Florencio Gilberto Aceñolaza*

El anunciado cierre de Mina Alumbrera para el año 2017 alarma porque no está clara la existencia de un Plan B que dé sustentabilidad a la actividad minera en Catamarca. El tema radica en la paulatina disminución de reservas del mineral, a la que se agregan el bajo valor de las sustancias y las dificultades financieras de Glencore, empresa que hoy tiene la titularidad del yacimiento (Glencore-X-strata).

La eventual explotación de otro yacimiento, como Agua Rica, requiere superar las dificultades que constituye el hecho de que las reservas de mineral certificadas demandan más avances de la exploración geológica, el desarrollo de estudios de ingeniería y la construcción de accesos adecuados para llegar al lugar. Ello sin tener en cuenta las interferencias que genera la prédica antiminera y las que surgen de la presión de la provincia para asociarse al proyecto sin agregar ningún valor al mismo. Se ha pensado que la producción del yacimiento podría ser elaborada en la planta de Alumbrera, que quedará en propiedad de YMAD, pero en nada se ha avanzado sobre el tema.

Debemos considerar que la puesta en marcha de Agua Rica demandará varios millones de dólares y un tiempo no menor a cinco años. ¿Y mientras tanto qué? El mercado mundial aún está con bajos precios y Argentina, particularmente Catamarca, cuenta hoy con muy bajas perspectivas de inversión. Así lo comenta el Fraser Institute en su informe anual 2015, que evalúa las perspectivas mundiales en este tema. En el ranking 2015, Catamarca está en el puesto 96 sobre 109, lo que indica las bajas posibilidades para inversiones mineras que sugiere dicho instituto.

En la actualidad YMAD, con la explotación de la veta, no tiene posibilidades de sostener la infraestructura que le dejará Alumbrera (mantenimiento, electricidad, agua, etc). También, posiblemente, tendría dificultades para sostener su propia planta, que en gran parte contaba con el financiamiento que le daban las utilidades del yacimiento mayor. En algún momento se planteó la posibilidad de usar fondos para asociarse a otros proyectos mineros de la región o para abrir una línea de explotación de rocas pulidas (mármol tonalítico, monzonita, andesita, etc.) que permitirían dar continuidad a las tareas. YMAD cuenta con equipos y personal capacitado para avanzar en este tema, sólo hay que tomar decisiones que permitan llevar adelante un proyecto de esa naturaleza. Ello constituirá parte de un Plan B que creo que urgentemente habría que desarrollar.

* Geólogo

La recomposición de las tarifas energéticas adquiere en Catamarca características todavía menos amables, como si las disposiciones denominadas, imaginativamente, "tarifazo” incluyeran la intención adicional de ensañarse con la provincia. 

La liquidación de las facturas con incrementos aún parciales –el impacto total se sufrirá recién en las boletas del mes que viene- enfrenta a los catamarqueños con carencias que exceden largo la especificidad de lo energético, para exponer, una vez más, el agotamiento de una matriz económica cebada crónicamente en el empleo público y las contrataciones con el Estado. 

La desde hace años significativa inercia de las designaciones y los negocios con la administración pública como vía de subsistencia, entre los menos favorecidos, o de prosperidades módicas o espectaculares, para los afortunados, amenaza con convertirse en destino existencial excluyente y coloca al Estado ante la perspectiva cierta del colapso. 

Las mermas en la coparticipación federal, la renta minera, el fondo sojero, la recaudación provinciana y los fondos nacionales de asignación específica vienen a conjugarse con unos costos de energía insostenibles para los emprendimientos privados. La encerrona es muy difícil de sortear.

El aumento, por ahora, ronda el 200%. Industria, campo, comercio, servicios y salud advierten que, de no atenuarse el sablazo, el desenlace indefectible será la caída drástica o el cese de actividades, con los consecuentes despidos que aumentarán la presión por empleo y asistencialismo sobre un sector público incapacitado para absorber más erogaciones. 

Impotencia

El Gobierno provincial se ha declarado sin más impotente para resolver el problema. 

Las restricciones económicas lo han obligado ya a requerir un adelanto financiero de 200 millones de pesos a la Casa Rosada. La paralización de la obra pública por falta de fondos es incontrastable. Los reclamos de pequeños contratistas por deudas crecen. A las cooperativas se les deben meses. Las empresas del Estado no arrojan utilidades o son deficitarias. Se agudiza la falta de insumos y recursos humanos y económicos en sectores como los comedores escolares y la salud pública. La gobernadora Lucía Corpacci y el secretario Edgardo Macedo avisaron que podría haber problemas para pagar los salarios. Esto, cuando todavía no se ha definido el monto del aumento salarial a los agentes públicos ni el ajuste en el precio de las prestaciones de OSEP.

Completa el angustiante panorama la complicada situación de la EC SAPEM, cuyas facturaciones apenas alcanzan para abonar la energía de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y el alquiler y combustible de los imprescindibles generadores móviles, sin dejar margen al pago de sueldos. Los saldos faltantes deben ser cubiertos por el Estado, igual que ocurre en Aguas de Catamarca, que por suerte no paga luz.


Consecuencias

La política del subsidio universal aplicada por el kirchnerismo quebró el sistema energético, pues alentó el consumo desmedido y desalentó las inversiones en el sector. La brutalidad del aumento de las tarifas energéticas obedece a que el Estado nacional se ha quedado sin recursos para seguir subsidiando. 

La crisis de la energía se concatena, de tal modo, con la crisis de financiamiento general del país, que el Gobierno nacional supone mitigará y, finalmente, revertirá con el pago de la deuda a los llamados "fondos buitre”, que le permitiría reinsertarse en el mercado de capitales y tomar crédito a tasas razonables.

Es el saldo económico de la "década ganada”, que en el caso concreto de Catamarca se sintetiza en un Gobierno anonadado para dar respuestas por sí solo a las requisitorias materiales de su población. Que los salarios de la administración pública estén en riesgo constituye la prefiguración del colapso del sistema. 

Los reclamos unánimes por gestiones urgentes ante la Casa Rosada para amortiguar el incremento de los costos en la energía provienen de un sector productivo que ha ido reduciendo su volumen en forma sostenida, sin que el Estado provincial atinara a la generación y aplicación de políticas estructurales de fondo para detener la destrucción sistemática de puestos laborales. El erario no tiene recursos para hacerlo ahora y los privados carecen de un colchón financiero para resistir hasta que la economía se reempine.

Catamarca desperdició todas y cada una de las oportunidades que se le presentaron para reorientar su esquema económico. Malversó la renta minera primero, destinándola a sostener una burocracia estatal tan pantagruélica como ineficaz. Cuando la renta minera comenzó a remitir, la sintonía política con el kirchnerismo y el flujo de recursos que supuso sirvió para continuar con el mismo modelo ultra presupuestívoro, mientras la crisis de las economías regionales arrasaba con los emprendimientos privados.


Las declamaciones y la olla

Las declamaciones ideológicas ceden ante la cruel realidad de la olla vacía. El acuerdo con los "fondos buitre” que el Congreso se apresta a sancionar podrá ser pésimo o bueno, conforme a la localización de quien lo evalúe, pero resulta sin dudas imperioso por la sequía de las arcas públicas. 

No es casual el respaldo de los gobernadores, entonces. La falta de financiamiento no es un problema solo de la Casa Rosada: muy pocos son los que tienen margen para resistir el aislamiento sin que sus provincias les estallen.

De ahí que la gobernadora Corpacci haya abjurado de la fe kirchnerista para avalar el pago a los denostados buitres. Necesita el apoyo de la Nación para atravesar lo que se viene, que no es solo el pago de los sueldos y compromisos del Estado de modo más menos regular. 

La reducción del impacto del aumento de la energía en los costos de la producción, vía subsidios o tarifas diferenciadas, es solo el más urgente de los auxilios que precisa para evitar que legiones de trabajadores expulsados de emprendimientos privados inviables se le precipiten a Casa de Gobierno. Después tendrá que ver cómo detiene la fuga de inversiones. 

En rigor, el "tarifazo” aplicado sin anestesia acelerará el proceso de decadencia que la industria y el sector agropecuario provincial vienen sufriendo desde hace años. Luego: reducir su impacto puede desacelerar el proceso, pero no será suficiente para clausurarlo.

Catamarca está en condiciones de postularse como emblema de la "década ganada”. Desde 2003, minería y explosión de los fondos nacionales de por medio, contó con recursos más que suficientes para financiar un desarrollo genuino y autónomo. Es todo un símbolo del fracaso que 13 años después los gobernantes sigan hablando de la necesidad de alentar el crecimiento del sector privado.

Si las penumbras se ciernen sobre la provincia, no es solo por el "tarifazo”.


CAJÓN

Industria, campo, comercio, servicios y salud advierten que, de no atenuarse el "tarifazo”, el desenlace indefectible será la caída drástica o el cese de actividades, con los consecuentes despidos que aumentarán la presión por empleo y asistencialismo sobre un sector público incapacitado para absorber más erogaciones.