JOSÉ LUIS CETERI*

Ya se está hablando de ir pasando, poco a poco, a las siguientes fases. Pero, en término de salud, hasta que no haya vacuna nada será igual como era antes del 20M. En materia económica, las cosas tampoco serán iguales que antes; y del lado tributario, cuestión que depende de las decisiones que toman los gobiernos, habrá que ver qué caminos se eligen para transitar.

Por la parálisis de la economía, originada por la pandemia, el gobierno sumó más ayuda social a las empresas y a las personas que habrá que definir la forma en que se destraba, luego cuando las cosas mejoren. Sin dudas está bien que la ayuda haya estado, no hace más que sumarse a la que cada gobierno vino otorgando desde el año 1984 a la fecha, dando como resultado que un tercio de la población activa se encuentra contribuyendo para mantener a los otros dos tercios que no pueden y los que no quieren contribuir.

Hay rumores de nuevas reformas tributarias, presentados por diferentes sectores y expresiones de la economía, versiones de nuevos blanqueos de capitales y de la formalización de las relaciones laborales. Ya se intentó en reiteradas oportunidades en los años pasados, tener que repetir obligaría a que esta vez se hagan las cosas bien, sin repetir errores.

Una reforma impositiva produce el conocido “efecto mariposa”, por el hecho de tocar algún impuesto produce efectos inmediatos en las personas y las empresas. Por ese motivo, sería importante que el gobierno antes de elaborar una nueva reforma tributaria la considere como si fuera la última “bala de plata”. Esta vez no puede fallar, influyendo en forma de esquirla a los actores de la economía.

El análisis de los cambios tendría que hacerse con el aporte de diversas disciplinas. Los sociólogos deberían estar para ver cómo una reforma produciría efectos sociales; los economistas para que analicen las cuestiones macroeconómicas, determinando de dónde salen los recursos y cómo se pueden distribuir; los contadores, para que determine cómo se implementan los cambios; los juristas, para que cuiden que se cumplan todos los aspectos legales; los sectores económicos afectados para que acuerden quién pone la plata y quiénes la reciben; las provincias con la coparticipación federal.

Cuando finalice la cuarentena una moratoria amplia va a ser necesaria para limpiar todos los incumplimientos, de todos los contribuyentes (chicos y grandes) de los meses que estuvo parada la economía. El proyecto actual, que se encuentra en el Congreso sólo alcanza a las deudas generadas al 30 de junio de este año, fecha que ya queda vieja. A manera de ejemplo, a continuación se trazan diez líneas gruesas con las posibilidades que quedarían por definir, en el momento de realizar una reforma fiscal:

+ Actualización: en la actualidad todavía rige la ley de convertibilidad (23.928), por la que se prohíbe el ajuste por inflación de los impuestos. Existen mecanismos parciales, que están sujetos a tener que superarse determinados límites, tal como ocurre con la aplicación del ajuste por inflación impositivo que se aplica en la medida que la variación del índice de precios al consumidor, durante el período de tres años, supere el 100%, medida que parece inalcanzable y exagerada. Existen autorizados ajustes parciales, no integrales, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Por otro lado, en el Congreso se encuentra paralizado un proyecto de ley, enviado por el gobierno anterior diez minutos antes de irse, para crear la Unidad Tributaria de Valor (UTV), que propone actualizar determinados (no todos) mínimos de algunos tributos nacionales. Pero las cuestiones parciales no sirven, porque de esta forma existen ganadores (Estado) y perdedores (Contribuyentes), porque gravan resultados y operaciones en poder adquisitivo expresado en forma heterogénea.

+ Impuestos al consumo: Principalmente, están representados por el Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos. Son regresivos, afectan a todas las personas sin considerar la capacidad contributiva que posee cada una. El IVA es uno de los más altos de la región, quizás haya que volver a sus orígenes cuando no se gravaba a los productos de la canasta básica de alimentos. Habría que analizar cómo deben tributar la salud y la educación, que actualmente se encuentran alcanzadas parcialmente. Ingresos Brutos es un impuesto más difícil de modificar, por el aporte que realiza hacia las provincias. Sin embargo, es el más gravoso por su efecto acumulativo que tiene y provoca que encarezca el precio de los bienes y servicios, que finalmente termina soportando el consumidor.

+ Impuesto a las Ganancias: Habrá que definir sobre quién recargar su aplicación. Si se beneficia a las empresas, como hizo el gobierno anterior para que alguna vez “derrame”; o, si en cambio se prioriza a las personas humanas para que consuman más y eso produzca más recaudación de otros impuestos. También, tendrá que ratificarse el camino iniciado con la ley 27.264, de otorgar mayores ventajas impositivas para las Pymes.

+ Impuestos al Patrimonio: Tendrá que determinarse si las alícuotas progresivas representan una manera de mejorar la mayor carga sobre los patrimonios mayores, incluyéndose dentro o fuera del mismo una forma de gravar más la mayor riqueza. Sin dudas, tendrían que considerarse los pasivos, porque también integran el patrimonio de las personas. Deberá considerarse si las empresas tendrían que pagar el Impuesto sobre los Capitales, eximiendo únicamente los activos que estén vinculados con el desarrollo de la actividad. En síntesis, gravar los capitales improductivos.

+ Ganancias eventuales: Una forma de expresión de la capacidad contributiva son los beneficios extraordinarios que obtienen la personas en la medida en que se efectivicen. Un incremento patrimonial, por sí solo, no representa una ganancia eventual. Ya estaría pagando por el impuesto patrimonial, quedaría por ver qué hacer cuando se vende el bien recibido por herencia, por ejemplo. Luego de la reforma del gobierno anterior se comenzó a alcanzar con el Impuesto a las Ganancias a las personas que venden sus segundos inmuebles a la tasa del 15% sobre el resultado obtenido.

+ Cuestiones previsionales: Al existir una única caja, sería importante que se contemple la autorización de compensación de créditos con deudas impositivas, aduaneras y previsionales. El mecanismo de compensación entre contribuciones patronales con impuestos (IVA), debe estudiarse profundamente, para evitar los errores cometidos en el pasado (decreto 814/01) y en la última reforma, porque si no se podría desfinanciar el ya alicaído sistema previsional.

+ Incentivos: Tiene que definirse correctamente a qué sector otorgar beneficios fiscales. Debería elegirse entre los que mejor pueden responder para poder generar divisas por exportaciones y los que dinamicen más rápido a la economía, pero sin olvidarse de los que necesitan un empujón para mantenerse activos.

+ El Estado debería crear un registro “voluntario” de las empresas que deciden cerrar sus puertas, para poder vincularlas con los que deseen ingresar al negocio. De esta forma, se facilitaría la transición que permita mantener la fuente de trabajo.

+ Debería disminuirse la carga tributara que se dispara en el momento de tener que cerrar una empresa. La carga tributaria residual es muy grande y lleva a la quiebra, en muchos casos, a las empresas.

+ Crear un puente transitable para los expulsados de los Regímenes Simplificados para que ingresan al sistema general de liquidación de impuestos. Volver la figura del “no inscripto” en el IVA y aumentar la deducción especial que computan los autónomos equiparándola con la de los empleados en relación de dependencia.

Múltiples son las variables que tienen que considerarse en el momento de tener que encarar una reforma tributaria. Esta vez, los cambios no pueden ser la propuesta definida por una mínima expresión “iluminada”, porque el resultado de su aplicación afecta a muchas empresas y personas humanas.

*Auditor Fiscal y periodista económico