El activismo de las inversiones españolas en América latina, ya desde los ’90, recordaba que las nuevas carabelas llegaban pilotadas por ejecutivos de banca, compañías telefónicas y empresas energéticas. Las nacionalizaciones de empresas petrolíferas en Argentina, eléctricas en Bolivia y financieras en Venezuela se entrelazaron con la bronca del rey Juan Carlos para que Chávez se callara.
La “relación especial” entre España y América fue incapaz de servir de escudo cuando concretas circunstancias la hicieran conveniente, como sucede ahora en Panamá.
El paso de los tiempos y la maquinaria de las conductas económicas y políticas están siendo crueles en el mantenimiento del vínculo tradicional hispanoamericano.
El duro descenso de la ayuda oficial española a América latina no está pasando desapercibido. Los emigrantes tradicionales (hambrientos, refugiados políticos, eclesiásticos caritativos) han sido sustituidos por trabajadores más cualificados, escapados de la crisis peninsular.
Los sectores de la actividad empresarial española tienen un riesgo de atención pública muy elevado, con efectos directos en las economías de los ciudadanos (telefonía, suministro de energía, finanzas), con lo que al surgir problemas resulta fácil encontrar culpables, frecuentemente usando los reflejos de enfrentamiento con el “imperialismo”, antes identificado con otros entes políticos.
La supervivencia y transformación del populismo ha hecho el resto.
En ese contexto estalla ahora la crisis del Canal de Panamá. En realidad, es un problema de la financiación de la continuación de las obras de la ampliación del sistema de esclusas. El incidente revela en sí la confirmación de una tónica derivada de la “relación especial” entre España y América latina: un consorcio liderado por Sacyr, una compañía española, se había apoderado de la concesión de los trabajos. Había superado a otros pretendientes presididos por intereses norteamericanos, como si de reescribir la historia se tratara. Aunque la maraña de cálculo del coste que llevó a la concesión del proyecto es complicada, parte del éxito se debió al papel jugado por esa “relación especial”.
Los primeros pasos de la controversia llevan ya ingredientes de populismo (por parte del gobierno panameño), competencia con otros intereses (principalmente norteamericanos, impelidos por cierta envidia de actividad en el “patio trasero”), críticas internas acerca de la tradicional picaresca española, y reflejos de la crisis moral que atenaza a España, atrapada en corrupción. Depende ahora de la evolución del desacuerdo entre el consorcio y el gobierno panameño para que este capítulo confirme la difuminación de ese vínculo especial o, por el contrario, una dimensión peculiar de su supervivencia.
