ALEX CÓRDOVA *
Luego del confinamiento mundial por la pandemia, entre el 2020 y 2021, los precios de los metales se incrementaron sustancialmente. Ello ha generado un aumento significativo de la recaudación tributaria en el Perú que ha alcanzado una cifra récord en nuestra historia.
Pero al parecer no es suficiente. Se sostiene que hoy es el momento para subir aún más la ya elevada carga tributaria del sector minero para “aprovechar” los mayores precios internacionales.
Tal incremento, supuestamente avalado por el FMI, buscaría dos objetivos: mantener la competitividad del país para captar inversiones y al mismo tiempo maximizar los tributos que el Estado puede obtener por el aumento de los precios. La premisa es contradictoria, ya que los mayores impuestos ahuyentan al capital, más aún si existe inestabilidad política y jurídica.
Lo que en realidad se busca es recaudar más y hacerlo ya, pero la pregunta trascendental es ¿para qué?. Se busca gravar más a la minería y generar mayores ingresos, pero sin que el Estado sepa cómo invertirlos, perdiéndose cientos de millones en obras inocuas y corrupción. ¿Para eso se quiere “aprovechar” de los mayores precios de los metales?
El incremento fiscal también es discriminatorio al incidir sólo en la gran minería, afirmándose que ella puede resistir una mayor carga tributaria por los bajos costos que tiene en comparación con otros países. Se soslaya los otros costos extra-fiscales (altísimos, por cierto) que existen en el Perú y que no se dan en otras latitudes: los ingentes gastos de responsabilidad social “necesarios” para sacar adelante los proyectos mineros ante la ausencia del Estado y los sobrecostos derivados de los conflictos sociales que el Gobierno no es capaz de resolver y, que por el contrario, azuza prometiendo el cierre de las minas.
Solo el bloqueo ilegal de carreteras que impide el tráfico de los minerales, produce un cuantioso incremento de los costos de producción y distribución que disminuyen la rentabilidad de las empresas mineras, aspecto que la burocracia no toma en cuenta en sus análisis teóricos. Lo que debe preocuparnos, más que recaudar más, es incrementar la producción y evitar que proyectos mineros de gran envergadura paralicen sus actividades.
Hoy no es momento para incrementar la tributación de las empresas mineras formales que cumplen estándares ambientales. Menos para cerrar minas, permitir que paralicen actividades o desalentar la exploración. Lo que el Estado debe hacer inmediatamente es dar las condiciones necesarias para sacar adelante los proyectos mineros que cumplen con todas las exigencias legales para operar, solucionar los conflictos sociales, combatir la minería informal y aprender a gastar bien los ingentes recursos fiscales que genera la minería. Esa es la verdadera urgencia de hoy; quizás de ayer.
* Abogado Tributarista