HORACIO RIGGI*

Los dos boxeadores ya están en el ring. La pelea está a punto de comenzar. No se suspende. Se trata nada más y nada menos que el enfrentamiento estelar entre las petroleras y los fabricantes de biocombustibles. El cinturón en disputa es el corte de biodiesel o bioetanol que tienen el gasoil y las naftas.

Actualmente, las naftas tienen un 12% de bioetanol (producen una base de caña de azúcar o de maíz). Mientras que el biodiesel (a base de soja) en el gasoil llega al 10% por cada litro.

Ahora el tema es que al régimen que otorgó beneficios fiscales para la construcción de plantas productoras de biocombustibles y los eximió luego del pago de impuestos le queda, en principio, ocho meses de vida, porque en mayo vence el esquema actual y el Gobierno tiene que decidir qué hacer. Si posterga o no la ley y si deja como están los actuales cortes o los cambia.

Ayer ingresó al Congreso tres proyectos para tratar el tema. Las petroleras aseguran que no fueron invitadas. Dos de los proyectos son del oficialismo y uno de la oposición. El proyecto que logró el dictamen y que ahora pasa a Comisión es el de la senadora del Frente para la Victoria, María de los Ángeles Sacnun, el cual pide continuar por cuatro años con el régimen de cortes de los biocombustibles una vez vencida la ley.

El argumento que se dio es que se decidió impulsar el proyecto que posterga la ley por menos años. El que entró por la oposición, por ejemplo, pedía extender el régimen 15 años. Ahora, ese dictamen se tiene que discutir en el plenario del Senado. Si el Senado le da media sanción, pasa a Diputados para su tratamiento.

Los fabricantes de biocombustibles argumentan que los cortes de las naftas o el gasoil con bioetanol o biodiesel representan un sostén importante para las economías regionales, por ejemplo. Y que si se cae el régimen entran a peligrar 300 mil empleos entre directos e indirectos.

Las petroleras, en cambio, dicen que la industria del biocombustible no tiene el control de calidad necesario y que no pagan impuestos. También injusto tener que comprar el biocombustible a un productor y un precio que fija el Estado. Por último, afirman entender la situación de los productores de caña de azúcar porque es un producto de consumo interno, pero no entienden por qué el Estado decide subsidiar a los productores de soja que utilizan la oleaginosa para fabricar biodiesel.

En 15 años el esquema de promoción de los biocombustibles tuvo un débito fiscal de u $ s 6000 millones por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de u $ s 1400 millones por aceite de soja y maíz que podría recibir exportado y terminó volcándose al mercado interno en forma de combustible, argumentan las petroleras.

Los fabricantes de biocombustibles tienen otra versión. Aseguran que el Estado se ahorró dólares por importar menos combustibles gracias a los cortes con biodiesel y bioetanol. La pelea comenzó, el final está abierto.

*Subeditor periodístico de El Cronista