RAÚL MOLINA*
Hay voces que sostienen que parte de lo que le quitó el voto de confianza del Congreso al ex Premier Cateriano fue hacer en su discurso, una apuesta demasiado franca por la gran minería como pilar de la recuperación económica del país.
Es verdad que en la hora actual es improbable que podamos evitar que la minería sea clave para sostener la economía nacional: en promedio, 9% del PIB, 60% de las exportaciones nacionales y 20% del impuesto a la renta de empresas entre 2009 y 2018*.
En los países desarrollados en cambio, incluso en aquellos con gran potencial extractivo, el sector primario representa un peso relativamente bajo frente a la industria y los servicios con alto valor agregado. Por tanto, la minería no puede ser indefinidamente el soporte principal de nuestro crecimiento económico. Tenemos que capitalizar los recursos que nos aporta para entretanto, diversificar nuestra economía. Si no, no lograremos en el mediano plazo un desarrollo económico equilibrado e inclusivo de nuestro país.
No obstante, la conflictividad social demanda que ese desarrollo empiece por las zonas relacionadas con la actividad minera o petrolera -como los casos del corredor minero o el lote 95-. Al cabo de la vida útil de un proyecto extractivo, las comunidades vecinas deben ver que su calidad de vida ha mejorado objetivamente. Caso contrario, el desarrollo de la actividad extractiva en el Perú puede verse afectado en sus posibilidades.
Para que esos efectos sean posibles, las operaciones mineras tienen que cumplir con todas las regulaciones ambientales que se les exige actualmente. Eso es sin duda indispensable, pero no suficiente. Además, para que sus proyectos sean socialmente viables, las empresas tienen que asumir un rol más activo como socias del desarrollo de los territorios con los que se relacionan.
Las empresas tienen ventajas indudables respecto a las comunidades que las rodean, para aportar capacidades de organización, innovación, diseño e implementación de proyectos, incluso de financiamiento, que contribuyan a la diversificación de las economías territoriales y la generación de mejores oportunidades de desarrollo, no limitadas solamente a actividades vinculadas a la propia industria, sino en función de las potencialidades de cada territorio. No hay otra manera; sino, el esfuerzo que hay que desplegar para la convivencia entre comunidades y minería durante el plazo que dura un proyecto minero, no es sostenible.
Ahora bien, el estado no puede dejar a comunidades y empresas solas en esos procesos. Necesita comprometer la participación y liderazgo de sus sucesivos niveles de gobierno. El desarrollo con enfoque territorial implica en esencia, articular las capacidades, acciones y recursos de los muy diversos actores públicos, privados y sociales que convergen en cada espacio territorial. Esa articulación se construye en procesos de diálogo territorial multiactor en los cuales los involucrados plantean sus expectativas, explicitan sus intereses, establecen sus compromisos y a partir de ello, construyen consensos sobre prioridades y objetivos de desarrollo.
Dichas prioridades y objetivos deben expresarse en planes de cierre de brechas que aseguren que al cabo de una operación minera o de hidrocarburos, las comunidades de los territorios relacionados con ella hayan superado sus principales brechas de infraestructura, servicios y sobre todo, de oportunidades de desarrollo autónomo, no dependientes de las actividades extractivas.
Sería ideal que esas definiciones pudieran hacerse antes de que siquiera inicien los proyectos mineros o a más tardar, en paralelo con sus primeras fases de construcción. Incluso sería ideal que se adelanten a discusiones tempranas desde el ordenamiento territorial, en cuyo marco se definan las diversas combinaciones posibles de usos potenciales de cada territorio.
Esos pasos tempranos no siempre son posibles, particularmente en los casos de muchos proyectos mineros en el Perú ya en operación que, por diversas razones, no logran construir relaciones positivas de convivencia con las comunidades de los espacios donde operan.
Así lo entendió claramente la Comisión Presidencial para el Desarrollo Minero Sostenible que en su informe final de propuestas para una minería competitiva y sostenible en el país, afirmó que para lograr un entorno social positivo de los proyectos es necesario apostar por un enfoque territorial de desarrollo, el cual requiere para ello de acuerdos estratégicos entre comunidades y empresas con participación activa del estado, expresados en “planes de desarrollo territorial, sostenible e integrado”**.
*Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2019)
**Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (febrero 2020): Informe Final, Propuestas de medidas normativas, de gestión y de política pública para afianzar la sostenibilidad del sector minero, pág. 39.
