Abogada Dibo busca frenar oferta pública de acciones de YPF
Diario Crónica, Chubut
Ex trabajadores de YPF en esta región y que continúan la demanda penal a través del estudio de la doctora Alejandra Dibo informaron acerca de los últimos avances dados por la abogada cordobesa en reclamo por las acciones clase C de la petrolera; el complejo litigio involucra a la petrolera y al Estado nacional, en una causa en la que también la representante legal ha demandado a su colega Rubén Leto, a quien denuncia porque presuntamente engañó a sus representados, "porque les hizo firmar poderes que no son legales para ofrecerles un precio vil por sus derechos sobre las acciones", según denuncia la abogada, quien asegura que los 27.000 pesos ofrecidos representan alrededor de 27 pesos por acción, cuando en bolsa la cotización es del orden de los 139 pesos.
La causa judicial iniciada por Dibo se remonta a la Oferta Pública de Acciones lanzada en el año 1997 por el gobierno de Menem; según la abogada la compañía Repsol es responsable de haber adquirido bienes en litigio, de allí que en su denuncia penal involucró a ex directivos de la firma, entre ellos el ex presidente Alfonso Cortina.
Según la compleja trama denunciada por la abogada, los 27 pesos por acción que ofreció el estudio Leto representan una cifra ínfima, frente a los 139 pesos por acción en que cotizan los papeles. Incluso menciona en sus últimos informes a los ex agentes de la región que la oferta pública lanzada recientemente por Eskenazi, para la compra de un 10 por ciento de acciones (que adicionará al 15 por ciento que ya controla el grupo empresario argentino) se ha hecho mediante una oferta de 49,45 dólares por acción.
De este modo, sobre la base de una estimación de que cada ex agente tendría derecho sobre alrededor de 1.000 papeles (los que nunca llegaron a tener en su poder), los montos indemnizatorios que les corresponderían serían muy superiores.
Habría denuncias internacionales
La denuncia de Dibo también llegó a Madrid, ya que le remitió nota al directivo de la empresa Komat Eurogrup, una firma que según la abogada "está negociando las acciones birladas a los ex trabajadores argentinos de la empresa YPF S.A, controlada por Repsol YPF"; en esa presentación, le informa sobre los alcances de la causa penal número 8568/99, que se tramita por ante el Juzgado Federal Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras enfatizar que ejerce representación de más de 3.000 ex agentes de la petrolera, informa al presidente de la compañía financiera que la Cámara Federal en lo Criminal declaró nulos los sobreseimientos con que había beneficiado el juez Bonadío a "los imputados por el delito de estafa y malversación de caudales públicos", entre los que la letrada nombra a directivos actuales y anteriores de la firma petrolera, como también a funcionarios públicos "que intervinieron en la defraudatoria venta de las Acciones Clase "C" pertenecientes a los ex trabajadores de la empresa, representativas del 10% del Capital Social de la misma y dolosa privatización de la empresa petrolera argentina".
La presentación aclara que los poderes invocados por el abogado Rubén Leto "no son válidos para negociar el 10% del paquete accionario de YPF SA", por lo que la abogada considera que los ex agentes que renunciaron al derecho sobre sus acciones a través del acuerdo con el mencionado estudio de Leto siguen ejerciendo pretensiones legítimas sobre esa porción del capital accionario.
De este modo, la abogada advierte que presentará denuncias internacionales si se lleva adelante la operatoria que tendría como intermediaria a la mencionada firma española, para adquirir las acciones en una supuesta negociación con el estudio del abogado capitalino.
Tras señalar que los 3.000 poderes que tendría Leto en su poder "son nulos y defectuosos", por lo que "no detentan eficacia jurídica para ser cedidos" puntualiza que "de ser cierta la transacción que a través de ustedes se estaría llevando a cabo con dicho estudio sería nula y de nulidad absoluta y por ende, los denunciaría a cortes internacionales, incluyéndoles a ustedes, intermediarios de Repsol YPF y/o comprador Petersen Energía y/o quien estuviese involucrado del gobierno argentino, como autoridades españolas que lo permiten".
