ANDRÉS REBOLLEDO*

Chile ha vivido profundas transformaciones en su sector enérgetico los últimos años. Estamos en medio de una transición hacia un modelo más competitivo y sustentable ambientalmente. Para ello, junto con un cambio tecnológico disruptivo y acelerado se han hecho reformas significativas que han modernizado el marco regulatorio, lo que ha permitido la irrupción de las energías renovables.

Sobre esta base, hoy resulta imperioso dar un paso adicional para profundizar esta transición energética y así contribuir decidamente con el objetivo que el país se ha planteado de alcanzar la condición de carbono neutralidad al año 2050. Para ello, no basta con cambiar la matriz de generación eléctrica hacia fuentes verdes, sino se requiere además cambios profundos en el uso de la energía, tanto en el sector industrial, como en el transporte que hoy explican 2/3 de las emisiones de GEI del país. La energía más limpia es la que ahorramos sin sacrificar la actividad económica.

Es por ello que es fundamental la pronta aprobación de la ley de eficiencia energética (EE) que hoy se discute en el Congreso. Chile es el único país de la OECD que no tiene legislación al respecto.

Luego de dos años de discusión, existe un amplio acuerdo en los aspectos centrales de la misma que contempla la obligación de implementar un Plan Nacional de EE cada 5 años que incluya metas para al menos: el sector residencial, el transporte, otros sectores productivos, etiquetado de artefactos; educación y capacitación.

Además esta ley regula ámbitos tales como, calificación energética de las edificaciones (etiquetado), estándares de eficiencia de vehículos que incluye un incentivo para comercializar eléctricos, y la obligación de monitoreo y transparencia en los consumos de energía.

Una norma fundamental es la obligación de implementar un sistema de gestión en los consumidores con una meta de reducción de su intensidad energética en un plazo razonable que permita hacer los ajustes sin afectar la competitividad, sino más bien aumentar la productividad, de manera que el ahorro en el uso de la energía sea finalmente un buen negocio para las empresas y una fundamental contribución para disminuir la emisión de GEI.

La ley entrega las herramientas para promover e implementar acciones de EE, a la vez que es una señal de la importancia de la implementación de estas medidas para un crecimiento económico sostenible, más aun en el contexto de la recuperación pos pandemia y su impacto en los próximos años.

Es una ley balanceada y un paso importante para el sector. Al igual que ha pasado con la ERNC, es probable que las metas establecidas se vean superadas por las tecnologías y prácticas empresariales que verán en la EE un buen negocio. Será bueno para la competitividad de la industria y para las metas ambientales. De hecho, la implementación de esta ley puede significar ahorros de hasta US$ 3.500 y la reducción de 6.8 millones de tons de CO2, un 27% de lo contemplado en el Plan de Mitigación del sector.

*Economista y ex ministro de Energía