Resalta en los círculos empresariales, académicos y políticos la exitosa trayectoria de la economía peruana por más de una década.  Los números hablan por sí solos: el crecimiento del PIB ha sido en promedio 6,4% de 2004 a 2013, la inflación se ha mantenido baja, entre 2% y 3% anual, las cuentas fiscales han permanecido ordenadas, ha habido una impresionante inversión extranjera directa y la pobreza se ha reducido drásticamente. Estos resultados se han conseguido aplicando las mismas recetas que en el Chile de las últimas cuatro décadas.

 

Pero hoy no todo es sonrisas en nuestro vecino del norte. Hay en curso una notoria desaceleración de la economía que podría implicar un crecimiento en torno a 4% a fin de año, como resultado de una baja de la inversión en minería e hidrocarburos, a su vez vinculada al ambiente global más pesimista que se instaló en 2013 en cuanto a que se acabó el período de bonanza de los precios de los commodities. Algo similar a la coyuntura que vive nuestro país. Sin embargo, hay una diferencia de enfoque muy notable en las prioridades que manifiestan los gobiernos de aquí y de allá.

 

De un lado, el gobierno de Bachelet se ha propuesto como objetivo principal la reducción sustancial de la desigualdad, la que estima intolerablemente alta, objetivo que busca alcanzar con una batería de políticas que incrementan decididamente el rol del Estado en la economía en el marco de un relato que condena moralmente el papel que han jugado el mercado y el sector privado en la provisión de servicios públicos. Una de esas políticas pro igualdad es la mega reforma tributaria que persigue per se una mejora en la distribución del ingreso y, a la vez, allegar recursos del sector privado hacia el Estado para potenciar el gasto público en educación. Ya el debate sobre esta reforma ha causado (ahora refrendado por el propio FMI en un lenguaje elíptico) un efecto sustantivo sobre la inversión a raíz de la incertidumbre generada, intensificando el impacto de la situación internacional que compartimos con Perú, Las proyecciones de crecimiento para este año han ido cayendo sistemáticamente cada mes que pasa y ahora se ubican en su mayoría en el vecindario de 2,5%.  La inversión, por su parte, caerá en términos absolutos este año, y la creación de empleo en el sector formal ya muestra un estancamiento. ¿Cuál ha sido la actitud de las autoridades frente a este escenario de desaceleración intensificada? El predicamento es que esta es una situación transitoria, que la economía “irá de menos a más” en el resto del año y el próximo, tanto por un tema de base de comparación como por, se dice, la aprobación de la reforma tributaria y el término de la incertidumbre al respecto. En simple, no se requiere de ninguna política especial para enfrentar la caída en la demanda.

 

¿Cuál es el enfoque de las autoridades peruanas?  Se han puesto como objetivo reanimar el crecimiento, tanto en el corto plazo como en el largo. Han presentado recientemente un plan fiscal contundente que busca sacar trabas a la inversión privada, incluso al costo de suspender transitoriamente requerimientos ambientales habitualmente solicitados a los proyectos, con el doble propósito de reactivar la demanda interna y sentar bases de un mayor crecimiento potencial. Asimismo, han aumentado la inversión pública e impulsado fuertemente el programa de concesiones (sólo este año fueron autorizados más de US$ 9 mil millones, ocho veces más que en Chile). Se acaba de anunciar la firma de un contrato para la construcción de un nuevo gasoducto por una cifra cercana a los US$ 5.000 millones. Es decir, el norte es re encontrar el vapor perdido que traía la economía. No es que Perú no tenga problemas de desigualdad y educación. De hecho, en ambas materias está peor que Chile, lo mismo que en infraestructura y calidad de las instituciones, de acuerdo al WEO. El tema es que su enfoque es que no se podrá avanzar en esos frentes si no mantenemos a la economía creciendo.

 

Como para tenerlo en cuenta.