MARIO CAPELLO*

El 14 de Diciembre de 2007 se firmó un contrato de obra para construir una Usina termoeléctrica a carbón en las inmediaciones de la localidad de Río Turbio en Santa Cruz. Dos calderas de lecho fluidizado con turbinas de vapor y generadores de 120 MW cada uno, fueron ofertadas en licitación pública bajo la modalidad “llave en mano”. Adjudicada a la empresa española Isolux Corsán, según el contrato, la Usina terminada y funcionando debió entregarse el 22 de agosto del 2011.

Los funcionarios durante las presidencias de Cristina Kirchner fueron prorrogando sucesivamente la fecha de entrega. En junio del 2013 se extendió el plazo original trasladando la finalización de la obra al mes de abril del 2014. Y seis meses después, si, tan sólo seis meses luego, mediante otra resolución lo extienden al 29 de abril del 2015. Las prórrogas originadas en once ampliaciones de Contrato fueron otorgadas por el Ministerio de Planificación a la Contratista, en forma directa.

Por si no alcanzaran las prórrogas que sobre duplicaron el plazo inicial pactado, nuevamente la Secretaría de Minería, en resolución 83 del 2/12/2015, por tercera vez, extendía la finalización de la obra llevándola a febrero del 2017. Planificada para realizarla en tres años y medio, a la llegada del gobierno de Mauricio Macri, la usina llevaba siete años en construcción y se confesaba en el expediente que faltaban más de dos para completarla.

Ante semejantes despropósitos, una auditoría integral fue ordenada por Decreto Presidencial N° 257/2016 PEN y Resolución N° 10/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Se debía establecer el estado del complejo Minero Ferroportuario YCRT, y el avance que exhibía la construcción de la Usina de 240 MW.

No es motivo de estas líneas explicitar lo ocurrido con una obra en la que, confirmado por la SIGEN, tuvo una sobrevaluación del precio ofrecido por el Estado de un 176% al firmarse el contrato (1). Y que a su vez, este monto final, vía adicionales de obras, tuvo otro sobreprecio del 111% (2), a pesar de que la modalidad elegida, reiteramos, fue “llave en mano”.

En una rápida comparación internacional, al 10 de diciembre del 2015, los argentinos habíamos puesto 1.650 millones de dólares para construir la Usina, es decir USD 908 millones más de lo que saldría construirla en cualquier otro lugar del mundo. Dicho de otro modo, en otro país se hubiesen construido 2,2 usinas con esa plata, como lo señaló la SIGEN.

Tamañas irregularidades están siendo investigadas por la Justicia Argentina. La Justicia española también acusó a ex directivos de la empresa constructora Isolux Corsan, por el pago de sobornos en Argentina entre los años 2008 y 2015; los fiscales Ana Cuenca y Juan Pavía Cardell acaban de pasar por oficinas de Comodoro Py, recabando información en la causa cuadernos (3).

A esta altura se podría pensar que la obra está casi lista. Pero no, a diciembre del 2015 la obra tenía un avance real del 85%. Estimado por la nueva Inspección de obra y la SIGEN, hacían falta otros USD 230 millones más para completarla.

El relato que pretende instalarse entre los argentinos, ya fue emplazado en Santa Cruz: “Macri no quiso terminar la obra”. El mismo comenzó con la simulada finalización cinematográfica de la Usina Carboeléctrica. En una pretendida y costosa inauguración, en plena campaña electoral, la presidenta Cristina Kirchner inauguraba la puesta en marcha de un solo módulo de generación eléctrica de los dos que la componen, el 4 de septiembre del 2015 (4).

Por supuesto que no se difundió que tres días después, al advertir que se consumía más agua de reposición de lo previsto, que escapaba desde los sobrecalentadores dañados y otras pérdidas de vapor. Tras el apuro para cumplir con la orden de puesta en marcha recibida, la instalación debió detenerse: deteriorada.

El día 24 de Septiembre de 2015 luego de canibalizar parte de la caldera N° 2 para arreglar la N°1 dañada, esta volvió a operar. Pero nunca fue ensayada a plena carga como marcan los protocolos para una caldera nueva. Generando apenas 40 MW promedio, de los 120 MWH disponibles, el 25 de octubre por falta de carbón que YCRT no producía, y otras sospechas técnicas, el módulo N°1 volvía a detenerse definitivamente.

Con garantías en calderas, turbinas y generadores vencidas, un 85% de avance de obra y un 90% de los fondos girados, una deuda de $1.000 millones con proveedores y los trabajadores de la UOCRA en paro, se pretendió que el festival continuara, como desde el 2008, a cuenta de todos los argentinos. El relato exigía terminarla ya, a lo que sea, lo pasado pisado, háganse cargo.

No les importaba antes, tampoco ahora, contar la verdad de lo sucedido: que al poner en marcha una Usina que no estaba finalizada, la rompieron. Que se tomaron partes de la caldera N°2 para ponerla en la N°1. Que también produjeron daños importantes en el rotor-estator del ventilador de tiro inducido debido al arrastre de arenas.

También callan explicar ¿por qué? se quedaron sin carbón, puesto que la mina, a la que proyectaban con una producción anual de 2 millones de toneladas a partir del año 2010, apenas produjo 48.000 toneladas en todo el 2015 (5).

Rescindida la obra en marzo de 2018 y luego de un proceso de búsquedas de un Inversor para que termine la USINA y la opere, acaba de decidirse que la CCRT(Central Carboeléctrica Río Turbio) pase a manos de YCRT. Comenzará a escribirse otro capítulo, la propia piedra frente de nosotros, una vez más.

Muchos argentinos sueñan con que las empresas del Estado son de ellos y se entusiasman. No ven que la estatal Aerolíneas Argentinas es generadora de ingresos espectaculares de todo tipo para unos pocos, y de todos, es el enorme déficit que año tras año pagamos con nuestros impuestos.

Contentos aplauden porque no hay aumentos de tarifas en nombre de la soberanía energética, y siguen sin enterarse que los subsidios que esa medida genera son pagados por ellos mismos, enriqueciendo a unos pocos y deteriorando la calidad de vida del resto, incluso de los indigentes.

Aplauden la creación de empresas mineras estatales, ignorando que en el caso de las subsidiadas YCRT e YMAD no pagaron nunca desde sus creaciones en la década de 1950, ningún tipo de impuestos nacionales ni provinciales. Bueno sería que la YPF minera nos informe sobre egresos e ingresos del negocio de arenas para fracking, desde que lo anunciaron como nuevo negocio.

La Soberanía es poner plata en salud y educación públicas, pero desde los impuestos que generan la producción y el empleo. El abuso del concepto de soberanía, degrada su significado al punto en que pone en riesgo su verdadero valor. Reemplazar los principios universales de sana economía apelando a un patrioterismo ramplón es ignorar el daño que nos infringe como sociedad.

*  Ex Gerente de Explotación de YCRT