la invariabilidad tributaria del royalty, no es conveniente ponerlo sobre la mesa, aun cuando sea eventualmente voluntario. Tampoco se ve conveniente cargar la mano a un solo sector”.

En el caso que las condiciones obligaran a establecer un incremento en los impuestos, el economista prefiere un “alza temporal del impuesto a las utilidades, ya que afecta a todos los sectores, pero sólo a aquellas empresas que tengan utilidades”.

En la misma línea, el economista y académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, afirma que la invariabilidad tributaria que tienen la mayoría de las mineras hace poco provechoso discutir el royalty como forma de financiar los costos del terremoto.

“Producto de la invariabilidad, se debería discutir el royalty para el largo plazo, para las nuevas inversiones que se vayan a efectuar. Respecto a esto, tengo la mente abierta y no me complica elevarlo, pero se debe tener más claridad sobre el efecto que ello pudiera tener sobre las nuevas inversiones mineras en el país. Esto se debería realizar si el aumento en la tributación fuera significativo, y que el impacto sobre la inversión minera no fuera importante”, indica Ramos.

El socio de Forescast, Ángel Cabrera, señala que el plan de reconstrucción se debe financiar vía algún impuesto, “sólo si es que no se encuentra una solución en el resto de las alternativas de recaudación de recursos”.

En ese sentido, Cabrera destaca que no hay impuesto que deje sin dañar el crecimiento potencial de la economía.

En tanto, el economista y ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, sostiene que es necesario “tener mucho cuidado”, considerando que existen condiciones estipuladas por ley en este impuesto específico para la minería, ya que se estableció la invariabilidad tributaria por hasta 15 años.

“Hay que tener mucho cuidado porque hay derechos de propiedad. La autoridad sabe eso y va a tener mucho cuidado en un movimiento en esa dirección”, advierte.

Lo cierto es que el camino a seguir es la negociación. Por ahora existe una posición firme de las mineras, que podría ir cambiando si se toma en cuenta que es casi un hecho que se elevará el royalty de manera significativa cuando venza lo estipulado en 2005.

Por lo tanto, además de dar una señal de compromiso con la reconstrucción del país, la minería podría restar la incertidumbre para los años posteriores a 2020.