Desde hace más de cuatro años, a partir de los fallos de la Corte Suprema que declararon la inconstitucionalidad de buena parte de la Ley de Riesgos del Trabajo, el Gobierno viene prometiendo enviar al Congreso un proyecto de reforma del sistema. Ahora, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que el texto está listo y que sólo falta la decisión política de la Presidenta para ser enviado al Parlamento. En tanto, sectores de la oposición ya presentaron proyectos alternativos, mientras que el diputado oficialista Héctor Recalde, titular de la Comisión de Legislación Laboral y abogado de la CGT, tiene en espera hace tiempo un texto propio.
Hoy, con más de 125.000 juicios contra las ART, el proyecto oficial busca que los trabajadores accidentados o a sus familiares no recurran a la Justicia . Así, en el aspecto clave de la responsabilidad civil, el texto incorpora a la indemnización tarifada del sistema un plus del 20% por “daño moral”como disuasivo de la vía judicial. Ya que se aclara que quienes perciben ese plus deben desistir de iniciar una demanda judicial con el reclamo de la reparación integral del daño. El cobro de esa suma “implicará la aceptación y reconocimiento por parte de los damnificados que han obtenido reparación suficiente del ‘daño funcional’ a todos los efectos legales”, dice el borrador oficial.
Actualmente, y en base a la doctrina de la Corte, el trabajador o los familiares pueden cobrar la indemnización tarifada y si la consideran insuficiente, reclamar en los Tribunales un resarcimiento mayor por los mayores daños no reconocidos, como los psíquicos; así se aplica, por ejemplo, en accidentes de tránsito o de medio ambiente.
Según el abogado laboralista Horacio Schick, se insiste en aplicar un sistema de “opción excluyente” que dará lugar a nuevos planteos de inconstitucionalidad ante los Tribunales por los antecedentes de la propia Corte. “Para la Corte, cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente debe ser objeto de reparación al margen de lo que le pueda corresponder por la disminución de la capacidad laboral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable”.
Recalde le dijo a Clarín que “la actual ley se hizo con un sentido de negocio, que fomentó los juicios porque no da protección real a los trabajadores”, aclarando que “no se puede impedir la vía judicial como quiere la UIA. Para reducir los juicios debe darse una reparación justa a los trabajadores”.
El diputado Víctor De Gennaro, del Frente Amplio Progresista (FAP), presentó un proyecto que deroga la actual ley y propone que “el sistema que funcione como banco público nacional –sin fines de lucro– que otorgue garantías para auxiliar a accidentados y enfermos, y considere la justa reparación del daño a los trabajadores, con control de los trabajadores y todos los actores sociales, con delegados de prevención elegidos por todos los trabajadores”. En el FAP hay otro proyecto, el de Margarita Stolbizer (GEN), que establece que la reparación plena debe estar garantizada “por todos los daños que sufran las víctimas laborales como personas humanas, y no sólo el limitado lucro cesante proveniente del empleo en que ocurrió el siniestro”. En el Senado, el radical Gerardo Morales promovió audiencias públicas para reformar la ley de ART en 2006 , pero el kirchnerismo frenó el debate.
