JORGE LAPEÑA*

El sector energético argentino está fuertemente impactado por la caída de la demanda y de los ingresos provocados por la pandemia de Covid19. Ello transformó en agudas a las deficiencias estructurales con las cuales convive el sector en forma crónica en los últimos cuatro lustros. Es conocido que la Energía se ha convertido en voraz demandante de Subsidios del Tesoro.

El último Informe de Tendencias del IAE MOSCONI con datos oficiales correspondiente al mes de Julio de este año informa que los subsidios energéticos han aumentado en un 100 % en los 7 primeros meses de 2020 con respecto a igual periodo de 2019, valor que excede largamente a la inflación anual.

Por otro lado los consumidores argentinos de nafta (autos particulares) y gasoil (el transporte) han sido castigados con sobreprecios en estos productos con la política del “barril criollo” que consiste en vender el crudo argentino en el mercado interno a valores superiores a lo que cuesta el mismo producto en el mercado mundial.

Está claro que nuestro sector energético en ausencia de esos subsidios estatales crecientes y sobreprecios a los consumidores no lograría subsistir y se encaminaría a la quiebra y al cierre definitivo. Esto explica por qué, más allá de la grieta política que divide al país, hubo consenso entre quienes demandan subsidios (las empresas, los sindicatos y los gobernadores de provincias petroleras) y el propio Gobierno nacional que otorgó estos subsidios muchas veces a contramano de lo que establece la legislación aplicable.

Dicho lo anterior se puede afirmar que en ausencia de un “Programa Energético nacional de incremento de la productividad y reducción de costos”, esta situación de uso intensivo de Subsidios del Tesoro y sobreprecios a los consumidores cautivos continuará en forma creciente y desordenada, por lo menos hasta que se recupere la demanda interna de combustibles líquidos -que ha caído un 28,2% durante los primeros cuatro meses de cuarentena-, y la demanda mundial haga lo propio.

Algunos datos preocupantes nos indican la gravedad extrema de la situación:

1) La situación económico financiera de la empresa YPF es sumamente delicada. El Gobierno en el Proyecto de Impuesto a la Riqueza propone destinar un 25% de la recaudación de dicho impuesto con destino a esta empresa con un programa muy poco claro pero que pone de manifiesto la magnitud del problema.

2) La empresa Metrogas – propiedad de YPF – ha dejado de pagar el gas natural que distribuye a los consumidores en el AMBA alegando que la caída de la demanda, el incremento de la morosidad de la clientela en el pago de facturas y el congelamiento tarifario impuesto por el Gobierno nacional hace inviable el funcionamiento empresario.

Si esta situación de Metrogas se extendiera al resto de las 9 Distribuidoras de gas en Argentina estaríamos frente a un problema mayúsculo para las petroleras productoras del gas natural; y social para los consumidores en caso de que ello derivara en interrupciones del servicio.

3) Los subsidios energéticos en un 70% se focalizan en Cammesa – la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista – que utiliza los aportes del Tesoro para retribuir a las empresas generadoras la Energía Eléctrica que dejan sin pagar las Distribuidoras por las causas concurrentes ya expresadas: caída de la demanda, aumento de la morosidad de la clientela y congelamiento tarifario.

4) El lunes 7 del corriente se conoció una solicitada firmada por la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles en la que insta al Gobierno nacional a cumplir con la ley 26093 y regular el precio de sus productos congelado desde Diciembre de 2019, lo que en caso de no hacerse llevaría al cierre de dichas plantas.

La enumeración anterior demuestra la existencia de una situación generalizada de posible quebranto y eventual fallo financiero en las cadenas de valor de toda la industria energética. Solucionar tamaño problema requiere una respuesta innovadora y sistémica que vuelva al sistema al equilibrio económico y financiero que asegure la sostenibilidad de toda la cadena de producción de esta industria y la prestación de servicios públicos energéticos de calidad.

Debería, no obstante, quedar claro que la solución hasta ahora utilizada de incrementar Subsidios del Tesoro a pedido de la entidad corporativa del rubro afectado no es sostenible en el tiempo y es incompatible con la fortaleza objetiva de nuestro Tesoro Nacional en déficit. Se impone una solución distinta que quizás implique un “giro copernicano” en el modo de enfocar y gestionar este problema recurrente en este Siglo 21.

Finalmente considero muy positivo señalar dos hechos que han ocurrido en el Sector Energético en los últimos 15 días: 1) el traspaso de la Secretaria de Energía a la órbita del Ministerio de Economía, lo que implica reconocer que el mayor problema energético argentino son los subsidios y el verdadero “Ministro de Energía” será quien asigne esos subsidios; 2) el otro hecho destacable es que hoy se conoció el organigrama de la nueva Secretaría de Energía que recupera la Subsecretaría de Planificación Energética en un plano de igualdad jerárquica con las Subsecretarías de Hidrocarburos y de Energía Eléctrica: un clásico.

*Presidente del IAE Gral. Mosconi