Imagínese por un momento que las reservas del Banco Central son el agua de una bañadera a medio llenar. El déficit fiscal financiado con emisión monetaria, la suba de precios, el atraso cambiario y la vigencia de tasas de interés menores a la inflación quitaron el tapón y el agua se escurre irremediablemente por la cañería.

Reponer el tapón no es sencillo: implicaría ordenar las cuentas fiscales para emitir menos, subir las tasas de interés y retirar pesos del mercado, actividades a las que el Gobierno percibe como costosas o difíciles de llevar a cabo. En vez de ello, las autoridades intentan un camino alternativo: dejar que el agua se escurra por el tapón, pero a su vez, abrir la canilla y así intentar que no se seque la bañadera.

Para abrir la canilla el Gobierno ha comenzado, muy lentamente, a tratar de normalizar su relación financiera con el mundo.

El arreglo con Repsol para cancelar la deuda pendiente de la estatización va en esa dirección y de hecho ello ha permitido que YPF coloque 500 millones de dólares la semana pasada que irán a engrosar las reservas. Adicionalmente, la empresa Chevron está ingresando de a poco unos 1000 millones de dólares para concretar su inversión en Vaca Muerta y el BCRA espera atraer además unos USD 1.500 millones por liquidaciones de exportadores de cereales, entregándoles a éstos en forma de pago un bono que ajusta por la devaluación del tipo de cambio: un seguro cambiario.

Es notable que los únicos dólares que ingresan hoy a la Argentinaal margen de los generados por las exportaciones y por la estatal YPF se encuentran amparados por beneficios especiales.

Beneficios que los liberan de la obligación de liquidar exportaciones al tipo de cambio oficial. En el caso de Chevron, el decreto 929/2013 que le da libre disponibilidad parcial de las divisas, o que los eximen de la licuación generada por la vigencia de tasas en pesos inferiores al ritmo de la inflación y la devaluación (el bono con seguro de cambio para los exportadores). Pero aun con los dólares ingresados por estos “escapes al cepo” las reservas del Central siguen estando bajo ataque.

Si la canilla de los “dólares especiales” hoy genera algo de alivio, todo indica que el drenaje de agua por el tapón abierto de los desequilibrios macroeconómicos seguirá funcionando a pleno. En el bimestre septiembre-octubre se registró un marcado deterioro de la situación fiscal. En esos dos meses, el gasto público creció un 43% interanual de la mano de un aumento en las transferencias preelectorales hacia las provincias y de la explosión del gasto en subsidios a los usuarios del transporte y la energía.

Esos dos rubros del gasto que pusieron la situación fiscal en un sendero explosivo eran justamente los que se esperaba que se normalizaran después de las elecciones. Pero los saqueos han desafiado la hipótesis de normalización del gasto. Las transferencias a las provincias deberán mantenerse para financiar el aumento a las policías provinciales y el temor a convertir a Buenos Aires en la San Pablo de las revueltas generadas por la suba en el transporte harán retroceder los intentos de quitar los enormes subsidios actuales.

Los aumentos otorgados por las provincias a sus policías han ido desde un rango de 40% a 60% e impactarán de lleno en el gasto en salarios de las fuerzas de seguridad provinciales generando erogaciones por unos $ 12.500 millones adicionales al esperable aumento de 25% que de todas formas iban a recibir en 2014. Pero el efecto contagio sobre docentes, personal de la salud y administración general debería aportar al menos una presión extra sobre el gasto de las provincias de unos $ 10.000 millones, lo que implicaría casi duplicar el déficit provincial desde unos $ 25.000 millones en 2013 hasta cerca de $ 45.000 millones en 2014.

Una suba de casi 1 punto del PBI que engrosará el actual déficit consolidado de la Argentina de 4 puntos del PBI.

Con una aceleración del gasto público y con Kicillof pisando las tasas de interés y la absorción de pesos del Banco Central, la Argentina se encamina inexorablemente a un aumento de la tasa de inflación.

El deterioro fiscal y la aceleración de la depreciación del peso hacen casi imposible escapar a esa dinámica. Si el Gobierno emite más en 2014 que en 2013 como producto del aumento en el déficit fiscal, la inflación irá para arriba.

Y para no emitir más, debería eliminar subsidios y subir tarifas. La inflación también iría para arriba: nicho o tierra.

Desafiada también la posibilidad de utilizar las paritarias salariales como mecanismo de contención inflacionaria debido al efecto de las subas a las fuerzas de seguridad, al Gobierno solo le queda enfrentar la realidad.

Hay que bajar el déficit, emitir menos y normalizar las tasas de interés.

¿O alguien todavía cree que es nacional y popular que el ahorro de las familias se licue producto de que las tasas de interés se sitúan en 20% mientras la inflación ronda ya el 30%?

Esa licuación de los ahorros de las familias alimenta la fuga de capitales, las ganancias extraordinarias de los bancos y el crédito subsidiado a las empresas.

La redistribución al revés.

¿Es esa la política económica óptima para la Argentina? Los costos que el Gobierno intenta esquivar son mucho menores que los que provocará la negación de los problemas. Queda cada vez menos tiempo para atacar los desequilibrios. Y probablemente el Gobierno todavía no lo sabe.