Tras la abrupta devaluación de enero y la progresiva suba de tasas de interés, el gobierno de Cristina Kirchner se ve en figurillas para conciliar el componente ortodoxo de este ajuste económico con su discurso populista. De ahí que cada señal oficial introduzca más confusión y no contribuya a mejorar las expectativas.
Por lo pronto, la prioridad oficial es tratar de reducir el costo político de este esquema, que inicialmente eleva la inflación, deteriora el salario real, encarece el crédito y se perfila para desembocar en un escenario recesivo. Pero sin un plan antiinflacionario articulado, con eje en el exceso de gasto público, corre además el riesgo de frustrar el repunte parcial del tipo de cambio real y deprimir aún más la inversión.
Con respecto a la inflación, el camino elegido no reduce la incertidumbre sino que la extiende. En algunos casos (como combustibles, insumos básicos, electrónicos y electrodomésticos), consiste en retrotraer la cotización del dólar al 21 de enero y fraccionar en dos o más cuotas el inevitable traslado a precios del posterior salto (17%) del tipo de cambio oficial. En otros (como alimentos y bebidas, productos de limpieza y tocador, medicamentos, artículos escolares y materiales de construcción), en armar nuevas y limitadas canastas de precios "cuidados" para mantenerlos fijos hasta fin de marzo, con la promesa de autorizar posteriores ajustes según la evolución de los costos.
Este ajuste en incómodas cuotas se perfila tan precario y riesgoso como el esquema intervencionista que lo rodea. Todos los precios y costos bajo control oficial pasan a ser provisionales, pero no evitan aumentos en otros productos y servicios no alcanzados, ni en los que tuvieron ajustes en función de la inflación pasada (peajes, cigarrillos, carnes, alquileres, seguros, etc.). Además, los ingredientes políticos embarran la cancha con más contradicciones. Mientras el Gobierno ratifica los "acuerdos" con supermercados para mantener la canasta de precios "cuidados" y autoriza a las cadenas de electrodomésticos a subirlos hasta 7,5%, la agrupación militante Unidos y Organizados "escracha" a sus dueños y ejecutivos con afiches callejeros bajo la leyenda "Estos son los que te roban el sueldo". A su vez, la propia Presidenta convoca a los consumidores a verificar "precios justos" (una definición con reminiscencias venezolanas), como si en la Argentina hubiera estabilidad. O la inflación fuera un fenómeno nuevo después de la última devaluación que, de un salto, cerró la etapa de ajustes en cuotas (diarias) del tipo de cambio, acelerada en los últimos meses de 2013. Más complicado resultará en las cadenas de electrodomésticos calcular la relación entre precios con el dólar como referencia y la suba de tasas de interés, que ya provocó la reducción de 12 a 6 meses de los planes en cuotas fijas con tarjeta de crédito y afectará al consumo de asalariados y jubilados.
Para los próximos meses, la evolución de la inflación y el poder adquisitivo real de los salarios dependerá en buena medida de lo que ocurra con variables que el gobierno de CFK mantiene por ahora en terreno desconocido.
La principal incógnita es el porcentaje de ajuste salarial que estaría dispuesto a homologar en las próximas paritarias, que tendrán un caso testigo en la negociación a nivel nacional con los gremios docentes, que se despacharon con un pedido de aumento de 61% en los básicos y será crucial para las finanzas públicas de las provincias, con Buenos Aires a la cabeza. Para el sector privado, donde las paritarias se concentran entre marzo y abril, puede ser clave el encuentro que esta semana mantendrá la Presidenta con Antonio Caló, titular de la CGT oficialista. Aquí los sindicalistas dudan entre reclamar una suma fija a cuenta o esperar que CFK fije una pauta, para luego decidir en consecuencia y evitar quedarse cortos con un porcentaje anual, que seguramente el Gobierno buscará fraccionar en cuotas como el año pasado.
En su último informe mensual, el economista Miguel Bein revisó hacia arriba su pronóstico de inflación para 2014 y la ubica ahora en 34 o 37% anual, dependiendo de que las próximas paritarias cierren con aumentos salariales de 28% o 33%, respectivamente, y que el tipo de cambio oficial tenga un ajuste adicional de 18% (con un dólar de $ 9,33 a fin de diciembre). Por su parte, Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, calcula una inflación de 34% y un dólar oficial de $ 9,80 para fin de año. No es una buena noticia para los jubilados, que deberán transitar entre marzo y septiembre con el nuevo haber mínimo a $ 2757 pesos mensuales tras el ajuste automático de 11,3% anunciado por CFK. Ni siquiera con el aumento interanual calculado por la Presidenta (27%) podrían empatarle a la inflación que acumuló una suba superior en los últimos seis meses.
Otra gran incógnita es qué ocurrirá con las tarifas subsidiadas, en especial de gas y electricidad. Muchos economistas sostienen que sería el camino más directo para bajar el déficit fiscal en 1 punto de PBI, asumiendo que el Gobierno nunca está dispuesto a reducir el ritmo de aumento de otros gastos corrientes. Sobre todo porque el salto cambiario le permitirá aumentar los ingresos fiscales vía retenciones e impuesto inflacionario (directo e indirecto); aunque seguramente tendrá mayores presiones para que coparticiparlos con provincias y municipios, que llegaron a un límite de presión tributaria. Sin embargo, sería un absurdo que el criterio para reducir o quitar subsidios fuera el insinuado por la Presidenta, en función del ahorro en dólares de quienes pueden sortear parcialmente el cepo cambiario con permiso previo de la AFIP, como si se tratara de un privilegio. Algunos especialistas, en cambio, se inclinan por suponer una suba del cargo extra para financiar las raquíticas inversiones en la red eléctrica del área metropolitana, aunque ello no mejorará los deteriorados ingresos de las distribuidoras.
La inquietud empresaria también se extiende a los importadores, en especial pymes, que en las últimas semanas pudieron verificar cómo el BCRA suspendía y luego racionaba giros para pagar compras ya concretadas, mientras la Secretaría de Comercio aún no logró resolver el cuello de botella con los miles de permisos previos pendientes de aprobación. Ahora probablemente tengan algún respiro, tras el compromiso de las cerealeras de liquidar anticipadamente exportaciones de soja y maíz por 2000 millones de dólares y la ingeniería cambiaria de la entidad con los bancos para bajar la demanda y aumentar la oferta de divisas a corto plazo pese al deterioro de las reservas del BCRA.
El economista Dante Sica, de la consultora abeceb.com, sostiene que sin un plan antiinflacionario que reduzca el gasto público, será necesario elevar exageradamente las tasas de interés, que deprimirán el consumo y la inversión y se ingresará en un escenario recesivo en el primer semestre. Castiñeira y Bein, a su vez, calculan que el PBI tendrá una baja del orden de 1,4/1,5 por ciento. Por ahora todos son costos económicos sin que se vislumbre cuál será la contrapartida de beneficios en el futuro.
