El nuevo índice de precios al consumidor del Indec se aproxima por primera vez en siete años a la "sensación térmica" de alta inflación que vienen sufriendo los consumidores, aunque el ministro Axel Kicillof haya vuelto a omitir esa palabra tabú para el gobierno de Cristina Kirchner. También prefirió hablar de "corrimientos" y no de aumentos generalizados de precios, como si el alza de 3,7% mensual de enero por el flamante IPCN no equivaliera, en una proyección anualizada, a una tasa de inflación superior a 40%.

Ni que casi todas las nueve divisiones que lo componen mostraron alzas importantes.

Por primera vez en cuatro décadas, además, la estructura y ponderaciones de este nuevo indicador de alcance nacional se conocen en el mismo momento (o aun después, en el caso de la metodología) de su debut, pese a que hace dos años se venía trabajando en su elaboración. O sea que todo análisis en profundidad deberá hacerse ex post. Si a esto se suma que la TV pública y algún canal de cable "amigo" dejaron de transmitir la conferencia de prensa de la conducción del Indec y Kicillof a los pocos minutos de iniciada, y que los funcionarios se retiraron sin aceptar preguntas, no ayuda a creer que la verdadera intención oficial sea aportar la mayor transparencia posible en la forma de medir la inflación, después del oscurantismo estadístico impuesto desde 2007.

Por lo pronto, el aumento de enero no está tan lejos (apenas 0,9 punto porcentual menos) del impreciso IPC Congreso (4,6%), que ayer mismo Jorge Capitanich había calificado de "mamarracho". Es cierto que ambos índices no son comparables. Pero también lo es que, por la misma razón, tampoco será posible calcular la inflación pasada con respecto a meses o años anteriores: el tradicional y manoseado IPC para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires quedó discontinuado, después de arrojar una inverosímil suba de 1,4% en diciembre y de 10,9% para todo 2013. Por lo poco que se sabe, no habría ahora datos específicos para la región metropolitana (donde se concentra casi la mitad de la población) ni tampoco un empalme de series estadísticas. En otras palabras, una suerte de borrón y cuenta nueva, aunque con un arranque del IPC-NU que seguramente no era el esperado por el Gobierno hace unos meses.

Hasta anoche tampoco se sabía si el Indec divulgará los precios en pesos (al menos del conjunto de productos más relevantes dentro de los miles que incluye el nuevo indicador en seis regiones) como lo hacía hasta 2008, cuando Guillermo Moreno descubrió que era más sencillo controlar el "viejo" IPC que la inflación.

Desde entonces esos precios pasaron a ser un virtual secreto de Estado, guardado celosamente por Ana María Edwin y Norberto Itzcovich, los responsables político y técnico del Indec, que Kicillof intentó remover sin éxito desde que asumió. Otras dudas sin despejar, que no contribuyen a recuperar la credibilidad del organismo.

Tampoco se habló en la reunión de ayer sobre el futuro de las canastas básicas (total y alimentaria), que en los últimos años empujaron artificialmente hacia abajo las tasas de pobreza e indigencia y fueron invariablemente tomadas como válidas por el gobierno de CFK.

Aunque es cierto que un índice de precios de mayores alcances y adecuado a la actual canasta de consumo debería ser más preciso para medir la inflación, esa certeza desaparece si se tienen en cuenta otros factores.

Por un lado, el prolongado congelamiento de tarifas subsidiadas de luz y gas en el área metropolitana reduce significativamente la ponderación de ese gasto, y del mismo modo licuará el impacto en el indicador de futuros aumentos, como ya ocurre con el último ajuste de las tarifas de transporte.

Por otro, cuando todos los rubros suben entre 20 y 30% en un año (como lo revela la última medición de la Universidad del CEMA para consumos medios y altos, que arrojó un alza de 5,4% en enero), las diferencias metodológicas se tornan irrelevantes. El problema es la alta inflación, que el Gobierno se niega siquiera a mencionar y/o a atacar, y no los índices.

Si bien nadie lamentará la desaparición del IPC (cuya manipulación significó una estafa para los tenedores de bonos ajustables por CER, que dejó a la Argentina sin acceso al crédito externo), el daño sobre la confianza ha sido enorme. Y costará mucho tiempo reparar, aun con el saludable principio de sinceramiento -y amañada presentación- que implicó el nuevo indicador.

Finalmente el gobierno devaluó el peso de un golpe el día 21 de enero, cosa que nunca iba a hacer (según las reiteradas declaraciones de sus miembros). Por supuesto que lo hizo no como parte de un paquete de medidas tendientes a equilibrar la economía, sino porque fue obligado a ello.
Ahora que ya cuentan con esa corrección y que subieron la tasa de interés, entonces el gobierno comienza a revaluar la moneda. Es decir que no queda muy claro el sentido de la devaluación para tres semanas después comenzar una revaluación.

Este es el interrogante para quienes nos interesa la economía: ¿Cómo será la regla cambiaria de ahora en adelante? Todos sabemos que el valor de 8 pesos el dólar no puede durar mucho y menos cuando se negocien las paritarias. Por más que sea un monto bajo del 25% eso implica que el tipo de cambio deberá nuevamente volver a subir. El problema es que no sabemos cómo. Suponemos que lo harán nuevamente de manera gradual del piso de 7,80 y sobria de a 10 centavos por semana y no que siga una escalera. Es decir que suba a 9,50 y luego se mantenga.

Pero todo esto son suposiciones ya que no se explicitó la nueva regla cambiaria.Dado este escenario es posible asumir que la economía argentina en realidad no devaluó, solo tuvo una desinteligencia que ya está corrigiendo. El gobierno no cree que la Argentina tenga problemas de competitividad y, por lo tanto, está convencido de que no necesita una devaluación.

Es decir, lo que sucedió en enero sería un mal cálculo de política económica que el gobierno piensa corregir en 2 meses. Veamos por qué.

En uno de los cuadros que acompañan esta nota se encuentran los valores que hubiera tenido el dólar oficial si se seguía con el ritmo de devaluación que llevaba el gobierno hasta que decidió dar el salto. De hecho, supusimos que la tasa de devaluación bajaba, sino que cada 19 días el dólar subía 63 centavos que fue lo que subió en 20 días.

De ser así el 9 de febrero el dólar hubiera valido 7,44 y a fin de febrero 8,07. Es decir que si el dólar oficial se mantiene dos semanas más en el valor actual, el proceso anterior hubiera significado mayor devaluación que el salto realizado.

Esto implica que si el gobierno se empecina en mantener la nueva convertibilidad a 8, en dos semanas estaremos más revaluados que de haber continuado haciéndolo pausadamente.

Yo devalúo, tú devalúas, nosotros devaluamos
Pero ese no es el único dato a considerar: debemos observar qué ocurre en los países de la región. Está claro que una devaluación real es consecuencia de la devaluación nominal restada la inflación. Si un país devalúa mucho, pero su inflación es muy alta, puede hasta estar revaluando.

Como Argentina tiene una inflación muy elevada, mucho más que el promedio de la región, es lógico que su moneda pierda valor más rápidamente medida contra el dólar, pero debemos entender qué ocurre cuando la medimos contra el real brasileño (donde van el 25% de nuestras exportaciones) o el peso chileno (país a quien le vendemos el 5% de nuestras exportaciones y con el que tenemos el mayor superávit comercial del mundo). Es decir que si esas monedas se devalúan frente al dólar, es algo que deberíamos medir para saber nuestra competitividad.

Y eso es lo que puede leerse en el segundo cuadro. Desde el 28 de octubre que el gobierno decidió acelerar la devaluación nominal, ahora bien, si se compara con el resto de las monedas de la región, nos encontramos con que devaluamos poco y, de continuar los actuales niveles de inflación sumados a un tipo de cambio fijo, en poco más de 30 días ya estaremos como antes.

El problema es que Argentina ahora tiene que devaluar en un contexto de devaluación de las monedas de la región. Es decir que la devaluación local no solo debe compensar las diferencias de inflación, sino también la devaluación de las otras monedas.

Así es que contra el real nuestra maxi devaluación hasta ahora es del 12% y contra el peso chileno del 13%. No parece una súper devaluación en tres meses.

No solo eso, si el dólar continúa en 8 y la inflación de febrero es 4% y la de marzo otro 4%, a fin de marzo ya perdimos toda la devaluación realizada.

Es por eso que este movimiento financiero realizado tuvo una alta dosis de improvisación, además de que se trata de un gobierno que no está convencido que deba conseguir competitividad por vía de la devaluación. Es decir que si el gobierno persiste con su actual política, en abril 2014 estaremos como en octubre 2013. El ‘único detalle’ es que tendremos 6.000 millones menos de reservas y un menor nivel de actividad económica.

Como toda decisión económica, la devaluación tiene costos y beneficios. Esta minidevaluación culposa está teniendo todos los costos posibles y, de seguir así, en dos meses –a más tardar– perderá todos los beneficios.

Lo que nos muestra que Argentina no tuvo una devaluación, tuvo un breve cambio en el régimen cambiario de atrasar el dólar. Es por eso que los problemas siguen creciendo.

Hay que entender que para la economía real argentina, el problema no es el valor de dólar blue, sino el valor del dólar oficial y la inflación. Y por ahora uno es errático y el segundo creciente.

Como estamos como antes, seguramente lo que pasó, en poco tiempo volverá a pasar. No hay sorpresas.

Casi como en un manual de economía, primero vino la devaluación, después la disparada de los precios y, en tercer término, llegó un alto funcionario pidiendo moderación en los reclamos salariales para que el dólar real no vuelva, después de todo el proceso, a fojas cero.

La reunión de Cristina Fernández de Kirchner anteanoche, con cuatro integrantes de la CGT oficialista, a quienes les pidió negociar aumentos salariales con “inteligencia”, dejó en claro que el Gobierno puso al tema en el tope de la agenda pública.

En otras palabras, está definiendo quién gana y quién pierde después de la devaluación del peso que surgió de una suba de 60% en el precio del dólar oficial, en los últimos doce meses, proceso coronado por el 20% que se registró sólo en enero.

A la carrera de los precios desatada en enero ahora el Gobierno intenta acotarla con acuerdos de “precios cuidados” y pidiendo moderación, lo que redundaría en que los salarios este año perderían frente a la inflación y el dólar.

Un adelanto de esa política se dio en la suba de 11,3% para los jubilados que comenzarán a percibir con los haberes de marzo pero que no compensaría la inflación de los últimos cuatro meses.

Cómo telón de fondo de la negociación salarial, el Gobierno consiguió un punto importante en la estabilización del dólar oficial en torno de los $ 8.

La jugada del Banco Central de obligar a los bancos a desprenderse de dólares y bonos dolarizados y deshacer operaciones de dólar futuro le cambió la cara a un mercado que venía de corrida compradora y ahora está vendedor. Ayer, el dólar oficial cotizaba a $ 7,73 para fin de mes.

La descompresión cambiaria que fortalece la idea del ministro Axel Kicillof y del titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, de dejar quieto el dólar en torno a $ 8 hasta marzo, le quitaría esfervesencia a la carrera inflación–devaluación siempre y cuando el Gobierno logre enlazar un poco algunos precios y el Banco Central deje de perder reservas.

Anoche, la Presidenta dejó en claro, recurriendo a conceptos del economista Miguel Bein, que para ella la corrida cambiaria se terminó y que mantendrá la presión (fue fuerte la embestida contra los empresarios) en el intento de contener a los precios.

El mismo gobierno que primero retrasó desde 2010 el tipo de cambio y favoreció en dos años una suba de 50% de los salarios medidos en dólares, después devaluó con la intención de hacerle ganar competitividad a las empresas y bajar los salarios en dólares, ahora responsabiliza a los empresarios por la inflación en el intento de serenar las aguas.

Para los economistas, el Banco Central ganó la pulseada del dólar a fuerza de una potente suba de la tasa de interés (13 puntos en poco más de un mes) llevándola a niveles del 30% anual, y por haber obligado a los bancos a deshacer operaciones de dólar futuro por más de U$S 4.000 millones, pero ese partido no estaría terminado.

Creen que el Gobierno debería dar señales en materia fiscal y en ese flanco los números vienen flojos y, encima, la ganancia fiscal de la devaluación para el Tesoro (retenciones, derechos de importación, etc) habría sido la menor de los últimos 30 años.

El fuerte déficit energético que tiene el país determina que ahora, cuando devalúa, también el Estado debe hacerse cargo del mayor costo de importar energía.

Y el hecho se agrava por la enorme montaña de subsidios que el Gobierno generó para mantener congeladas las tarifas a la energía y el transporte en la Capital y el GBA.

El monto de subsidios terminó 2013 en torno de $ 134.000 millones, de los cuales el 64% correspondieron a la energía y con un aumento del orden del 60% con respecto al año anterior.

Un informe del Banco Ciudad hace un cálculo sobre el tema ubicándolo como uno de los principales desafíos en materia fiscal del año.

Y dice que “con una devaluación del 60%, como la de los últimos 12 meses, la factura de subsidios energéticos escalaría automáticamente este año en casi $ 50.000 millones ”.

Sobre ese punto también avanza un trabajo de Bein que sostiene que la devaluación, a pesar de los mayores gastos por la energía, le dejará neto al Tesoro $ 50.000 millones más, una ganancia nada despreciable La semana pasada la Presidenta dijo que, según su entender, era inconsistente mantener los subsidios a la luz, el gas y el trasporte para aquellos que pudiesen comprar dólares a precio oficial con fines de ahorro, presuntamente para ir preparando el terreno que le justifique una suba de tarifas.

Después, algunos funcionarios, bajo cuerda, dijeron que ese no sería el camino para la baja de la enorme masa de subsidios que se fue gestando en los últimos años y que benefició indiscriminadamente a pobres y ricos.

Tal vez porque la necesidad de calmar el dólar pudo más, en aquel momento, que la de moderar los gastos del Tesoro.

Este mes y el que viene, en plena discusión paritaria, parecería difícil que el Gobierno vaya a reactivar la necesidad de bajar los subsidios que, ante el enorme atraso de las tarifas, se traduciría en subas porcentuales muy fuertes.

El aumento del 61% en el boleto del colectivo fue una muestra de la exhuberancia de los porcentajes que sería necesario aplicar para encarar una rebaja sensible del gasto.

Esa magnitud de los porcentajes con que se viene moviendo la economía argentina resultan la contracara de años de inflación alta y de la acumulación de atrasos en algunas variables clave que, cómo con la devaluación del peso en enero, después se toman revancha y terminan golpeando los bolsillos de los que menos tienen.

Con el 3,7% de inflación de enero conocido ayer existe un consenso entre los analistas y economistas que el nuevo Indice de precios (IPCNu) debutó reconociendo la mayor inflación que, durante 7 años, el INDEC estuvo negando.

También que habrá que esperar los datos de febrero y próximos meses, cuando se sentirá plenamente el impacto de la devaluación del peso, para chequear si este blanqueo de la mayor inflación se mantiene en el tiempo.

No obstante, el INDEC no informó a cuánto se eleva la inflación de los últimos 12 meses porque no están las cifras y no se hizo el empalme del nuevo índice con la serie de Capital y GBA. Por otro lado, no se dio a conocer el dato de enero de Capital y GBA con lo que se interrumpió esta serie estadística.

De aquí se desprendería un reconocimiento tácito del Gobierno que el índice de Capital y GBA estaba manipulado y cualquier empalme o continuidad hubiera contaminado al nuevo índice.

Pero deja un enorme bache estadístico de nada menos que de 7 años.

Ante la ausencia de estos indicadores oficiales, si al 3,7% de enero se agrega la inflación de los anteriores 11 meses dados por el IPC Congreso resultaría una inflación anual del 30%. Y en base a la inflación de los últimos tres meses, quedaría hacia adelante una proyección anual del 45%. Estas cifras elevan el piso sindical de las paritarias.

Un dato que llamó la atención es que el INDEC haya utilizado el IV trimestre de 2013 como la base del nuevo índice. Es habitual que los organismos de estadísticas utilicen una base anual para evitar las distorsiones estacionales o extraordinarias que pueden generar un período corto. Así se hizo con las series anteriores, salvo la última de Capital y GBA que, no por casualidad, estuvo manipulada y se utilizó una base mensual (abril de 2008).

Otro interrogante es que no se difundieron los precios medios relevados de los principales productos, como sí se hacia antes de la “intervención”. Tampoco, los datos de la canasta básica alimentaria y total que se utiliza para medir la indigencia y la pobreza. Se supone que el INDEC estaría elaborando una nueva canasta pero eso no impedía que mientras tanto continuara con la difusión de la actual medición con precios acordes al IPCNu.

Recién anoche se difundió la Encuesta Nacional de Hogares 2012-13 y la metodología que se utilizó para fijar las nuevas ponderaciones de consumo.

Todos estos interrogantes no pudieron aclararse ayer en la conferencia de prensa porque no se admitieron preguntas de los asistentes.

Quedan entonces muchos interrogantes que podrán despejarse o no en las próximas semanas.