Por César Caro, Sociólogo
Hace unos días, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, durante una visita a la mina Cerro Verde indicó que el Perú duplicará su producción de cobre el 2016, con megaproyectos como Las Bambas, Constancia, ampliaciones de Toromocho y Cerro Verde, entre otros.
Hasta qué punto es verdad que el Perú doblará SU producción o acaso no habrá querido decir que las empresas privadas lo harán.
Es conveniente recordar que tras la caída de la Unión Soviética, el denominado Consenso de Washington impulsó un paquete de reformas en los estados azotados por la crisis de los años 80 a través del FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos. Las mismas propiciaban la estabilización macroeconómica, la liberación económica tanto del comercio como de la inversión y la expansión de las fuerzas del mercado, teniendo como marco principal la privatización masiva de empresas del Estado y servicios públicos.
Dicho espacio permitió que en marzo de 1994 se privatice la mina de cobre Cerro Verde. Cyprus Amax Minerals, posteriormente absorbida por Phelps Dodge, pagó US$ 35’4 millones por el 82.5 % de las acciones. (El resto de las acciones obraban en poder del grupo Benavides (10%) y de los trabajadores).
Ese mismo año, en menos de dos meses, la empresa suscribió un contrato con CODELCO, para explotar la mina de cobre El Abra en el sur de Chile. ¿Cuánto pagó? US$ 341 millones por el 51% de la propiedad minera. El 49 % es propiedad de la empresa estatal que nace con Allende y que Pinochet respetó y que ha permitido que las fuerzas castrenses de Chile hayan contado en la última década con más de US$ 7,700 millones para la compra de equipos militares. CODELCO es responsable de una de cada tres toneladas de cobre fino producidas en Chile, (1 millón 792 toneladas), habiendo ganado US$ 3,889 millones el año pasado. Es aún la más grande empresa minera mundial.
Ahora bien: estoy entre los que consideran, al menos en el Perú, que el Estado es un pésimo empresario, como quedó demostrado en el primer gobierno de García, pero ello no es óbice para creer con el actual Papa, que los desequilibrios económicos y sociales provienen de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados, la especulación financiera y los derechos intocables del sector privado, negando el derecho de control de los Estados como un modo de velar por el bien común.
Por ello, me sonrío ante la afirmación del ministro Mayorga, porque en la actualidad el Perú como Estado poco puede hacer para duplicar la producción cuprífera y menos aún beneficiarse en mayores montos –como el caso chileno-, con las ganancias que su explotación genere.
Está obligado a aceptar a rajatabla, como en el caso de Quellaveco (su postergación) y Las Bambas (su venta), las decisiones del empresario privado, que a la vez que se resiste a tener como socio minoritario al Estado, resuelve mirando de reojo la demanda de las empresas estatales chinas, que representan algo así como un quinto del consumo mundial de cobre.
Y cosa curiosa y a la vez hipócrita: cuando están en crisis recurren a los salvavidas económicos de los Gobiernos, como en la crisis del 30, del 80 e incluso en la actual.
