NÉSTOR O. SCIBONA 

as designaciones “a dedo” en cargos políticos –y/o militantes- de la administración pública nacional (APN) se convirtieron con el correr de los años en un problema institucional, con funciones superpuestas o de dudosa necesidad cuyo costo debe ser solventado por los ciudadanos con más impuestos y más inflación.

En comparación con la enorme masa de gasto previsional, asistencia social, subsidios económicos, intereses de la deuda y transferencias a provincias, cada nombramiento parece una erogación minúscula, aunque la suma de salarios equivalga al 10/11% del total en el sector público nacional y a 57% promedio en provincias y municipios. De ahí que en la Argentina existan 170 impuestos nacionales, provinciales y municipales que asfixian al sector privado. De ellos, 16 fueron creados o aumentados por el gobierno de Alberto Fernández, incluso en plena pandemia. El tributarista César Litvin sostiene que el 90% de la recaudación total proviene de 11 impuestos, por lo cual más de un centenar constituyen virtuales exacciones.

No se trata de un fenómeno nuevo. Las sucesivas leyes de emergencia dictadas desde 2002 hicieron que los concursos para cubrir cargos directivos y mandos medios pasaran a ser una excepción más que la regla en la APN, que representa un tercio del sector público nacional. Otro tanto ocurre en el resto, que incluye organismos descentralizados y empresas públicas.

Los nombramientos discrecionales se acentuaron durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. También en la gestión de Mauricio Macri que, si bien en 2018 redujo de 21 a 11 el número de ministerios (al transformarlos en “Secretarías de Gobierno”) y dispuso congelar vacantes en la APN, permitió excepciones autorizadas por la Jefatura de Gabinete (JGM) aún vigentes. Y Alberto Fernández tampoco fue la excepción, ya que volvió a una estructura de 21 ministerios (incluyendo la JGM) al jerarquizar 6 áreas relegadas al rango de secretarías y crear 3 nuevos ministerios, incluido el de Mujeres, Género y Diversidad.

Un informe del Cippec elaborado por los especialistas Gonzalo Diéguez y Demián González Chmielewski revela que, al cabo del primer año de gestión del actual Gobierno, el número de ministerios y de secretarías (83) está en línea con el promedio del periodo 2015-2019, en tanto que el de subsecretarías (173) se incrementó 33% respecto de diciembre de 2019 (130), aunque resulta inferior al de diciembre de 2017 (207).

Con respecto al espacio directivo público, compuesto por 367 direcciones nacionales y 141 direcciones generales, la suma representa un aumento de 10% en comparación con el final del gobierno de Macri y 4% por encima del promedio de 2015-2019, si bien está debajo del pico de 2016 (415 y 150 respectivamente).

Otro dato llamativo del informe del Cippec es que en 2020 fueron designados formalmente 71% de los cargos de conducción en las direcciones nacionales y 76% en las direcciones generales, bajo una modalidad similar a la de los últimos 30 años: 99% de manera transitoria por un período de 180 días y 78% con la excepción de requisitos profesionales y/o presupuestarios establecidos en el marco legal. Paralelamente, sólo 5% de esos cargos está ocupado por funcionarios que se desempeñaron en la gestión anterior. “La configuración de la administración pública centralizada muestra, al igual que en las últimas décadas –agrega-, un espacio directivo público sujeto casi exclusivamente a la discrecionalidad y los vaivenes de la política partidaria y la volatilidad de las estructuras organizacionales del Estado”, señalan los autores.

En este sentido, quien revise el Boletín Oficial podrá encontrar diariamente una docena de decisiones administrativas de la JGM con designaciones de funcionarios en cargos burocráticos con denominaciones ampulosas de tres o cuatro líneas de texto y sueldos mensuales de seis dígitos ($ 170.000 netos para un director general, equivalentes a dos días de internación en terapia intensiva), aunque en el último año fueron ajustados por debajo de la inflación.

En la gran mayoría de los casos, son designados por períodos de 180 días prorrogables por lapsos similares y exceptuados de los requisitos establecidos en el convenio colectivo del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) homologado por el decreto 2098/08. Esta norma exige título universitario en carreras de 4 años o más de duración, especialización avanzada en el campo profesional a desarrollar o experiencia laboral en la especialidad no menor a 6 años.

Un dato a tener en cuenta es la incorporación a la APN de jóvenes de 25 a 35 años, según se desprende del número inicial del DNI. O sea que, en el mejor de los casos, la cantidad prevalece sobre la calidad para el diseño o ejecución de políticas públicas. Y, en el peor, que el Estado funciona como una agencia de empleo para gente no capacitada o una caja para militancia rentada.

Por caso, semanas atrás fue nombrado en Tecnópolis un “Director de Vinculación Territorial”, pese a que el predio de Villa Martelli -dependiente del Ministerio de Cultura-, permanece virtualmente inactivo. Otros cargos llamativos (que ocuparían buena parte de una tarjeta de presentación, hoy en desuso), son el de “Supervisor de Auditoría Legal de la Auditoría Interna Adjunta de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat”. O el de “Coordinador de Adaptación al Mercado Local de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos de la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo”.

La designación de coordinadores es otra constante, atribuible a la proliferación de ministerios, secretarías, subsecretarías y organismos públicos. Por ejemplo, acaba de aprobarse la estructura del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con una unidad de Auditoría Interna; direcciones generales de Administración, Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional, Asuntos Jurídicos; más las direcciones nacionales del Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales, de Proyectos de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano, de Desarrollo de Políticas Sociales, de Despliegue Territorial de Políticas Sociales, de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y, finalmente, del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales.

A esto se suma la incorporación a la planta permanente de distintos ministerios y organismos dependientes de la APN de 26.808 agentes contratados, como parte del acuerdo con los gremios estatales que aceptaron la paritaria de este año con ajustes salariales muy por debajo de la inflación.

Sin embargo, merece un párrafo aparte la reciente aprobación de la estructura de la “Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner” como organismo desconcentrado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Julio Vitobello. Creado en 2011, ahora tendrá un director de Promoción de la Integración Regional (“de los pueblos latinoamericanos en términos culturales, políticos, económicos y sociales”) y tres coordinadores de Formación y Capacitación; Articulación y Comunicación y Divulgación que, se supone, incorporarán personal a cargo. Más sugestivo es que su misión se asemeja a la del Instituto Patria, cuyo sitio web tiene el titulo “Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana” y funciona como una suerte de escuela de formación política para cuadros políticos de La Cámpora, con ideas y consignas setentistas, siete filiales en el interior y más de 30 comisiones de trabajo que dictan clases, talleres y seminarios a distancia, producen infinidad de documentos como bajada de línea y hasta cuenta con un canal virtual para la militancia.

* Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional