Con la perspectiva de un aumento de tarifas, se vienen nuevos dueños en Metrogas y TGS. Hay peleas internas en Camuzzi.
Martín Bidegaray Natacha Esquivel
Si el río revuelto es una condición necesaria para que haya mayor nivel de "argentinización" en algún sector de la economía, todo indica que se viene una oleada de capitales nacionales en las empresas gasíferas, como sucedió hace unos años en las eléctricas. Después del ingreso del grupo Sigman en Gas BAN, se esperan más cambios en Metrogas y TGS, y las aguas tampoco están calmas en Camuzzi Gas y TGN. En estas compañías, salvo en la que se concretó la llegada del empresario argentino, hay roces entre los accionistas o falta de resolución del Estado en cuestiones que afectan la propiedad de las acciones.
Las empresas de luz ya recibieron la ansiada autorización para aumentar las tarifas de los clientes residenciales. Las del gas caminan en la misma dirección.
Marcelo Mindlin ( Pampa Energía), Alejandro Ivanissevich (Emgasud) y Enrique Eskenazi (Petersen) forman parte de un grupo al que muchos denominan, en tono jocoso, "los sospechosos de siempre". Son los empresarios que se suelen mencionar cada vez que se habla del traspaso de energéticas. Su primera reacción cuando se les pregunta al respecto es negativa, pero nunca tajante.
Mindlin, que controla Edenor, tiene interés en Metrogas, la mayor distribuidora del país. Ivanissevich, con llegada a funcionarios patagónicos, también se anota en esa empresa, que siempre le gustó. Pampa Energía y Emgasud comparten Ingentis, un proyecto de generación en Chubut.
A Eskenazi también se lo menciona como interesado en Metrogas. Pero el accionista de YPF sólo podría concretar una operación individual, encabezada por su grupo. Como es productora de gas, la petrolera –que tiene 31% de Metrogas– no puede tener el control.
Los hombres que conocen el paño tampoco descartan para el gas a los grupos que vienen creciendo en el negocio eléctrico, como el fondo DyG, liderado por el ex jefe de Gabinete de la Alianza, Chrystian Colombo –que compró 50% de la distribuidora rionegrina Edersa–, o Electroingeniería, que contó con la luz verde oficial, en sociedad con la estatal Enarsa, para quedarse con la mitad de Transener. El escenario se completaría con la aparición de un "tapado", como sucedió con Gas BAN.
"Los interesados deben tener esperanzas o información acerca de futuras subas de tarifas que generen mayores ingresos. Quienes invierten deben estar esperando un reacomodamiento", dice Francisco Mezzadri, consultor y ex número uno de la estadounidense CMS.
Deuda, juicios y fondos En Metrogas esperan definiciones para el laberinto actual en el que están inmersos.
A fines de 2005, los accionistas controlantes, British Gas (BG) e YPF, lograron un acuerdo con los acreedores. Cedían acciones a los fondos Ashmore y Marathon –que habían ido comprando la deuda– a cambio de reducir el pasivo impago de US$ 100 millones. Sin embargo, el Gobierno nunca autorizó esa operación.
Eso provocó que, en mayo pasado, la deuda volviera a cambiar de manos. Marathon se terminó quedando con la parte de Ashmore. Aunque parecía que iba a ser al revés y que Ashmore iba por más, la falta de relación de este fondo con el Enargas y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), los dos entes reguladores en estos temas, terminó por precipitar su salida (se dice que a buen precio). Los últimos meses han sido cambiantes en la CNDC. Su anterior titular, José Sbatella, era resistido por Guillermo Moreno.
El viernes, el Gobierno nombró a Alberto Napolitani como presidente del organismo.
Si se siguen los acuerdos de reestructuración de deuda, Marathon contaría con un 30% de Gasa –que tiene 51% de Metrogas– y otro 19% de la distribuidora en forma directa. Cuando el fondo se quedó con todo, en el mercado se pensó que era porque tenía acordada la venta a un grupo local. Se habló de Mindlin. Pero la tenencia aún sigue en manos del Marathon.
Sin la bendición K, es muy difícil avanzar en una firma de servicios públicos. Eso lo saben los fondos, que nunca obtuvieron la autorización para ser declarados dueños de una parte de Metrogas, o de la mitad de la controlante de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Ese 50% pertenece a AEI (ex Ashmore Energy International), que espera un OK oficial que no llega.
Metrogas no alcanzó un acuerdo de reestructuración tarifaria con el Gobierno, algo que sí lograron otras distribuidoras, como Gas BAN y Camuzzi.
La empresa está en default. Mientras tanto, BG le ganó un juicio al Estado argentino por la devaluación y pesificación de 2002. Un día antes de la Navidad del año pasado, el Gobierno fue notificado de que debería pagarles US$ 185 millones a los ingleses, por una resolución la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral).
Antes del fallo, los ingleses trataron de negociar con la administración Kirchner. Suspendieron su acción judicial contra el país desde el 17 de septiembre hasta el 1 de octubre. Durante esa quincena, BG ofreció levantar el juicio, a cambio de que se aprobara el ingreso de los fondos. La respuesta esperada no llegó y se retomó la demanda, que el país perdió. El Gobierno apeló en marzo, y se calcula que la respuesta tardará 12 meses.
Hace un año, el Gobierno provocó el desplazamiento de Roberto Brandt, el ejecutivo que manejaba Metrogas, por desacuerdos en la forma en que la firma encaraba la crisis energética. Fue reemplazado por Vito Camporeale, del riñón de YPF y con mejor diálogo con Guillermo Moreno. Ahora, la compañía está al mando de Andrés Cordero. A Brandt le dieron un puesto en los cuarteles londinenses.
Pelea entre socios En Camuzzi Gas Pampeana no se vislumbra el ingreso de un empresario local, pero sobran los problemas. Aunque la compañía ya tiene "acta acuerdo" (que permite subir las tarifas a cambio de inversiones), los accionistas no se ponen de acuerdo. Sus socios deben suspender todos los reclamos entablados contra el país. Eso efectivamente hizo el grupo italiano controlante, a diferencia de Sempra Energy, que es minoritaria. La estadounidense tiene a su favor un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, que le permitiría cobrar US$ 172 millones. "Sodigas y Sempra (las sociedades vinculadas a Camuzzi) deben mantener indemne a la República Argentina de cualquier compensación económica", reza el compromiso rubricado entre la empresa y el Estado. Para lograrlo, la compañía tomó decisiones que los directores representantes de Sempra no aprobaron. Como consecuencia de estas diferencias, los ejecutivos de Sempra en Camuzzi se fueron de sus puestos y ahora muchos de ellos litigan judicialmente con la compañía que manejaban.
Camuzzi también desaprobaba el ingreso de DyG como socio en Edersa, la distribuidora eléctrica de Río Negro. Pero, en enero, hubo fumata blanca y los dueños de Havanna ingresaron a este servicio público. Los lazos de Colombo con funcionarios radicales rionegrinos habría tallado en esa situación.
El fondo, en cambio, vendió su 15% en Eden, la distribuidora energética del norte bonaerense.
El comprador fue AEI, en la que además de Ashmore participan los fondos Eton (rechazado por el Gobierno para Transener), D.E. Shaw (con fichas en Emdersa), GIC (de Singapur) y el Deutsche Bank. Tiene 90% de Eden.
AEI está complicada para obtener el reconocimiento oficial de su participación en TGS. Allí suma el 50% de Ciesa, la controlante de la transportadora, también gracias a un acuerdo de canje de deuda que necesita la venia oficial. La brasileña Petrobras es su socia, con el otro 50%. Pero el Gobierno anticipó que no dará su autorización y eso desató el interés de empresarios que se arrogan buen diálogo con el ministro Julio De Vido.
Entre quienes se contactaron con los presuntos vendedores estarían BTU, especializada en la construcción de gasoductos que salió lastimada del caso Skanska, y allegados a Eduardo Eurnekian. En la empresa que controla los aeropuertos desmintieron la posibilidad.
Como frutilla, todos se preguntan quién está detrás de Blue Ridge. Este fondo del Bank of America pagó $ 103 millones, en junio, por el 24% de Transportadora de Gas del Norte (TGN).
La entidad estadounidense habría hecho la operación para un empresario nacional, cuyo nombre se desconoce. El comprador tomó la participación de CMS.
La norteamericana también le ganó a la Argentina en el Ciadi. El país deberá pagarle US$ 180 millones. El nuevo tenedor del juicio se pone en una posición privilegiada, sobre todo si busca congraciarse con el Gobierno. Cuando el Ciadi se expidió contra el país, también le dio la posibilidad de recuperar las acciones de CMS, si pagaba una suma adicional de US$ 2,1 millones. El Estado ya dijo que la ejercerá. El control de TGN está en manos de Gasinvest. Allí mandan Techint y CGC, de Southern Cross y los Soldati.
Razones de Sigman para entrar en Gas BAN
La compra del 20% de Gas Natural BAN por parte del grupo Chemo, de la familia Sigman, sorprendió a todos. Aunque es dueño de una multinacional farmacéutica y también se dedica a la producción de cine y al negocio maderero, nadie imaginaba que la diversificación de Sigman vendría por este lado. El traspaso de las acciones no afecta la mayoría accionaria de los españoles de Gas Natural, que mantendrán su 50,4% de la empresa. Gas BAN es una suerte de mosca blanca en el sector. Sus accionistas no tienen problemas judiciales ni con los acreedores ni con el Estado. Los US$ 56 millones que pagará Sigman tasaría el 100% de la empresa en US$ 300 millones. Esto es un 30% más del valor de la compañía en la Bolsa, que el viernes era de $ 700 millones (US$ 228 millones).
