El martes 25 de febrero, la señora Martha Meier publicó en El Comercio unos comentarios sobre Conga que merecen aclararse.
Según su parecer Conga ocupa una zona donde podrían desarrollarse proyectos turísticos. Eso es un poco difícil. Pues Conga, como la mayoría de minas en nuestro país está ubicada sobre los 4,200 metros de altitud y se precisa tener buenas condiciones físicas para adaptarse a este ambiente. Es más, según un anexo de nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, todos los trabajadores cuyo centro de trabajo se ubique a más de 2,500 metros deben pasar por una evaluación médica para “ascenso a grandes altitudes”. En campamentos mineros a gran altura, como Conga, es preciso contar con equipos de oxigenación ambiental o individual, mejorar las concentraciones de oxígeno, la humidificación, y mantener una temperatura entre 19 y 22 grados.
Pregunta la Sra. Meier si las comunidades ricas en agua de buena calidad no deberían ser compensadas por perder el recurso y no poder aprovecharlo industrialmente. En el caso de manantiales de excelente calidad como los que existen en San Mateo (Lima) podría tener en parte razón. Sin embargo recordemos que “los recursos naturales pertenecen a la Nación” según nuestra Constitución. Pero las lagunas de Conga, que iban a ser intervenidas sólo podían albergar hasta 1.4 millones de m3. La empresa se comprometió a construir reservorios que excedían esa capacidad, agua que podría regularse para beneficio de los agricultores a lo largo del año. Pero el problema de los bofedales de Conga no estaba sólo en la “cantidad” sino sobre todo en la “calidad” de estas aguas. No podían ser siquiera bebibles como supone la Sra. Meier sino todo lo contrario: los análisis arrojaron una acidez bastante alta y con presencia de metales, por la misma geología de la zona.
Finalmente la Sra. Meier resalta que Endesa creó el mayor lago artificial de España cuando cerró su mina a tajo abierto de As Pontes en Galicia, España. Minera Yanacocha había planeado hacer lo mismo en Conga. Desde hace diez años, está vigente la ley de cierre de minas que obliga a todas las empresas mineras a cerrar sus operaciones dejando la zona lo más parecida a lo que se encontró. Para cumplir con esta obligación al final de sus “vidas” las empresas depositan unas fianzas anualmente en la Dirección General de Minería. Minera Yanacocha ha estimado que los costos de cierre de sus minas le demandará más de 400 millones de dólares y ha entregado garantías por este monto al Estado.
Por esta razón las empresas mineras responsables diseñan sus operaciones minimizando las perturbaciones al paisaje natural, pues saben que a mayor impacto mayor será el costo del cierre.
