EL MINISTRO Arenas siente que su llamado a la cooperación público-privado no ha sido bien acogido por los empresarios, mientras que éstos señalan que no bastan las buenas intenciones sino que se requieren buenas políticas públicas que promuevan el crecimiento.

Una de las causas de este mal entendido es que el Plan de Reforzamiento de la Inversión (o el plan de las 27 medidas) resultó ser menos concreto de lo que se esperaba. Esto, porque aparte de la inversión pública que se ha informado, ¿recuerda usted alguna de las 27 medidas que fueron anunciadas? Ellas eran numerosas y útiles, pero al mismo tiempo, insuficientes. 

Entre estas medidas se contemplaba talleres de capacitación a los servicios públicos, informes mensuales a ministros, oficios, instructivos y cartillas, todo orientado a la reducción de plazos de aprobación. Todas buenas iniciativas, por cierto, pero incapaces de revertir el tremendo celo que existe en la administración pública hacia los proyectos de inversión, claves en un país como el nuestro para que haya crecimiento y empleo.

Para desarrollar un proyecto de inversión relevante se requiere contar con una autorización ambiental, la llamada resolución de calificación ambiental (RCA), que es como un permiso “madre”, pues en su otorgamiento participan todos los servicios públicos competentes, y en aquellos casos que señala la ley, además se debe realizar un proceso de participación ciudadana.

Fruto de la reforma a la ley ambiental, en enero próximo caducarán todas aquellas autorizaciones ambientales de los proyectos de inversión no iniciados en los últimos cinco años. Esto quiere decir que cientos de proyectos que no se iniciaron, ya no se podrán realizar, a menos que se sometan de nuevo al cada vez más complejo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Por ello, aparece como un contrasentido que en tiempos en que necesitamos promover la inversión, coincida con la caducidad, en las próximas semanas, de numerosos proyectos mineros, de obras públicas y de generación eléctrica, especialmente varios de energía renovable, que afectan al MOP, a las empresas públicas y a cientos de privados. 

Para reducir este impacto, una agenda pro inversión más ambiciosa habría comprometido un proyecto de ley que ampliara los plazos de caducidad a 8 o 10 años, en vez de los cinco actuales, cosa de permitir el inicio de ejecución de proyectos aprobados ambientalmente que no lo pudieron hacer antes. 

Y si no había intención de modificar la ley, al menos se podría haber modificado el reglamento, ya que el vigente va más allá de la propia ley y amplía fuertemente el concepto de caducidad. Pero un simple instructivo no es una señal muy potente, pues no va a evitar que las autorizaciones ambientales de cientos de proyectos caduquen antes que sus titulares hubieren podido comenzar obras. Y como dicen en el campo, obras son amores.