CARLOS PAGNI

La esencia del sistema republicano radica en la necesidad de limitar al poder. La sociedad se protege de la posibilidad de ser avasallada por la política a través de dos dispositivos principales. La independencia judicial y la libertad de prensa. Cristina Kirchner, que es la líder del oficialismo, publicó ayer una declaración que constituye un durísimo ataque a esta concepción. 

Después de elogiar el funcionamiento del Congreso, que ella conduce, y la gestión del Poder Ejecutivo, lanzó una crítica severísima sobre el Poder Judicial, encarnado por ella en cuatro de los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia.

 No es la primera vez que la vicepresidenta condena el funcionamiento de los tribunales. Mientras estuvo al frente de la Casa Rosada propuso una reforma cuyo propósito principal era subordinar al Consejo de la Magistratura a los resultados electorales para, de esa manera, someter a los jueces a los vaivenes de las urnas.

Pero nunca antes la señora de Kirchner formuló acusaciones tan severas sobre los ministros de la Corte, identificados con nombre y apellido. Esta es la razón por la que el texto que se conoció ayer delimita un antes y un después en la historia institucional del kirchnerismo. Y ejerce un dramático condicionamiento sobre la administración de Alberto Fernández en su relación con la Justicia y, por lo tanto, en la percepción externa sobre ella.

La señora de Kirchner enmarcó su planteo en una idea recurrente: con la llegada al poder de Mauricio Macri se desató desde los juzgados, y en combinación con los medios de comunicación, una persecución sistemática contra la dirigencia opositora. La Corte fue la principal responsable de ese hostigamiento. Así sintetiza ella su teoría del "lawfare".

Esta reconstrucción histórica llama la atención por su escandalosa arbitrariedad. La misma Cristina Kirchner propuso "democratizar la Justicia" durante su presidencia, indignada por las investigaciones sobre corrupción. Muchas de las denuncias estuvieron estimuladas por actores del propio oficialismo que ella encabezaba. En especial por los servicios de inteligencia que habían sido un instrumento principal de su esposo para neutralizar las disidencias. El balance de ayer finge ignorar que cuando Macri llegó al gobierno, los expedientes sobre enriquecimiento ilícito de infinidad de funcionarios, las pesquisas sobre la adquisición amañada de Ciccone Calcográfica, las evidencias acerca de sobreprecios en la obra pública y las sospechas de lavado de dinero a través de los hoteles familiares, ya estaban iniciados.

En un país con una justicia federal cuyos vicios que ya se han vuelto crónicos, es imposible descartar condicionamientos políticos y arbitrariedad. Pero Cristina Kirchner no puede desconocer que, si hubo dirigentes sobre los que cabe la sospecha de ese tipo de injerencias, son figuras que hoy integran su propio esquema de poder. Los libros más lapidarios sobre la corrupción del kirchnerismo los escribió Margarita Stolbizer, con la mano guiada por Sergio Massa. Fue el presidente de la Cámara de Diputados quien prometía, en 2015, "los voy a meter presos a todos", refiriéndose a muchos compañeros del actual oficialismo. Por no dar crédito a la versión, divulgada en voz baja por un importante dirigente sindical, que afirma que Massa le prometió a su amigo Claudio Bonadio que "si la metés presa y yo llego a la Presidencia, te nombro ministro de Justicia". Una de las grandes dificultades de la doctrina del lawfare es que debe reorganizar todos estos datos.

Cristina Kirchner demostró que, cuando hace dos meses, Leopoldo Moreau vapuleó a cada uno de los miembros de la Corte, estaba inaugurando un programa en relación con la Justicia. Ayer la vicepresidenta defendió la renovación del máximo tribunal en los albores de la presidencia de su esposo. Para caracterizar un juicio político basado muchas veces en el contenido de las sentencias de los magistrados, y llevado adelante en el Senado por la esposa del titular del Poder Ejecutivo, habló de proceso virtuoso. Después diseccionó a la Corte que surgió de esos reemplazos. Exaltó la memoria de la intachable Carmen Argibay, y elogió a Eugenio Zaffaroni, que es la principal espada jurídica del ultrakirchnerismo. Fueron los únicos indultos. Ricardo Lorenzetti recibió un brochazo de bleque por un pecado imperdonable: haberse retratado junto a Bonadio y al brasileño Sergio Moro. Helena Highton fue condenada desde la presidencia del Senado por no haber imitado al ejemplar Zaffaroni acogiéndose a la jubilación a los 75 años, como indica la Constitución. Que Highton llegara a la Corte de la mano de Alberto Fernández y sea íntima amiga de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, son detalles por completo intrascendentes para la autora de la catilinaria.

La vicepresidenta hizo blanco después en Carlos Rosenkrantz y en Horacio Rosatti. Les reprocha haber accedido al tribunal por un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Macri. Es una pena que para un pronunciamiento tan trascendente Cristina Kirchner no se hiciera asesorar. Porque Rosenkrantz y el ex ministro de Justicia y procurador del Tesoro de Néstor Kirchner, Rosatti, fueron designados con un decreto simple, debido a que el Senado estaba en receso. Algo que está previsto en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución. Aun así, ambos ministros se abstuvieron de ejercer la magistratura antes de conseguir el correspondiente acuerdo del Senado. Uno de los pasajes más reveladores de la proclama de ayer fue el cargo que se le hace a Rosenkrantz como presidente de la Corte: haber ejercido la profesión litigando a favor de empresas privadas. Quiere decir que, además de manifestarse sobre la Justicia, la vicepresidenta aprovechó para pronunciarse también sobre el capitalismo.

La diatriba de Cristina Kirchner sobre el máximo tribunal, de la que sólo se salvó el juez Juan Carlos Maqueda, tiene tres fragilidades estructurales. La primera, es que constituye un agravio estridente a la división de poderes que, mientras no se reforme la Carta Magna, sigue siendo una viga maestra del sistema institucional argentino. La segunda, es que es un acto de impotencia: en vez de escribir cartas, la jefa del peronismo debería conseguir los dos tercios del Senado necesarios para iniciar el juicio político sobre los magistrados incorrectos. La tercera es la más penosa: la señora de Kirchner está imputada en causas que se tramitan ante la Corte.

Esta última peculiaridad abre un interrogante principal: si la declaración de ayer no es un acto de lawfare, pero a la inversa. Es decir, un gesto de intolerable presión sobre la Corte para conseguir impunidad. Los ministros de ese tribunal frustraron a Cristina Kirchner al dictaminar que los jueces Bruglia y Bertuzzi habían sido designados como camaristas según la reglamentación vigente, es decir, que no habían sido trasladados para perseguirla, como ella sostenía. También admitieron la condena impuesta por los tribunales inferiores a Amado Boudou por la adquisición encubierta de Ciccone. Y tomo una decisión menos clamorosa pero más estratégica: rechazó el pedido de Julio De Vido para que suspendiera un juicio oral y revisara una pericia. Es lo que la señora de Kirchner está pidiendo en la causa por sobreprecios de Vialidad Nacional. La Corte podría rechazar también esa pretensión. Eso facilitaría una condena. Es un caso muy relevante, porque si existieron esos sobreprecios, es más fácil demostrar que las contrataciones de Hotesur y Los Sauces fueron operaciones de lavado de dinero. En esos expedientes figuran los hijos de la autora de la declaración de ayer.

Para Alberto Fernández la proclama de la vicepresidenta es un servicio catastrófico. Que contradiga su opinión es, a estas alturas, irrelevante. Aun cuando el Presidente, el 19 de agosto del año pasado, señaló: "La Corte nunca hizo algo que me hiciera reaccionar en términos de derecho; seguramente dictaron decisiones que no me gustaron o que me gustaron menos que otras. pero todas estuvieron fundadas". El verdadero daño que ocasiona esta nueva carta es que imprime al oficialismo un indisimulable perfil bolivariano. El chavismo comenzó a ser una dictadura cuando capturó al Tribunal Supremo de Justicia. Para quien esté observando la región con cierta perspectiva, esta embestida de la jefa del oficialismo sobre la Corte hace juego con las elecciones que se celebraron el domingo pasado en Venezuela, condenadas por casi toda la comunidad internacional. Pero con el silencio de la Argentina. Con esos comicios Maduro pretende apropiarse del Poder Legislativo, el único que todavía no pudo controlar.

El avance sobre la justicia independiente y el intento de manipular a la prensa crítica son los impulsos principales de cualquier proyecto autoritario. Bajo la presidencia de Fernández no falta ninguno de los dos. En estos días, el mercado de las telecomunicaciones está sembrado de versiones sobre adquisiciones ensayadas por figuras apalancadas por el poder. En casi todas aparecen actores sindicales.

Una de las más notorias tiene que ver con la compra de la operación argentina de Telefónica. Esa empresa española está desprendiéndose de activos latinoamericanos. Entre los interesados se menciona al Grupo Olmos. Es el conglomerado de medios de comunicación, gerenciadoras de salud y compañías de seguros liderados por Raúl Olmos, un hombre de negocios estrechísimamente ligado a la Unión Obrera Metalúrgica. Desde hace por lo menos dos meses Olmos está intentando armar una trama financiera para justificar el desembarco. Quienes conocen las tratativas, entre ellos algunos gestores de negocios cercanos a la familia Macri, afirman que todavía no consiguió los avales bancarios indispensables para la magnitud de la operación. En el entorno de Olmos circula un dato más que relevante: que Máximo Kirchner está al tanto de la operación y que, inclusive, ha mantenido alguna reunión con representantes de un fondo extranjero que fue convocado para facilitar los fondos. Este dato no pudo ser corroborado en el equipo del diputado. El examen de esta operación no puede prescindir de un detalle: el Grupo Olmos tendría una deuda importante con la AFIP, derivada de su actividad en el multimedios Crónica. La refinanciación de ese pasivo podría ser parte también de toda la negociación. Ayer se tomó contacto con directivos del Grupo Olmos que prefirieron mantener silencio ante la consulta.

Las conversaciones de estos empresarios vinculados al gremialismo compiten con las de los titulares de Supercanal, la antigua compañía mediática de Daniel Vila y José Luis Manzano. Liderada por el tucumano Facundo Prado, y financiada por el fondo CarVal, esta compañía está discutiendo en este momento la adquisición de una parte de Telefónica en entrevistas que se desarrollarían en Miami. O, en otro menú, negociando una integración de prestaciones en la región en la que ya tiene un extenso tendido de fibra óptica. Fuentes del mercado indican que Manzano está intentando ingresar a la conversación por todos los medios, pero rebota contra la pared de sus herederos en Supercanal. Consultadas por todas estas informaciones las autoridades de Telefónica, declinaron hacer comentarios.

Los dirigentes de la UOM no son los únicos gremialistas involucrados en gestiones de mercado. Hugo Moyano consiguió, o cree haber conseguido, al salvador de OCA, el correo privado al que está tan ligado que casi parece ser el propietario. Es Cristóbal López, acaso el empresario más cercano al Presidente y también dueño de un conjunto de medios de orientación ultraoficialista. López estaría enmascarado detrás de la identidad de Ignacio González Pedroso. Ambos designaron como CEO a Antonio Cao. Fue, es curioso, una recomendación de Gustavo Papini, quien ya manejó OCA y fue también titular del Correo Argentino durante el gobierno de Macri. Papini ganó notoriedad hace pocos días, como aspirante a quedarse con Wallmart en asociación con Oscar Andreani. La intervención de Cristóbal López en la logística es condicional: "Si en marzo veo que no funciona, me voy", confiesa a sus amigos. Al parecer, ya empezó a querer irse. Había pactado con Hugo Moyano despedir a más del 5% del personal, pero enseguida se encontró con una amenaza de paro de Pablo Moyano. Una incógnita: ¿depositó López los 5 millones de dólares exigidos por el juez del concurso de OCA?

Estas aproximaciones entre política, prensa y negocios de comunicaciones completan un paisaje signado por un cuestionamiento radical a la cultura liberal, en beneficio de una idea populista de la democracia. Alberto Fernández deberá definirse frente a esta imposición que le llega desde el Senado. Sobre todo en un momento en que negocia con las grandes democracias del planeta, encabezadas por Estados Unidos, un acuerdo con el Fondo. Allí pueden llamar la atención estas contaminaciones entre lo público privado. Y ocasionar alarma el feroz ataque a la Justicia de la vicepresidenta. Además de la intriga que pueden provocar algunos incidentes marginales. Por ejemplo, la conversación sobre energía nuclear que se realizará con Eugenio Zafonov, el representante de la rusa Rosatom en la Argentina. Será mañana, en la Fundación Germán Abdala. Zafonov será entrevistado por Sergio Solmesky, el encargado de tecnología nuclear del Instituo Patria. Otra curiosidad: ¿cómo convivirán este amor por la Rusia de Putin con el odio hacia el lawfare?

Son incógnitas y certezas que se recortan sobre el telón de las discusiones con el FMI. Rhoda Weeks-Brown, la muy influyente directora del Departamento Legal de ese organismo, acaba de elaborar un largo texto estableciendo que las vulnerabilidades institucionales y la proliferación de casos de corrupción deben condicionar la asignación de créditos a los países miembros. Martín Guzmán tal vez lea la nueva declaración de Cristina Kirchner como un contrapunto a esta otra carta.