CLEDIS CANDELARESI *

El Estado nacional gestiona un aporte de empresas privadas para completar los fondos que necesita para construir un gasoducto que permita drenar el gas de Vaca Muerta. El anhelo oficial es sumar contribuciones por alrededor de US$300 millones en forma rápida, refuerzo a la porción del denominado “impuesto a la riqueza” que se destinó al área energética y a otras eventuales fuentes presupuestarias. La obra se vislumbra vital para frenar la pérdida de divisas por las millonarias importaciones en el área.

La decisión política de ejecutar el gasoducto denominado Néstor Kirchner está tomada y tendrá un trámite tan rápido como se pueda. Pero la fórmula de financiamiento es algo aún en definición. Se trata de una tarea compleja desde lo formal y sensible desde lo político.

El titular del Enargas, Federico Bernal, se erigió de facto en uno de los coyunturales líderes de esta iniciativa, aunque su función estricta como regulador de los contratos con privados para transportar y distribuir producto no incluya el diseño de obras. Sin embargo, el funcionario logró que su opinión talle en la solución de un problema que el Gobierno considera de resolución urgentísima.

Vaca Muerta es un gigante dormido si no hay infraestructura para llevar el hidrocarburo a los centros de consumo, locales y externos.

Hoy el país necesita importar gas licuado y otros combustibles líquidos más caros aún porque lo que se produce localmente no alcanza. El déficit energético podría llegar a US$1.700 millones el año próximo. Una fortuna para un país con escasez de divisas y reservas menguadas en el Banco Central.

El precio del gas en el mundo superó los US$30 el MBTU hace unas semanas. Los especialistas proyectan que bajará a alrededor de 14 dólares la unidad calórica cuando llegue el invierno argentino y sea necesario importar. Aún así, un valor muy alto. Mucho más si se lo compara con los US$3,5 esa unidad que se remunera en el mercado local.

El gasoducto de Vaca Muerta es una idea que se vino madurando en los últimos años, con varios proyectos desde el sector privado que no prosperaron. Se hicieron bosquejos de las propias transportadoras de gas (TGN y TGS) y de las productoras que, sin un nuevo caño, tienen un límite concreto para producir. Por lo tanto, existe un interés genuino en que esa obra se realice de algún modo.

Hasta hace tres o cuatro años, las compañías privadas que operan en la cuenca neuquina estaban dispuestas a consorciarse de alguna manera para financiar ese tendido y operarlo. Pero la administración de Alberto Fernández ya definió que el mecanismo será el de obra pública a costear prioritariamente con fondos presupuestarios varios, aunque sin despreciar un eventual (y deseado) aporte privado.

De ahí que la gestión del secretario de Energía, Darío Martínez, haya empezado contactos oficiosos con algunas petroleras para testear la voluntad de hacer una contribución que complete los del presupuesto público. Las compañías consultadas por el Económico no confirmaron su participación pero tampoco la descartan y ratifican la importancia que tiene el proyecto en ciernes.

En principio, irán para el emprendimiento $56.250 millones del impuesto a la riqueza. Ese monto equivale al 25% de la recaudación que, según la ley, corresponde a la estatal IEASA que utilizará los fondos a través de YPF.

La compañía de mayoría estatal tendrá un papel neurálgico en el esquema para ampliar la red de gasoductos con definiciones aún pendientes.

La idea oficial consensuada hasta el momento es comenzar antes de fin de año con la licitación del tramo Tratayén (Neuquén) Saliqueló (Buenos Aires). Este sería completado con otros tendidos y ampliaciones (loops en la jerga) que permitirían ampliar la red troncal de modo tal que la mayor producción del sur pueda canalizarse hacia el norte. En principio, reemplazando lo que se traía de Bolivia, que cada vez tiene menos.

Pero esa es sólo la primer etapa del proyecto, que demandará unos US$1400 millones y permitiría abastecer íntegramente la demanda local para dejar de importar en el invierno del 2023.

Argentina tendrá así el enorme alivio de no requerir dólares para esa operación que podría hacerse localmente en pesos, aunque el valor del gas esté fijado en moneda dura. Claro que para ese anhelado respiro del Banco Central aún falta transitar el duro invierno 2022.

El objetivo de mediano plazo será poder exportar a Brasil. Para eso hará falta un aporte mayor al contemplado para costear el primer tramo, con lo que la obra –contemplada en la reciente resolución oficial que define los objetivos de un programa para ampliar la red gasífera—superará cómoda los US$2.500 millones.

Resultan metas ambiciosas para un país con escasas o nulas posibilidades de conseguir financiamiento. Restricción válida para el Estado, pero que no excluye a los actores privados, excitados con la posibilidad de sacar rápido el producto de la mega cuenca. De otro modo, la neuquina Añelo pasaría de ser una promesa de prosperidad a un altar del tesoro perdido.

Las productoras también saben que hay una ventana temporal que puede cerrarse en los próximos años, en la medida que prospere el mandato mundial de darle paso a las energías renovables en reemplazo de los fósiles.

Es cierto que el gas es el menos contaminante de los hidrocarburos y será muy útil para hacer esa transición. Pero existe el vértigo del ahora o nunca. De ahí que nutrir con algo de fondos un “pozo” para acelerar el ducto es algo que no suena disparatado a las compañías del sector.

Mientras, siguen proliferando ideas entre los técnicos y los políticos en torno a qué sería mejor para el sistema troncal local, a veces contrapuestas al desarrollo del NK, según el diseño que estaría primando.

Algunos profesionales ligados a las transportistas opinan que sería mucho mejor usar el gas cerca de los yacimientos para producir electricidad y exportarla a los países limítrofes, ya que eso no demandaría un costoso gasoducto, infraestructura que en poco tiempo podría quedar obsoleta. Ex funcionarios de Bolivia aseguran que Argentina podría abastecer a Brasil desde ese país, en lugar de pensar en un caño que llegue por el sur a la nación que gobierna Jair Bolsonaro.

En cualquier caso, la última palabra la tendrá el gobierno de turno, a pesar de sus propias contradicciones en cada paso. Transitar el camino dual hacia lo verde las genera todo el tiempo.

Los directivos de YPF abrazan con entusiasmo y levantan como una bandera propia el proyecto de ley para promover inversiones en hidrocarburos que redactó Economía y hoy analiza el Parlamento. Pero la conducción ypefiana no le tiene ninguna simpatía al proyecto que diseñó el ministerio de Desarrollo Productivo para promover la movilidad sustentable, prohibiendo la comercialización de coches nafteros o gasoleros a partir del 2041, fuerte espaldarazo de Matías Kulfas a los autos eléctricos y la industria asociada.

* Licenciada en Comunicación Social. Periodista y asesora en medios