La justicia se encuentra investigando un presunto fraude a la Ley Reservada del Cobre, que podría haber alcanzado un desfalco superior a $ 5 mil millones, y que involucra a distintos funcionarios del Ejército, en servicio activo y en retiro. En el marco de dicha investigación, también han surgido cuestionamientos al patrimonio del ex Comandante en Jefe de dicha institución, Juan Manuel Fuente-Alba, quien salió al paso de las acusaciones y negó cualquier tipo de irregularidad.

Estas denuncias han llamado poderosamente la atención de la opinión pública, porque tocan a una institución fundamental de la República, que en general había permanecido ajena a los escándalos de corrupción que sacuden al país. Los estándares de transparencia que hoy reclama el país no admiten espacios a la opacidad, y por ello es valioso que el propio Ejército haya manifestado su total disposición a colaborar con la investigación, evitando un respaldo institucional a quienes aparecen requeridos por la justicia.

Los delitos bajo investigación son graves, y por ello resulta fundamental que su esclarecimiento sea lo más expedito posible y sin trabas de ninguna especie, independientemente de que el número de militares que hasta ahora aparece involucrado sea muy acotado. No es saludable que en el clima de incertidumbre y descrédito hacia las instituciones que hoy vive el país, una entidad como el Ejército aparezca cuestionada, porque ello no hace sino profundizar el sentimiento de desconfianza.

Más allá de las responsabilidades que determine la justicia, parece evidente que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa deben aplicarse por reforzar los controles en el uso de los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, considerando que en general se trata de adquisiciones que suelen estar fuera del escrutinio público.