Previsible: otra provincia fue a la Corte por promoción industrial

La reciente victoria de Mendoza -que logró arrancarle a la Casa Rosada la incorporación de algunos de sus departamentos al régimen de promoción industrial- fogoneó la previsible reacción de otros distritos, que también exigen recibir esos beneficios impositivos. La punta de lanza la tomó ahora el Gobierno de La Pampa, que presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto presidencial.

La presentación la efectuó el fiscal de Estado de La Pampa, Alejandro Vanini. Además, en el mismo trámite radicó también una medida cautelar para frenar la vigencia del decreto.

Se trata de un fuerte reclamo de los industriales locales -nucleados en la Unión de Industriales de La Pampa-, que alegan que el paquete de exenciones y rebajas tributarias que recientemente Cristina de Kirchner extendió a San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis termina perjudicando al sector local. El primero en embestir contra ese decreto presidencial fue, en rigor, el mandatario de Mendoza, el justicialista Celso Jaque, quien llevó su queja al máximo tribunal nacional.

Finalmente, la estocada cuyana terminó bien: Jaque retiró días atrás la demanda y se aseguró concesiones de índole tributaria para industrias de siete departamentos mendocinos. La reticencia de Nación a acceder durante varias semanas a ese planteo tuvo que ver con el lógico temor a que se desencadenara una escalada de exigencias en igual sentido.

Esa incomodidad ahora parece tomar forma con una presentación ante la Corte del mandatario pampeano, el peronista Oscar Jorge, en pos de que se declare una medida cautelar que frene la prórroga del régimen.

Previamente, Jorge elevó una nota a la Presidente para explicar el malestar de la industria y las autoridades pampeanas, hasta ahora sin resultados positivos en materia de anuncios desde Balcarce 50.

El Decreto de Promoción Industrial otorgó quince años de prórroga a las fábricas promocionadas, a las cuales se les estaban por vencer los beneficios impositivos (el pago de sólo una porción del IVA, Ganancias y el gravamen a las importaciones).

En 1997, La Pampa ya había presentado una demanda similar contra el Estado nacional al sentirse discriminada.

El pleito fue resuelto recién el año pasado, con la firma de un acuerdo por el cual la provincia recibió 500 millones de pesos a cambio de frenar ese juicio. Sin embargo, con este nuevo decreto presidencial se incurre en la misma «discriminación» a La Pampa, argumentó el fiscal Vanini.