El moyanismo amenaza con un paro petrolero

El secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), Guillermo Pereyra, advirtió que los petroleros podrían iniciar un paro contra el decreto 1277, que centraliza el control de la actividad hidrocarburífera y profundiza la regulación del sector.

"Si los gobernantes no dicen lo que tienen que decir, nosotros vamos a salir a decirlo en defensa de los intereses de los trabajadores", afirmó el jefe del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Pereyra opinó que la norma del Gobierno, que creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, "apunta directamente a que el gobierno nacional se quede con las regalías que tienen las provincias".

Ante esa situación, convocó para mañana a una asamblea en su gremio para definir si inician o no un paro que, calculó, podría contar con la adhesión de más de 10.000 trabajadores. "Esto no es solamente un tema de los petroleros, sino que acá hay un tema general porque van a caer los puestos de trabajo y se van a paralizar todas las actividades", indicó el gremialista, que además integra el directorio de YPF en representación de su sector.

En cambio, el gobernador santacruceño, Daniel Peralta, rechazó los cuestionamientos contra el decreto 1277 y señaló que los mandatarios de las provincias petroleras tienen garantías de que no se van a afectar regalías ni producción. "Al contrario, se va a garantizar que la producción se cumpla", aventuró.

"Tenemos posiciones concurrentes con el gobierno nacional que garantizan que las inversiones se cumplan, no puede ser negativo el decreto nacional", consideró el gobernador, que indicó que la nueva disposición del Gobierno es una "norma de jerarquía inferior a la Constitución de 1994, es inferior a la ley de hidrocarburos y a la ley corta".

En tanto, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, afirmó que [al decreto] "no se lo puede leer ni interpretar como afectando los derechos provinciales de dominio o de control y gobierno de los yacimientos. No hay ni puede haber doble comando. No es el objetivo del gobierno nacional y así me lo aseguraron", subrayó.

Al cuestionamiento de Pereyra se sumaron legisladores de la oposición neuquina, que presentaron proyectos para que se establezca la "inconstitucionalidad" de la resolución, ya que, afirman, "viola las autonomías provinciales y afecta los intereses de la provincia". Los diputados Manuel Fuertes (NCN) y Beatriz Kreitman (CC-ARI) presentaron un proyecto de ley y uno de resolución, respectivamente, que proponen la no aplicabilidad de la norma.

Por su parte, el ex gobernador y presidente de la Junta de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino Jorge Sobisch rechazó la decisión del Gobierno sobre YPF y dijo que el partido provincial se pronunciará sobre el tema, para lo cual convocó a sus legisladores. Sobisch dijo que el gobierno nacional ocultó el verdadero motivo de la estatización, que busca "hacer caja" a partir de un manejo absoluto.

En tanto, desde el gobierno nacional ayer defendieron el decreto. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, acusó a las petroleras de montar supuestas operaciones de prensa y de especular con las reservas de hidrocarburos.

"El decreto prevé maximizar la exploración y explotación de hidrocarburos y ningún gobernador puede suponer que la Nación va a proponer producir menos", aclaró ayer De Vido en una entrevista con periodistas del canal de cable C5N.

Reclamos políticos y gremiales por un decreto presidencial

El decreto 1.277 que autoriza una amplia intervención estatal en el sector petrolero, permitiendo desde la fijación de precios de referencia a la determinación de inversiones del sector privado, recibió ayer un duro embate: un gremio de l sector anunció que mañana decidirá si va al paro en su contra, mientras que en las provincias avanza la discusión del mismo por "inconstitucionalidad". Salió a defenderlo el ministro De Vido, y el gobernador de Santa Cruz buscó bajar el nivel de confrontación. Un dato curioso: desde el Gobierno aseguran que la medida firmada por la Presidenta fue un pedido de las propias empresas petroleras.

El decreto crea una comisión presidida por Axel Kicillof con amplias facultades para intervenir en todos los niveles del negocio. Las provincias petroleras lo ven como una avanzada sobre sus derechos.

El martes se lo plantearán a Julio De Vido en un encuentro ya pautado. Pero en tanto la primera embestida fuerte vino de parte de los sindicatos. Guillermo Pereyra, jefe del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, dijo que el lunes el gremio analizará hacer un paro contra el perjuicio "gravísimo" del decreto.

"Si los gobernantes no dicen lo que tienen que decir, nosotros vamos a salir a decirlo en defensa de los intereses de los trabajadores", afirmó el dirigente, que además es director de YPF por los trabajadores y segundo de Hugo Moyano en la CGT.

En las provincias, la tensión por el tema crece. Alegan la inconstitucionalidad del decreto que, aseguran, avanza sobre derechos de las provincias dictaminados por la Constitución Nacional desde 1994.

En esa línea, el exgobernador y presidente Movimiento Popular Neuquino Jorge Sobisch convocó a su partido (que gobierna Neuquén) para pronunciarse sobre el tema.

Desde la oposición, en Santa Cruz, Chubut y Mendoza, la presión sobre los gobernadores por el tema es fuerte: los dejan en un lugar incómodo reclamándoles que defiendan los recursos provinciales.

Por eso, ayer el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, salió a poner paños fríos. Pidió "paciencia" para ver resultados positivos en las operaciones de la YPF estatizada y aseguró que el decreto "no va a afectar las regalías, ni la producción". Exactamente en línea con Julio De Vido, quien señaló que "la afirmación de que la Presidenta quiere ir por el petróleo de las provincias es un absurdo, lo desmiente la historia misma", a la vez que señaló que lo que busca el decreto presidencial es "maximizar la exploración y explotación de hidrocarburos". Y acusó a las empresas de "operar" en contra de la medida.

Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que el decreto fue la respuesta a un pedido de las empresas petroleras. "Los inversores con que hablamos para que financien el desarrollo de Vaca Muerta querían que se definieran condiciones para venir al país, y a eso apunta el decreto", dijo un funcionario del área. Un empresario del sector lo confirmó: "Hubo una empresa que pidió eso, pero quería que se regularan tres puntos y avanzaron sobre todo", señaló.

El moyanismo amenaza con un paro contra la intervención petrolera

En medio de la polémica que generó el decreto 1277, que fue rechazado y cuestionado por anticonstitucional por diputados y dirigentes opositores, el gremio de petroleros sumó un nuevo rebote y amenazó con una huelga para repudiar la norma que centraliza el control de la actividad hidrocarburífera en manos del Gobierno nacional y profundiza la regulación del sector. El jefe del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el moyanista Guillermo Pereyra, adelantó durante el fin de semana que hoy su gremio analizará la posibilidad de realizar un paro contra el perjuicio “gravísimo” que, en su opinión, tendrá la nueva disposición dictada hace una semana por el Ejecutivo nacional.

“Si los gobernantes no dicen lo que tienen que decir, nosotros vamos a salir a decirlo en defensa de los intereses de los trabajadores”, afirmó el secretario adjunto de la CGT que conduce Hugo Moyano. Pereyra se quejó porque la medida, que creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, “apunta directamente a quedarse el Gobierno nacional con las regalías que tienen las provincias”.

El dirigente petrolero convocó para hoy a una asamblea, que calculó contará con la participación de más de 10.000 trabajadores, para decidir las próximas medidas de fuerza. La convocatoria se da un día antes de una reunión prevista por los gobernadores de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) en Buenos Aires con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario Legal de la Presidencia, Carlos Zannini, para avanzar en el diseño de políticas comunes en el marco de la aplicación de la ley. “Esto no es solamente un tema de los petroleros sino que acá hay un tema general, porque van a caer los puestos de trabajo y se van a paralizar todas las actividades”, indicó Pereyra, que además integra el directorio de YPF en representación de su sector.

Al respecto, el segundo de Moyano lamentó las declaraciones del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, quien aseguró que lo establecido por el decreto no afecta la potestad de las provincias sobre los yacimientos. Por el contrario, el líder sindical insistió en que la disposición “apunta directamente a quedarse con las regalías”. “Le quieren dar el mismo tratamiento que al fondo sojero”, agregó y advirtió que eso “llevaría prácticamente a las provincias productoras al quiebre financiero”.

Por su parte, De Vido confirmó la reunión de mañana con los mandatarios de la OFEPHI y aclaró que la reglamentación del decreto “prevé maximizar la exploración y explotación de hidrocarburos”. En ese marco, advirtió que “ningún gobernador puede suponer que la Nación va a proponer producir menos hidrocarburos”.

En los últimos días los gobernadores salieron a apoyar el decreto, aunque legisladores de estas provincias cuestionaron los alcances de la norma porque temen que acote la injerencia de los estados provinciales. El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, señaló recientemente que estaban “trabajando muy bien juntos, Nación y provincias, en todo lo que tiene que ver con recuperar el autoabastecimiento de combustibles”. En esta línea, el mandatario mendocino Francisco Pérez dijo que hacía un balance “positivo” tras contactos recientes con el Gobierno nacional.