La historia del Paso de San Francisco, en nuestra provincia, tiene varios siglos. Pero no fue sino hasta mediados de la década del noventa, con el inicio de las obra de pavimentación del lado argentino, que se convirtió en un punto de referencia en el corredor bioceánico.

Ante la reticencia del Gobierno nacional a realizar la inversión, el esfuerzo de mejoramiento de la infraestructura vial lo realizó el Gobierno provincial. Corría la década del noventa, y el mega emprendimiento minero de Bajo la Alumbrera se aprestaba a comenzar su producción, factor que sirvió como argumento a favor del proyecto provincial, objetado por algunos sectores, de hacerse cargo de una obra que le correspondía al gobierno federal.

La utilización del paso fronterizo catamarqueño fue incrementándose gradualmente, aunque quizás menos de lo esperado inicialmente por deficiencias en el camino de lado chileno, que permanece sin pavimentación en el tramo más cercano al límite internacional. De todos modos, hacia 2010, el flujo de vehículos había crecido exponencialmente, tanto por vehículos particulares como por camiones. Las empresas de transporte de carga, en general proveedoras de la empresa que tiene la concesión del yacimiento minero más importante de la provincia, transitaban más de 300 veces mensuales el camino.

Tres años después, muchas esas empresas han dejado de utilizar la ruta, y paralelamente ha disminuido también el paso de vehículos particulares. La explicación debe buscarse en el prolongado bloqueo de la ruta nacional 60, en el departamento Tinogasta, iniciado a principios del año pasado por grupos antimineros. Las dificultades recurrentes que debieron enfrentar las empresas transportistas -camiones varados en la ruta durante muchos días, daños en los vehículos- fueron factores que contribuyeron para adoptar la decisión, paulatina, de abandonar el Paso de San Francisco.

Como ya se ha señalado profusamente desde las páginas de El Ancasti, no puede discutirse la legitimidad del derecho de protesta de los militantes ambientalistas, pero tal legitimidad se desvanece cuando afecta otros derechos. Además de obstaculizar el libre tránsito por la mencionada ruta, el reclamo contra la minería ha perjudicado fundamentalmente a numerosos actores económicos catamarqueños, pequeños y medianos empresarios, que obtienen beneficios cuando el Paso de San Francisco se mantiene activo y con un flujo regular de vehículos.

La responsabilidad por el decaimiento del Paso no es, claro está, sólo de la militancia antiminera; también el Gobierno provincial se ha mostrado impotente para resolver el problema. En algunos casos por la excesiva pasividad, y, en otros, por la violencia empleada para desalojar a los activistas de las rutas, cuando lo que se requiere son instancias formales de diálogo.

El conflicto, latente en la actual coyuntura, amerita una política que, por sobre todos los intereses particulares, priorice aquellos relacionados con el desarrollo provincial. Y nuestro paso fronterizo, que ha sido destinatario de una fuerte inversión provincial y objeto de numerosas gestiones oficiales a lo largo de dos décadas para acondicionarlo debidamente, constituye uno de sus pilares.