CARLOS PAGNI

En la Argentina hay desde hace tiempo, y ahora se ha profundizado, un debate ideológico. No es un debate sobre distintas opiniones dentro de un consenso básico sobre reglas de juego y sobre una definición compartida de democracia. No. Lo que hay es una ruptura respecto de la definición de democracia. Y eso se ha acelerado en los últimos días con el ataque de Cristina Kirchner a la Corte Suprema de Justicia. Este conflicto ideológico, que tiene que ver con la definición de las cosas, refleja sobre la Argentina movimientos similares de otros lugares del planeta y de otros lugares de la región. Y aquí es donde el concepto de poder que viene dominando a Venezuela, desde hace ya muchos años, juega como una especie de espejo respecto del concepto de poder y de democracia que existe en un sector del oficialismo, sobre todo el que rodea a la vicepresidenta. Esta es la dificultad que tiene Alberto Fernández para pronunciarse respecto de qué sucede en Venezuela.

El Gobierno está recibiendo algunas buenas noticias en materia económica. Primero, porque Martín Guzmán ha liderado un cambio de enfoque respecto del problema económico. Abordó, por propia vocación, inspiración intelectual, o también, sumado a esto, por la necesidad de establecer un diálogo técnico con el Fondo Monetario Internacional, una visión del problema que está en la raíz de la corrida y la brecha cambiaria. Un enfoque que tiene que ver con el exceso de pesos. En la Argentina sobran pesos porque hay que financiar un déficit fiscal enorme y no hay otra forma de financiarlo, o es muy difícil de hacerlo, que no sea con la emisión monetaria. Entonces Guzmán en el marco de una mentalidad, de un entorno conceptual que no es el más favorable por parte del kirchnerismo encara el problema del déficit fiscal.

Estamos viendo a este oficialismo hacer cosas que no pensábamos que iba a hacer. Un ajuste en las jubilaciones; en el déficit fiscal por la vía de la obra pública; una suspensión, muy controvertida dentro del mismo oficialismo, del IFE, del ATP, del auxilio a las empresas durante la pandemia; y un aumento de tarifas que todavía se está discutiendo porque tiene enormes resistencias, sobre todo por parte de Cristina Kirchner. Hoy hay una multa que le aplica el Enargas -que está dominado por alguien muy ligado a la vicepresidenta como es Federico Bernal- contra Metrogas, que es una empresa de YPF. Y pareciera que detrás de esa multa está el conflicto por el aumento de tarifas.

Hay una segunda dimensión de la economía que le sonríe al Gobierno, o por lo menos que lo alivia de una situación muy complicada objetivamente, que es el aumento en el precio de las materias primas, que está asociado, sobre todo, a una recuperación de China mucho más rápida de la que se suponía.

Y, además, específicamente Martín Guzmán tiene la suerte de que gana en Estados Unidos un gobierno, el de Joe Biden, que designa a Janet Yellen como secretaria del Tesoro, que es una académica que cumplió funciones como presidenta de la Reserva Federal, muy ligada, probablemente la alumna preferida, de Joseph Stiglitz, que es el profesor que dirige el equipo de investigación del que participaba Guzmán antes de ser ministro de Economía. Quiere decir que Guzmán tiene una línea directa con la Secretaría del Tesoro, que es muy importante para un país que tiene que sostener su economía en un diálogo permanente con el FMI, donde los que mandan son los Estados Unidos. Nota al pie: este vínculo probablemente lo vuelva a Guzmán un funcionario inamovible en la medida en que el Gobierno siga pretendiendo enmarcar la política económica en acuerdo con el Fondo.

Todo esto obviamente no es la panacea. Porque estamos hablando de un ajuste fiscal, monetario, que va a significar subir la tasa de interés, en medio de una recesión. Es siempre caminar sobre la cuerda floja y hacer cosas contrarias a las que pide el contexto. Pero, además, tiene un límite. Y tiene un límite severísimo. Todo lo que está haciendo el Ministerio de Economía va a servir de muy poco si no se recupera la confianza, que es un activo político, no técnico-económico. Y aquí es donde la discusión político-institucional conspira, desde el mismo oficialismo, contra la política económica que quiere seguir Guzmán y que avala Alberto Fernández.

Tenemos un problema que impacta directamente en la inversión. Hay bajísima inversión en la Argentina. Habría que remontarse mucho en la historia para encontrar momentos con menos inversión -local y extranjera- que hoy. Y hay desinversión. De hecho, Telefónica está buscando quien la compre. Ahí está el Grupo Olmos, ligado a los sindicatos, a la UOM, al multimedio Crónica, que está tratando de buscar un socio para poder quedarse con la empresa con poca plata. Una operación bastante parecida a la de los Eskenazi de YPF durante la época de Néstor Kirchner. Los Olmos dejan trascender, o los operadores financieros que ellos tienen, que todo esto estaría avalado por Máximo Kirchner. Pero al lado de él dicen: "Nosotros no tenemos nada que ver, apenas si los conocemos".

Se está yendo Marcelo Mindlin, líder del Grupo Pampa, que administra fondos de terceros, fondos internacionales invertidos en el área energética. Deja Edenor, una empresa regulada que requiere de aumento de tarifas. Están tratando de entrar ahí José Luis Manzano y Daniel Vila, y Mauricio Filiberti. Se va un amigo de Sergio Massa, entrarían otros amigos de Massa. Massa está en la mesa.

Desinversiones que tienen que ver con el clima político, con la falta de un horizonte claro que se refleja en una forma de manejo del poder. A esto no es ajeno Alberto Fernández y su relación con la oposición. El Presidente que dice: "Yo soy un hombre de diálogo, vengo a cerrar la grieta, quiero tener una relación con la oposición distinta a la que tuvo el kirchnerismo tradicional" (y agregan "distinta de la que tuvo Macri que jamás se reunió con los bloques de la oposición en la Casa Rosada"). Ese Presidente, Fernández, decidió en un acuerdo con gobernadores amigos, liderados por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que se van a suspender las PASO. Y los diputados de Manzur presentaron un proyecto a la Cámara baja. Curiosamente, empieza a haber disidencias, y pareciera que las lidera Máximo Kirchner con un argumento donde parece haber un cambio de roles. Porque Máximo dice: "No, si vamos a cambiar las reglas de juego electorales, tiene que haber primero un acuerdo interno entre nosotros, esto tiene que ser dialogado (por ejemplo, el ministro de Interior parece que no estaba enterado de esta decisión de Fernández y los gobernadores). Y además -dice Máximo- tenemos que hablar de todo esto con la oposición, no se puede hacer ignorándolos". Casi es una ironía de Máximo Kirchner que le pide diálogo a ese hombre de diálogo que, como fue el hijo de un juez y enseñó 30 años Derecho en la facultad, sabe lo que es el Estado de Derecho. Me refiero a Alberto Fernández.

Hay otra dimensión de la relación con la oposición que tiene que ver con el vínculo con Horacio Rodríguez Larreta. En la ciudad de Buenos Aires escucharon con mucha sensibilidad, ahora sí un discurso de Máximo Kirchner, hablando de cómo fueron las relaciones entre el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de la Ciudad y las transferencias de recursos. En ese discurso sobre la coparticipación, en el Congreso, a Máximo se le ocurrió tocar un cable de 500 kilowatts. Habló de las transferencias de dinero de recursos de la Nación a la Ciudad en materia de administración del juego. Son 12 mil millones de pesos. ¿Hay un proyecto en el gobierno nacional para revertir ese dinero a la Nación? Larreta cree que sí y ya les avisó a los empresarios del juego, que están muy ligados al kirchnerismo, con Cristóbal López en el centro de todo: "Si le sacan los recursos del juego a la ciudad de Buenos Aires por el solo hecho de que yo soy opositor, les cierro el casino de Palermo". Estamos en vísperas de una guerra importante, si es que se produce este nuevo avance de la Nación sobre la Ciudad, en un tema delicadísimo porque, como sabemos, el juego es un negocio que está en el corazón de la política y de la financiación de la política.

Además de estos conflictos políticos, tenemos una fisura ideológica respecto de qué es la democracia. Y esto está subrayado por la postura de Cristina Kirchner delante de la Corte. Hay en el kirchnerismo un problema con la independencia del Poder Judicial, que es un problema ideológico, de concepción de la democracia, que se expresa en distintos detalles o encarna en distintos hechos. Por ejemplo, ahora en el Consejo de la Magistratura hay un conflicto: la oposición bloqueó la designación de nuevos jueces. Para designar un juez se requieren dos tercios de los consejeros. La oposición dijo: "Nosotros no nos vamos a prestar". Se lo dijo Pablo Tonelli, del Pro, a Gerónimo Ustarroz, que es el hombre del Gobierno en el Consejo de la Magistratura.

Ese frente opositor, que contaba con participación de los representantes de los jueces, parece haberse quebrado. Los dos jueces que formaban parte de ese bloque opositor, Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo, aparentemente habrían pactado con el kirchnerismo que ellos van a dar lugar a la aprobación de los nuevos jueces. Es una noticia de primera magnitud sobre la administración judicial. Ellos dicen que lo hacen porque son representantes de los jueces y su propia base les dice que no pueden estar con los concursos congelados que tienen que ver con sus carreras. Los que sospechan, los que quieren ver debajo del agua, lo que no lo quieren a Recondo dicen: "Hay que mirar que la semana que viene, en el Senado, la esposa de Recondo, la jueza Silvia Mora, tiene que lograr que Cristina Kirchner le apruebe un pliego para que pueda seguir ejerciendo más allá de los 75 años". Es muy lamentable la versión y seguramente no debe ser cierto que Recondo esté apoyando al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura para ver cómo le va a su esposa en el Senado con ese acuerdo. Me niego a creerlo.

De todos modos, más allá de esta cuestión, el gran conflicto tiene que ver con la Corte. Cristina Kirchner se queja del lawfare; es decir, de que a alguien se lo juzgue, no por lo que hizo, sino por lo que es. Su condición política, étnica, religiosa, etc. Sería algo similar a lo que ella hace con los jueces de la Corte. Cristina Kirchner se queja de Ricardo Lorenzetti porque se sacó una foto con Sergio Moro y Claudio Bonadio y no por lo que hizo en su carácter de juez. Del mismo modo, se queja de Carlos Rosenkrantz porque, cuando era abogado, defendía a empresas privadas. De Juan Carlos Maqueda no sabemos por qué se queja. Dice que es cordobés. Bueno, hay razones por las cuales el kirchnerismo no quiere a los cordobeses. Basta con ver los resultados de las elecciones en esa provincia. De Horacio Rosatti se queja por el modo en el que fue nombrado que, si bien no es inconstitucional, a ella no le gustó. Y, por último, se queja de Elena Highton de Nolasco porque tiene 75 años y sigue siendo jueza. Entonces, se queja por lo que son y les hace lo que ella misma reprocha estar padeciendo. Este enojo, que es anecdótico, tiene que ver con las causas que tiene en su contra en la Justicia Penal Federal. Sin embargo, lo importante es la concepción que anida detrás de todo esto respecto de la Justicia.

En este sentido, el 19 de noviembre de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, Cristina brindó un discurso en una reunión de intelectuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), y manifestó: "Debemos tener nuevas arquitecturas institucionales para preservar el funcionamiento de la democracia. Tengan en cuenta que esta forma de organización de gobernanza del mundo occidental y esta división entre Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo data de 1789, de la Revolución Francesa". Allí, además de la división de poderes, cuestionó el hecho de que los cargos del Judicial, según entiende ella, sean vitalicios, y lanzó: "Rémora de la monarquía si las hay. Estamos con el mismo sistema de gobierno que cuando no existía la luz eléctrica ni el auto", añadió entonces, al decir que hay que repensar este modelo para, entre otras cosas, incorporar a otros actores que en aquellas épocas no existían. Según sostuvo, lo que se somete al voto (el Poder Ejecutivo y el Legislativo) representa entre 20% y el 40% del poder. "El otro 70 u 80% está fuera: en organizaciones, organismos, sociedades y medios de comunicación, que no están regulados", resaltó en esa ocasión.

Importa poco el rigor lógico o histórico de todo esto. Es cierto que, como dijo Cristina, nadie se sacaría hoy una muela como se hacía en 1789. Pero los principios lógicos son anteriores a ese año y se formularon por primera vez en el siglo cuatro antes de Cristo. Siguiendo esta línea de pensamiento, habría que renunciar, entonces, a esos principios, como así también al derecho civil, que viene de los romanos, o a principios básicos de la civilización, como la cancelación del ojo por ojo y diente por diente, que también son demasiado antiguos.

Lo que interesa es que no hay una perversidad que consiste en pensar algo y hacer lo contrario, sino que Cristina tiene otra idea de la democracia. Ella cree que la democracia no es la consagración de los derechos de la minoría, sino que -por el contrario- es el imperio del derecho prepotente de las mayorías. Según su concepción, todo debería estar regulado porque la sociedad tiene que ser, como quería el General, una comunidad organizada desde el Estado. Este pensamiento es muy autoritario y antiliberal, con rasgos fascistoides, acerca de lo que es la vida en común. Pone en tela de juicio las ideas a partir de las cuales se escribió la Constitución y se estableció la tradición liberal republicana.

Si uno observa este conflicto desde la pantalla grande puede ver el reflejo con la situación venezolana donde la crisis de estas ideas llegó mucho más lejos y derivó en un gobierno ilegítimo, al que lo único que le quedaba por conquistar era la Asamblea Nacional, órgano que preside Juan Guaidó. El régimen de Nicolás Maduro hizo, hace dos domingos, el 6 de diciembre, un simulacro electoral para la Asamblea con los partidos políticos de la oposición intervenidos y con muchos líderes exiliados, encarcelados o con los derechos políticos vedados. Además, se presionó a la gente a votar, con Diosdado Cabello, el número dos del régimen, diciendo que "el que no vota, no come", en medio de una crisis humanitaria. Incluso así la sociedad no fue a votar, al punto de que el oficialismo dice que votó el 30% y los cálculos más acertados estiman que se trató del 20%, o aún menos.

La Asamblea es el Congreso y, por eso, estos comicios son clave: es el único poder que el régimen no controla y sirve para convalidar operaciones económicas, como los contratos petroleros o mineros. Sobre esta base, la oposición -liderada por Guaidó- convocó a una consulta popular, que se desarrolló durante toda la semana pasada y en la que votaron más de 6 millones de personas. Esto en el marco de una dictadura o de una "tiranía", como dice el expresidente de España Felipe González, quien destaca la imprevisibilidad de esta administración. De esos 6 millones, más del 60% votó de manera presencial, con todo el riesgo que eso significa. Para protegerlos, los líderes opositores les garantizaron que van a destruir los registros para evitar que les quiten los pasaportes a quienes fueron a votar.

Hay dos hechos de primera magnitud que están ocurriendo por estas horas respecto de Venezuela, además de esta convocatoria a una consulta popular que respaldó enormemente a la oposición y, sobre todo, a Guaidó, lo cual es muy importante considerando que el 5 de enero vence el mandato de la Asamblea. Ya comenzó, entonces, la discusión para definir quiénes conformarán el Congreso. Las principales democracias del mundo dijeron que el Poder Legislativo sigue siendo la Asamblea que preside Guaidó porque consideran que las elecciones del 6 de diciembre fueron ilegítimas, apócrifas. Hubo 18 países latinoamericanos, la Unión Europea y Estados Unidos que sostuvieron esto. Pese a esto, la Argentina no se expide.

El segundo episodio de gran importancia sucedió este lunes. Se trata del pronunciamiento de la abogada Fatou Bensouda, quien fue magistrada en su país, Gambia, y es la jefa de los fiscales de la Corte Penal Internacional. Tal como dictaminó, hay materia para que se abra un caso en esa Corte respecto del régimen de Maduro por haber cometido, desde 2014 en adelante, crímenes de lesa humanidad. Esto convalida y le da materialidad procesal a las denuncias de Michelle Bachelet sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela. Y al informe que hizo la comisión especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, donde se denunció que hay 45 funcionarios del gobierno de Maduro involucrados en estos crímenes, que fueron organizados por Maduro, su ministro del Interior y su ministro de Defensa. De esta manera, esto desnuda otro nivel de aberración respecto de lo que es el funcionamiento democrático.

La otra novedad, que se conoció el fin de semana, tiene que ver con un grupo de venezolanos que estaban huyendo en un barco desde Güiria, en el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago, por la crisis humanitaria que se vive en su país. Al llegar a destino, los rechazaron y naufragaron en el regreso a Venezuela. Por el momento, sabemos que hay 19 muertos. Circulan versiones muy extrañas de que algunos cadáveres tendrían, aparentemente, mutilaciones y registros de balas. Lo cierto es que no está claro qué fue lo que sucedió, pero es evidentemente una manifestación dramática y luctuosa de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano.

El profesor en la Universidad de Harvard Steven Levitsky escribió un libro que se llama "Cómo mueren las democracias". La tesis que defiende es que se puede terminar con la democracia sin un golpe de Estado a la vieja usanza, con los militares tomando el poder. Puede haber otro tipo de golpe, como el que denuncia hoy la oposición en la Argentina con el ataque de Cristina a la Corte. En línea con esto, Elisa Carrió inspiró a Cambiemos para que inicien un pedido de juicio político en el Congreso contra la vicepresidenta porque sostiene, como Levitsky, que las democracias, por la acción de autoritarismos de derecha o izquierda, pueden morir por corrosión interna. Consideran que el virus del autoritarismo va minando y pulverizando a las instituciones para que el pluralismo ceda su lugar a la voluntad del que manda.

El filósofo danés Søren Kierkegaard solía utilizar una expresión latina, de te fabula narratur, que significa "es de vos que habla está fábula". Lo mismo ocurre en este caso: la tristísima historia de Venezuela, en muchas dimensiones, está hablando de nosotros.