NÉSTOR O. SCIBONA *

Las notorias diferencias ideológicas dentro del Gobierno en torno de la renegociación en este año electoral de la deuda con el Club de París y el FMI, cuya postergación deja a la Argentina sin crédito externo, están abriendo paso a una vía paralela: la reactivación de la asociación estratégica con China sellada en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, ampliada en 2014 por Cristina Kirchner y que en los últimos años se caracterizó por marcados altibajos.

La amplitud de ese acuerdo, un eslabón de la geopolítica china de expandir su influencia en Latinoamérica y África, vuelve a perfilarse ahora como una fuente de financiamiento clave para grandes obras de infraestructura en múltiples sectores de la Argentina; obviamente, a cambio de la participación de empresas y corporaciones estatales del gigante asiático en el suministro de equipos, insumos y tecnología.

“China demostró que será un aliado clave en la recuperación argentina”, afirmó esta semana el hiperactivo embajador en Pekín, Sabino Vaca Narvaja, en reportajes con medios argentinos (El Cronista y el sitio web DangDai). No fue sólo una formalidad diplomática de este hombre de confianza y línea directa con CFK. También elogió sin reparos al presidente Xi Jinping y la venta de vacunas, sostuvo que el protagonismo internacional chino es imposible de soslayar y que la Argentina debe aceptar la tecnología china de 5G para telecomunicaciones desarrollada por Huawei.

Aunque el presupuesto 2021 prevé un aumento del gasto en pequeñas obras públicas –mayormente de carácter electoral– en varias provincias, la relación con China incluye por cuerda separada un portafolio de grandes proyectos que, al menos, podrían ser anunciados formalmente este año para mejorar las expectativas económicas antes de las elecciones. En lo inmediato, esa posibilidad quedó frustrada porque la pandemia obligó a postergar el viaje del presidente Alberto Fernández a Pekín, previsto para este otoño.

Sin embargo, el ala kirchnerista se mantiene muy activa con distintas agencias chinas para bajarle línea a funcionarios del Gobierno. Por caso, el secretario de Energía, Darío Martínez, anunció hace un par de semanas la firma de un memorándum de entendimiento con PowerChina y Shanghai Electric Power Construction para estudiar la viabilidad de la construcción y financiamiento del sistema de gasoductos (ahora denominado “Transport.Ar Producción Nacional”). Con la documentación técnica aportada por la SE, a fin de julio debería estar listo el proyecto ejecutivo, que podrá derivar en un contrato comercial con financiamiento de bancos chinos a 20 años. Según estimaciones extraoficiales, implicaría inversiones por 3200 millones de dólares.

El eje de la iniciativa es el transporte de gas natural desde los yacimientos neuquinos de Vaca Muerta, a través de un nuevo gasoducto troncal a construirse en dos etapas: desde Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires) y posteriormente hasta San Jerónimo (Santa Fe). La publicación especializada Desarrollo Energético reveló que el Gobierno planea entregar el manejo a la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa, ex Enarsa) que cobrará el servicio en pesos a las petroleras y que la construcción por parte de compañías chinas se realizará por contratación directa, como lo prevé el acuerdo bilateral de cooperación económica.

Aun así, se supone que habrá participación de proveedores y operadores locales (TGN y TGS), ya que el sistema incluye otras obras en carpeta como la ampliación de la capacidad de transporte de los gasoductos Centro-Oeste y San Martín (cuenca Austral) y la repotenciación de plantas de compresión del gasoducto NEA, además de algunas que pueden ser redundantes o superpuestas según como se diseñe el proyecto. También existe interés de China en la construcción del Tren de Vaca Muerta, para transportar insumos (arenas de perforación) y equipos desde el puerto de Bahía Blanca hasta Añelo (Neuquén). Ni este proyecto ni el gasoducto troncal pudieron avanzar en la gestión de Mauricio Macri, a raíz de la crisis cambiaria de 2018 y el corte de financiamiento externo. Tras sucesivas prórrogas, la licitación internacional convocada en 2019 para construir y operar el gasoducto por 35 años, con tarifas en dólares, fue finalmente anulada por la SE en diciembre de 2020.

En el área energética, un proyecto conflictivo es la construcción de la cuarta central nuclear (en el complejo de Atucha I y II), de 1000 MW y tecnología china Hualong, con uranio enriquecido como combustible y enfriamiento por agua liviana, que por primera vez se aplicaría en la Argentina, a un costo de US$ 7800/8000 millones. Si bien el acuerdo firmado en 2014 preveía dos centrales, la primera de las cuales –de 760 MW– debía utilizar un reactor con uranio natural y agua pesada para aprovechar la experiencia y los recursos del país, en la revisión dispuesta en 2018 se anunció que se suspendía la construcción de ambas por su elevado costo para la situación fiscal del país. Pero un año después, Macri decidió avanzar con el reactor Hualong, que ahora motiva una renovada presión del gobierno chino. Esta situación generó incluso un debate dentro del actual gobierno, ya que algunos especialistas sostienen que la central –llave en mano y de mayor costo– dependerá del suministro de uranio enriquecido que producen tanto China como los EE.UU.

Otro dilema se presenta con la tecnología 5G que es motivo de disputa política entre ambas potencias, aunque el espectro será licitado en la segunda mitad de 2022. A esto se suma el debilitamiento inversor de las compañías de telecomunicaciones que operan en el país, tras la controvertida decisión de Alberto Fernández de declararlas servicio público y regular sus precios, que probablemente deberá resolver la Corte Suprema.

La prórroga de la concesión de la Hidrovía del río Paraná hasta fin de julio, ante la demora en convocar una nueva licitación, también desató una fuerte interna en el FdT sobre el área de Transporte, la parcela del gabinete maneja Sergio Massa. A tal punto que el nuevo ministro, Alexis Guerrera, fue cuestionado luego de asumir por Hebe de Bonafini y Alicia Castro, dos incondicionales de CFK. Por su lado, Axel Kicillof afirmó que el Estado debía recuperar “la soberanía sobre la Hidrovía”, independientemente de la empresa que la opere. Además, está circulando un video que convoca a “derrumbar la estafa consumada por Menem”, aunque deja de lado que el contrato de concesión fue prorrogado en 2015 por Cristina Kirchner y que uno de los socios (Gabriel Romero, de Emepa) admitió en la causa de los cuadernos haber pagado una coima de US$ 600.000.

Todo este ruido político hizo suponer que una compañía china podría ser adjudicataria, pero fuentes diplomáticas niegan que exista interés. La licitación internacional había sido dispuesta por el fallecido ministro Mario Meoni, tras haber convertido en diciembre la sociedad estatal creada meses antes e integrada por los gobiernos de siete provincias ribereñas, en un Consejo Federal de la Hidrovía como órgano consultivo y de control. También había firmado un acuerdo con la OCDE para garantizar la transparencia del proceso licitatorio y las normas a aplicar.

Estas disputas, que complican las negociaciones con el Club de París y el FMI, le suman otro problema al ministro Martín Guzmán. También al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, a cargo de la coordinación y prioridades de la asociación estratégica con China que, dicho sea de paso, también es miembro del FMI aunque con un poder de voto muy inferior al de los EE.UU, Alemania y Francia.

* Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional