EDDY LAVANDAIO *

Hace unos días nos ocupamos de describir la flagrante demostración práctica de la falsedad ideológica, política y técnica de la prohibición del ácido sulfúrico contenida en la Ley 7.722. Resumiendo lo expresado en esa nota, decíamos que los mismos políticos que lo declararon por ley como un ácido peligroso para la tutela del agua, le cambiaron de nombre para seguir usándolo en la mina Sierra Pintada de la misma manera que antes, por diez años más.

Este hecho, además, demuestra con toda claridad que el acido sulfúrico usado correctamente y de acuerdo a las numerosas normas ambientales existentes en el proceso hidrometalúrgico de la mina de uranio, no solo se sigue utilizando sino que no le hace daño a nadie, poniendo en evidencia la gran mentira de la Ley 7.722.

El 19 de noviembre pasado Memo publicó una nota en la que se enfatizaba la necesidad y la decisión del gobierno nacional de producir uranio en el país esgrimiendo sólidos argumentos estratégicos, económicos y sociales en beneficio del país. En la misma nota se dijo que el Intendente de San Rafael se mostró a favor de respetar la postura de los habitantes del departamento, contraria a la reactivación productiva de la mina de uranio. Aclaremos que el gobierno nacional es peronista y el intendente de San Rafael dice que también lo es.

Vamos a recurrir a datos del libro "Minería, Perón y después" (Edit. Dunken, 2021) para tratar de encuadrar la actitud del Intendente en un plano estrictamente histórico y político.

Durante el segundo gobierno del General Juan Domingo Perón, en 1950, por Decreto Nº 10.936, se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. La misma CNEA, inició la producción de uranio en dos minas cercanas a la ciudad de Mendoza, en 1952, y a partir de 1955 continuó la producción en la mina Huemul, en Malargüe.

La creación de la CNEA no fue un hecho aislado sino un eslabón de una cadena de iniciativas y acciones contenidas en los Planes Quinquenales de esa época, destinadas a promover la producción de energía como condición imprescindible para el desarrollo industrial.

Durante el tercer gobierno de Perón, en 1974 se sancionó, se reglamentó y se implementó en todo el país la Ley 20.551 de Promoción Minera destinada a promover la inversión y la explotación de los recursos minerales del territorio nacional, y en 1975 la CNEA comenzó la producción de minerales de uranio en la cantera Tigre III de la mina Sierra Pintada, en San Rafael.

Otro gobierno peronista, entre 1993 y 1995, reemplazó el régimen de Promoción Minera por una nueva Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196, una Ley de Protección Ambiental para la Minería Nº 24.585 y varias otras normas que, en conjunto, mejoraron el clima de inversiones de ese momento y consiguieron aumentar considerablemente la exploración y la creación de muchas fuentes de producción, miles de nuevos empleos, un sustancial incremento de las exportaciones e ingreso de dólares al país y, a la vez, el debido cuidado ambiental.

Todo esto pone de manifiesto que la promoción de la minería y de la energía nuclear siempre fueron objetivos claros y concretos del peronismo. Por otro lado, también sabemos que el peronismo sobrevivió a la muerte de su fundador en base a la existencia de líderes que mantuvieron la doctrina justicialista y la estructura política mediante conductas verticalistas y un diálogo permanente con sus gobernados. Como puede verse, el liderazgo era un atributo fundamental.

El General Perón era un verdadero líder. Un tipo que escuchaba, preguntaba, estudiaba y planificaba, y con ese sólido respaldo salía a hablarle a su pueblo. Les hablaba, les explicaba y los convencía sobre el camino a seguir. En sus discursos se repetían ciertas palabras como producción, trabajo y justicia social. Hubo otros políticos que siguieron el ejemplo de Perón, y hasta fines del siglo XX esa clase de liderazgo caracterizaba al peronismo, aunque justo es decirlo, también en otros partidos los hubo como fue el caso de Raúl Alfonsín, otro gran lider argentino.

Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI los dirigentes dejaron de ser líderes y prefirieron esconderse permitiendo que predicadores foráneos como Montenegro, Rodríguez Pardo y muchos otros llegaran, se apoderaran de sus tribunas y les hablaran a su propio pueblo y los convencieran de oponerse al desarrollo minero, que es lo mismo que oponerse a un objetivo histórico del peronismo. Más aún, esos predicadores nunca promovieron nuevas fuentes de producción y trabajo y nunca procuraron la justicia social. Simplemente convirtieron a los dirigentes políticos en meros observadores y comentaristas de la obra de "concientización" llevada a cabo por ellos, tal como lo reconoce el Intendente al decir que "el pueblo es contrario" a la reactivación de la mina, sin atreverse a decir si ese es su pueblo y si esa es su opinión. Y también parece haber perdido la capacidad de entender y explicar a su pueblo las consecuencias de la desocupación, la pobreza y el gasto público innecesario.

En honor a la verdad, digamos que este intendente tiene un atenuante. Casi todos los políticos de Mendoza se comportaron de la misma manera, y eso le debe servir de consuelo. Líderes, realmente líderes, eran los de antes.

* Geólogo. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza