RICARDO LAGOS
EL CAMBIO climático es una amenaza cierta al bienestar del país, afectando a nuestros ciudadanos, ecosistemas y economía. Los estudios demuestran que actuar contra el calentamiento global genera más empleo y crecimiento que no enfrentarlo. A más ahondamiento, un estudio de la OCDE establece que ignorar el cambio climático generará una pérdida de 2% del PIB global al 2060.
El Estado de Chile, a través del anuncio de la Presidenta en la Asamblea General de la ONU y en el marco de la cumbre climática que se realizará en París este diciembre, asumió frente al mundo un compromiso de reducir entre 30 a 45% la intensidad de emisiones de CO2 al 2030. Seamos honestos: para implementar este compromiso es necesario fortalecer la institucionalidad en torno al cambio climático de la cual hoy carece el Estado. Muchos ministerios sectoriales tienen acciones de mitigación y de adaptación que deben realizar y el éxito de su implementación depende de la voluntad del Ministerio respectivo y del gobierno de turno.
Para poder hacer frente de manera efectiva al cambio climático, se requiere de una planificación con medidas de corto, mediano y sobre todo de largo plazo. Lamentablemente los presupuestos sectoriales asociados al cambio climático se ven mermados por urgencias de corto plazo, lo que termina por hipotecar las medidas estructurales de largo plazo. Urgencias de corto plazo que en Chile se han expresado este 2015 con sequías que afectan a 194 comunas (56% del país) que hoy están con decreto de emergencia, incendios forestales en múltiples regiones e incluso el aluvión de Copiapó y Chañaral, el cual ocurrió en forma casi idéntica hace 40 años, pero que los planes reguladores han ignorado. Es por ello que se requiere una ley de cambio climático. Una ley que pueda establecer por primera vez un mercado de carbono en Chile, que complemente al impuesto verde recientemente aprobado -como se ha establecido en Reino Unido, California y ahora último en China. Una ley que reparta cuotas de emisiones a todos los sectores, para que año a año podamos bajar la cuota nacional y así asegurar que el compromiso se cumpla. Y para aquellas empresas que no cumplan los compromisos, deberían pagar una multa con la que se financiarían acciones de mitigación y adaptación. Ese es el modelo de California, que exitosamente ha reducido emisiones año a año y que tiene un fondo de más de US$ 900 millones al año con los que financia proyectos tendientes a detener el cambio climático. Estas no son sólo medidas de carácter tributario, ya que también se requiere incorporar una nueva institucionalidad que pueda hacerse cargo de liderar la gestión contra el cambio climático con una mirada de largo plazo y la planificación territorial frente a los desastres naturales.
El cambio climático es un desafío que debemos hacer frente hoy. Junto a diputados y senadores hemos constituido la Bancada Climática, para poder trabajar junto al Gobierno y la ciudadanía y asegurar que se están tomando todas las medidas necesarias para hacer frente al principal desafío que ha tenido la humanidad.
