CARLOS PAGNI

Cecilia Nicolini es una asesora clave de Alberto Fernández. Politóloga, con una interesante carrera académica, se la reconoce por su compromiso con la función pública. Ahora hay que agradecerle algo más: una sinceridad tan inusual como candorosa. Hace dos semanas, el 7 de julio, Nicolini dirigió una carta, vía mail, a Anatoly Braverman. Es la mano derecha de Kirill Dmitriev, el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés). Hay varios motivos por los cuales esa carta, a la que accedió LA NACION, es muy valiosa.

El más importante es que revela la encrucijada desesperante en que se encuentra el Gobierno en relación con la apuesta más contundente de su plan de inmunización: la Sputnik V. También desnuda que la preferencia por esa vacuna ha sido una opción geopolítica; igual que el desinterés por productos alternativos. Nicolini explicita, además, algo obvio: que el oficialismo hace una utilización facciosa del plan de vacunación.

La otra evidencia que aporta esta nota no tiene que ver con su contenido, sino con el contexto en que fue divulgada: la administración de la pandemia es solo uno de los campos en que se desarrolla un conflicto entre dos sectores del oficialismo. Es el conflicto que aparece en el armado de las listas para las próximas elecciones.

La nota de Nicolini, que se envió con copia a la ministra Carla Vizzotti y a su secretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo, comienza con una confesión angustiante: “Como le mencioné hoy, estamos en una situación muy crítica. Nosotros teníamos la esperanza de que, después de la conversación que tuvimos tú, Carla, Kirill y yo un par de semanas atrás, las cosas iban a mejorar. Pero han empeorado”.

La funcionaria explica que no llega el componente 2, que es el que se aplica en la segunda dosis. Y reclama el envío, aunque más no sea, de un millón de unidades para inocular a los mayores durante el fin de semana. Es decir, el 10 o el 11. No tuvo suerte: recién el 13 llegaron 550.000.

Más allá de las dificultades para conseguir el componente 2, todo el contrato con el RDIF y con Human Vaccine, una empresa creada por ese fondo para vender la Sputnik V, está al borde de naufragar. Nicolini se lo dice en estos términos a Braverman: “…Todavía necesitamos recibir las dosis pendientes del Componente 1. Tal como lo indica el contrato, todavía tenemos pendientes de recibir 18.734.185 dosis (5,5 millones C1 + 13,1 millones C2). Aún estamos esperando el cronograma de entrega de Julio que Usted también acordó enviarnos en esa llamada. Pero no lo recibimos. En algún punto, podríamos pensar en recibir más componente 1 que 2, o pensar nuevas estrategias, pero urgentemente necesitamos algo del componente 2. A estas alturas todo el contrato está en riesgo de ser públicamente cancelado. Nosotros entendemos el faltante y las dificultades de producción de algunos meses atrás. Pero ahora, siete meses después, todavía estamos muy atrás, mientras estamos empezando a recibir dosis de otros proveedores en forma regular, con cronogramas que se cumplen”.

El párrafo siguiente tiene un matiz enternecedor: Nicolini intenta sensibilizar, tal vez presionar, al hombre de Vladimir Putin al informarle: “Recientemente emitimos un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas americanas y recibir donaciones de los Estados Unidos. Las propuestas y entregas son para este año y también incluyen vacunas pediátricas, lo que es otra ventaja. Le pedimos a su equipo que comparta un protocolo para uso pediátrico que nos permita ejecutar un estudio aquí, pero todavía no recibimos nada”.

El pasaje sugiere algo así como “si nos siguen ignorando nos vamos con los Estados Unidos”. Una insinuación significativa, que confirma lo que se sabe: la estrategia de vacunación está guiada por criterios geopolíticos, acaso más que sanitarios. Un aspecto que ilumina de nuevo la resistencia a comprar vacunas norteamericanas, sobre todo la del laboratorio Pfizer, única autorizada para uso pediátrico.

La contracara de esa reticencia es la franqueza con que Nicolini explica a Braverman que el Gobierno ya no puede hacer más cosas para beneficiar al fondo ruso y al laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras, con el que ese fondo contrató la elaboración local de la Sputnik V.

La transparencia de la asesora es sorprendente: “Finalmente, la producción local fue un gran paso para todos nosotros. Nuestro Presidente participó del evento de lanzamiento, incluso esperando por más de 2 horas. Nosotros estamos muy felices y con gran apoyo a Richmond. 

Solo le pedimos que tenga los primeros resultados antes del 9 de julio, ya que es una fecha muy importante para nosotros, el Día de la Independencia, lo que es muy significativo. Richmond envió las primeras dosis para pasar el control de calidad el 16 de junio. Nos habían dicho que este proceso podría demorar entre 10 y 15 días. Es 7 de julio y todavía no está listo y no estará listo para el 9 de julio, como el Presidente les pidió amablemente, teniendo en cuenta los días que se necesitan.

Las dosis están en Rusia por más de 21 días ahora… nosotros esperamos que Usted ponga especial atención a esto, que fue el único y más importante pedido del Presidente Fernández y fue, otra vez, una decepción para él y para el país”.

Nada que llame la atención: Fernández necesitaba, por razones de campaña, anunciar que Rusia aprobaba la fabricación local de la Sputnik el 9 de julio. Tampoco le dieron ese gusto: el visto bueno llegó el 15. De todos modos, Nicolini y Fernández hicieron de tripas corazón y salieron alborozados a dar la vuelta olímpica por Twitter.

Hay en la carta un párrafo vidrioso. Nicolini explica a Braverman que no puede acceder a un requerimiento: que el Estado, en vez de comprar las vacunas al sello Human Vaccine, se las compre a Richmond. No están claras las razones del pedido.

En el Gobierno explican que para RDIF, por la normativa rusa, es más costoso exportar vacunas que exportar el principio activo de esas vacunas. Por eso preferiría que el proveedor sea Richmond. De ser así, el Gobierno tendría un problema: previó desgravar la compra de todos los suministros nacionales relacionados con la pandemia, menos las vacunas. Es decir: si le comprara a Richmond, habría que sumar un costo impositivo que se evita con la adquisición de Estado a Estado.

Para que su interlocutor no lo tome a mal, Nicolini menciona algunos beneficios concedidos: por ejemplo, a Figueiras se le permitió importar el principio activo sin pagar aranceles, “entendiendo que esas dosis iban a ser entregadas a nosotros”. Ojalá sea así. Porque Figueiras tiene un contrato para vender esa vacuna en varios países. Es decir: el fisco argentino le estaría dando una ventaja ajena por completo al interés nacional.

El cierre de la carta de Nicolini es conmovedor. Ideal para leer con un trago de vodka y kazachok, bajito, de fondo. En su afán porque los rusos, que ni le contestan los mensajes, envíen las vacunas, la asesora enumera todo lo que el gobierno de Fernández está haciendo por el de Putin: “Pronto, un nuevo estudio será publicado y revisado en una revista especializada sobre la eficacia, efectividad después de 6 meses, y la respuesta ante las nuevas variantes. Nosotros respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik V sea el mayor éxito, pero Ustedes nos están dejando con muy pocas opciones para continuar peleando por Ustedes y por este proyecto! Y como también mencioné una vez, estamos soportando persecuciones legales como funcionarios públicos debido a estas demoras, poniendo en riesgo nuestro Gobierno”. Es un párrafo inesperado en alguien que integra una administración encabezada por Fernández y por Cristina Kirchner, dos adalides de la soberanía nacional.

La de la Sputnik V es la segunda apuesta que el oficialismo intenta rescatar del fracaso. La primera fue la de AstraZeneca, impulsada por su productor local, Hugo Sigman: se trata de 22 millones de dosis, de las cuales alrededor de 12 millones se pagaron en noviembre de 2020, para ser aplicadas en diciembre; pero comenzaron a llegar en junio de este año, a cuentagotas. Cinco días después de escribir a Braverman, Nicolini se embarcó con Vizzotti hacia Londres, para visitar AstraZeneca y tratar de que el laboratorio cumpla con sus compromisos.

El reclamo ante Rusia parece de una enorme ingenuidad. El fondo que financia y comercializa la Sputnik V está, al cabo de una fenomenal campaña de marketing, enfrentando enormes dificultades internacionales. Lo describió con detalle Inés Capdevila en este diario 20 días antes de que Nicolini enviara su mail.

El escándalo acaba de estallar en la India: los rusos anunciaron el miércoles que producirían su vacuna junto al instituto Serum, el mayor laboratorio infectológico del planeta; pero un día antes, otro gigante farmacéutico, Dr. Redy, informó en Nueva Delhi que suspendería la distribución de Sputnik V porque sería irresponsable hacerlo cuando no están disponibles las segundas dosis.

En Rusia conocen bien esta dificultad: cuando los Estados Unidos han vacunado al 48,33% de su población y la Unión Europea al 44,08%, solo el 14,23% de los rusos fueron inmunizados por completo. Apenas 2,6 puntos más que los argentinos. 

Fernández le pide a Putin algo que Putin no tiene para su propia gente. En la Argentina este problema se agrava por una peculiaridad: la vacuna rusa fue la que se privilegió para inmunizar a los mayores de 70 años, que son los más vulnerables al Covid. Esa franja ahora espera la segunda dosis que no llega.

Además de un juego de poder internacional, cabe imaginar que sobre la crisis sanitaria argentina se esté proyectando una disputa interna. La carta a Braverman fue subida al sistema público de información por el secretario Monsalvo, un ahijado de Ginés González García.

Es muy probable que Monsalvo esté obligado a dar ese paso, aun cuando Nicolini tenga derecho a pensar que la divulgación de un mail no es imprescindible. Desde Salud el texto fue a las comisiones especializadas del Congreso. En Diputados fue recibido por el tucumano Pablo Yedlin, un delegado de Juan Manzur, acaso el político más cercano a Hugo Sigman. Yedlin no puso todo el celo necesario para evitar que esa joya literaria que es la nota de Nicolini trascendiera.

Más allá de estos detalles, suponer que la divulgación del mail ha sido una jugada del sector antirruso en la guerra interna de las vacunas puede ser una fantasía afiebrada sobre un complot propio de la Rusia de los zares. O de Stalin.

A ese sector pertenecen los amigos de Alberto Fernández. Cristina Kirchner, que se preguntó hace pocos días por qué Manzur se había salvado de un procesamiento que sí afectó a otros funcionarios, está rodeada de dirigentes que simpatizan con los rusos. O tienen antipatías hacia Sigman. O hacia el Reino Unido y, por lo tanto, hacia AstraZeneca. 

Alicia Castro, por ejemplo, que se preguntó a través de Twitter qué lecciones fueron a tomar Vizzotti y Nicolini a Londres. La iniciativa de adquirir la Sputnik nació de Axel Kicillof. Su ministro de Salud, Daniel Gollán, reveló: “Cuando nos enteramos de que la Sputnik podía ser fabricada por un laboratorio argentino, le pasamos el dato a Figueiras”. Estas convergencias se registran en un contexto que excede lo sanitario: para los hombres de Putin que observan la Argentina, la figura más interesante es Kicillof.

La querella de las vacunas es el barco que se agita en la superficie de un inquieto mar de fondo. El conflicto que envuelve al Frente de Todos ya supera la mera tensión entre Cristina Kirchner y su delegado Alberto Fernández. Alrededor de estas dos figuras se han configurado dos bloques de poder, que expresan intereses distintos y anclajes internacionales contradictorios.

Solo contra el telón de fondo de esta disputa se puede entender la resistencia de Fernández a entregar a Santiago Cafiero para que encabece una lista bonaerense. Solo contra ese telón de fondo se comprende la insistencia de Cristina y Máximo Kirchner por capturar la Jefatura de Gabinete e intervenir una gestión que, por rebeldía o por desorientación del Presidente, se les ha escapado de las manos.