El momento crítico que atraviesa la minería en todo el país no es un misterio para nadie. La baja en los precios internacionales de los minerales y disposiciones nacionales que obstaculizan la liquidación de utilidades al exterior, entre otras cosas, han llevado a los inversores a paralizar las actividades a la espera de un panorama más favorable y auspicioso. Este escenario es especialmente inquietante para Catamarca, donde desde que empezaron a liquidarse las regalías y utilidades del yacimiento Bajo La Alumbrera se ha desarrollado una fuerte dependencia presupuestaria de la renta minera en el sector público. La participación de los recursos mineros en el presupuesto provincial tiene una incidencia tal que su desaparición, como no se han promovido otras actividades productivas alternativas, significaría que el Estado entrara en cesación de pagos. Tal horizonte se acerca, ominoso. Este año, las regalías registraron una retracción que estará entre el 22 y el 26%, según informaron las autoridades de la Secretaría de Minería local.
No se conocen aún datos sobre las utilidades que YMAD liquidó a la Provincia, pero su reducción ha de rondar las mismas proporciones. Los trabajos en el yacimiento Agua Rica, que en teoría reemplazaría a Bajo La Alumbrera como fuente de recursos para Catamarca, están mientras tanto paralizados, en la misma situación que las inversiones nacionales. Las tratativas para que el Estado se asocie en el emprendimiento -como ocurre en Bajo La Alumbrera- son centrales para mantener el volumen de ingresos, pues de otro modo la renta de Agua Rica quedaría reducida a las regalías. Pero para perfeccionar la incertidumbre, la CAMYEN, empresa minera provincial, está en litigio con los inversores de Agua Rica por la propiedad de Cerro Atajo y otras áreas mineras, lo que constituye una señal pésima en el contexto actual.
Los capitales mineros tienen todo el tiempo del mundo para esperar que se les despeje el escenario. El Gobierno camina hacia el cuello de botella financiero con una actitud que lo perjudica: precisa aceitar la relación con los inversores para sostener la expectativa de inversión, que se traduce en la extensión de la renta minera imprescindible para el sector público, pero se complace en medidas que alejan esta posibilidad. Está por un lado el litigio judicial de CAMYEN con los propietarios de Agua Rica, planteado como una bravuconada. Por el otro, se crea ahora un Fondo para el Desarrollo Minero que se financiará con un tributo sobre las ventas de los proveedores mineros locales y foráneos, del 4 por mil y el 7 por mil, respectivamente. Es decir que, en un marco de repliegue general de la inversión en minería, el Gobierno introduce un nuevo tributo a la actividad, pues los proveedores trasladarán la tasa a los precios de sus insumos. El Fondo de Desarrollo Minero, que será administrado por el Ministerio de Producción, se utilizaría para el difuso objetivo de promoción y desarrollo de la actividad minera y para campañas de difusión sobre los beneficios de la minería. En lugar de establecer mecanismos que morigeren el impacto de las medidas nacionales que han precipitado la caída de la actividad minera, la Provincia suma unilateralmente otra medida orientada en el mismo inconveniente sentido.
