HUMBERTO CAMPODÓNICO *

En julio del 2004, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, convocó a un referéndum. Con el 92% de los votos válidos se aprobó que el Estado recupere la propiedad de los recursos energéticos. Con el 87% se derogó la Ley 1689 de Hidrocarburos de 1996, promulgada por el gobierno de Sánchez de Lozada, que había rebajado las regalías del 50 al 18%. También con el 87% se aprobó la “refundación” de la estatal petrolera YPFB.

Antes, en el 2002 y el 2003, hubo la “guerra del gas”, que causó 50 muertos. Se desencadenó debido a la oposición a la exportación del gas natural a EE. UU. por el consorcio Pacific LNG, formado por Repsol, British Petroleum y British Gas, a través de un gasoducto hacia un puerto chileno. La “guerra” provocó la renuncia del Sánchez de Lozada y su huida a Estados Unidos. Fue reemplazado por su vicepresidente Carlos Mesa.

Esto permitió renegociar los contratos de exportación por gasoducto a Brasil y Argentina, lo que le proporcionó importantes ingresos de divisas. Hay que destacar que el precio del gas estuvo indexado a sus sustitutos del petróleo (lo que no sucedió con las exportaciones del gas peruano a México), lo que provocó ingentes pérdidas al fisco peruano cuando bajaron los precios del gas en el 2011-2013 (pero no los del petróleo).

Terminado el referéndum, el presidente Mesa convocó a una delegación presidencial para la revisión de la capitalización, encabezada por Francisco Zaratti. El informe concluyó, por unanimidad, que el campo de gas San Alberto había sido descubierto por YPFB en 1990, motivo por el cual no se le podía aplicar la Ley 1689 de 1996, que le rebajaba la regalía de 50% a 18%. Clave. En el 2005, la Ley 3058 creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 32%, que se sumó a la regalía vigente de un 18 %. Se volvió, así, a la ley anterior.

En diciembre del 2005 hubo elecciones presidenciales en Bolivia y el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales obtuvo el 54% de los votos en primera vuelta. Además de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no así en Senadores. El MAS fue fundado en la década del 90 y a lo largo de los años su agenda se elevó largamente por encima de las reivindicaciones de los productores de la hoja de coca, asumiendo un carácter nacional. Las elecciones del 2002 fueron un hito importante: el MAS con Evo Morales fue segundo con el 21%, siendo superado por Sánchez de Losada con el 22.5%. Sánchez fue elegido por el Congreso.

Una de las primeras medidas del presidente Morales en el 2006 fue la promulgación del DS 28701, también llamado de “nacionalización” de los hidrocarburos. En realidad, todas las empresas privadas de explotación de hidrocarburos se sometieron a la renegociación y ninguna dejó el país. En octubre del 2006 se firmaron los 44 contratos renegociados entre YPFB y las empresas. El DS 28701 también dispuso que YPFB recupere las dos refinerías que habían sido privatizadas a Petrobras: el pago al contado fue de US$ 112 millones.

Es importante resaltar que los contratos de hidrocarburos debían ser aprobados por el Congreso, tal como lo exigía la Constitución. Pero eso no había sucedido, motivo por el cual el “sustento legal” de las empresas no existía. El nobel Joseph Stiglitz se sumó a esa posición (Europa Press, 23/5/2006). Lo contrario sucede acá, donde los contratos ley están blindados por el Artículo 62 de la Constitución de 1993: solo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes.

No hay ya lugar para analizar la Asamblea Constituyente convocada en julio del 2006 ni la performance económica, política y social del gobierno hasta el 2019. Basta decir que en los comicios del 2020, el candidato del MAS, Luis Arce, fue elegido presidente en primera vuelta con el 55% de los votos. Puede decirse que la larga trayectoria del MAS para llegar a la presidencia, así como su programa, ha sido determinante en la historia reciente de Bolivia.

* Ingeniero especializado en temas de economía de hidrocarburos