La situación caótica que se vive en Chubut a raíz de la aprobación y la casi inmediata derogación de la ley de zonificación minera muestra, nuevamente, la imposibilidad de diálogo de la sociedad en temas estratégicos para su desarrollo.

Se trata de una discusión que lleva casi 20 años en esa provincia. La reciente ley prohibía la utilización de cianuro a cielo abierto y preservaba el agua del Río Chubut, sin embargo, grupos antimineros realizaron violentas acciones, desmanes en la ciudad de Rawson, incluso en el diario El Chubut, que sufrió incendios y saqueos.

La minería metalífera conforma un sector estratégico que puede contribuir a la economía del país. Sin embargo, resulta frustrante la reiteración de los motivos que generan un rechazo de algunos sectores: la simplificación de una actividad compleja, la escasa comunicación por parte de las autoridades mineras, y su ambivalente actitud según su conveniencia, y la escasa transparencia de una industria que, sin duda, implica serios riesgos para el ambiente.

Ello, sin considerar las connotaciones ideológicas de quienes provocan desmanes y que no son castigados adecuadamente. 

Los militantes antimineros probablemente ignoran que los materiales de construcción de sus viviendas, el teléfono celular con el que organizan los ataques, los automóviles en los que se trasladan o los electrodomésticos que utilizan en sus desayunos son producto de la minería.

Pero no debe pasarse por alto que la ley se votó aunque no estaba en el orden del día: surgió sorpresivamente y, al terminar la sesión, se aprobó por una diferencia mínima de votos, y el gobernador Mariano Arcioni la promulgó a las pocas horas.

Todo un escenario propicio para generar incidentes en una provincia que arrastra demasiados problemas sin encontrar cómo solucionarlos.

Debe reconocerse que los errores de algunas empresas mineras arrastran a quienes desarrollan adecuadamente la actividad. Entre 2015 y 2017 la empresa Barrick tuvo tres derrames de sustancias contaminantes que fueron negados inicialmente. Al mismo tiempo, y de modo reiterado, la sociedad reclama una mayor claridad acerca de cómo se genera y distribuye la renta minera.

La reiterada falta de reconocimiento de estas falencias no ha hecho más que promover una profunda polarización y una bien ganada desconfianza de parte de la sociedad.

Nuestro país tiene un enorme potencial en minerales que deben ser explotados respetando las normas de protección ambiental. Sin embargo, si no se produce un cambio estratégico en el acercamiento de la industria minera y las autoridades a la sociedad seguiremos lamentando el accionar de inadaptados y la pérdida de un desarrollo sustentable para nuestro país.

Esquilmar al que tiene algo

FRANCISCO OLIVERA

odeado de ministros y colaboradores, con la provincia incendiada en todo sentido, Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, convocó a resistir la medida. “Es un buen proyecto para desarrollar la matriz productiva”, arengó. Era domingo por la noche, el pasado, en Comodoro Rivadavia. Acababa de aprobar cuatro días antes, con 18 años de demora, una ley histórica que permitiría la explotación minera en la Meseta Central, el área provincial de menores recursos, donde los principales ingresos vienen del empleo público. El ímpetu duró unas horas. A la mañana siguiente, ya en su residencia de Rawson, anunció exactamente lo contrario: llamaría a sesión para derogar la ley. Así se hizo el martes.

Que el gobernador siga pensando todavía en la posibilidad de convocar a un plebiscito para insistir con la minería expone la urgencia del objetivo, que le costó energía e imagen personal y que de alguna manera pagó sin contraparte: como su administración está montada sobre una red de alianzas, tuvo que negociar, y ceder cargos en el Superior Tribunal de Justicia y en la Fiscalía Anticorrupción a dirigentes que en la mañana del lunes ya le habían soltado la mano.

Entre ellos, a los mellizos Sastre: Ricardo, el vicegobernador de la provincia, y su hermano Gustavo, intendente de Puerto Madryn, que consiguieron así ubicar en la corte a Daniel Báez, fiscal jefe de ese distrito. Ricardo, que quiere ser gobernador en 2023, publicó ese mediodía en Twitter: “La paz social es prioridad, y tras las marchas pacíficas de estos días en cada rincón de #Chubut, solicitaremos se derogue la Ley de Zonificación. Es nuestra responsabilidad como dirigentes que la gente no esté manifestándose en la calle, sobre todo en esta fecha tan particular!”. Por la noche, manifestantes ambientalistas prendieron fuego la sede del diario El Chubut, todavía con gente trabajando. Fue el 17° edificio destruido en cuatro días.

Arcioni es peronista y llegó al cargo respaldado por Sergio Massa, a quien conoció en su juventud en la Universidad de Belgrano, pero palpó en esta semana la soledad de quienes han perdido poder. Es probable que el rechazo de la ley, que llevó a la Unión Industrial Argentina a reunirse el martes con la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, haya postergado no sólo el proyecto en cuestión -los 1200 millones de dólares que la canadiense Pan American Silver prevé invertir en el yacimiento Navidad para extraer plata y plomo-, sino también objetivos más audaces que, si se concretaran, cambiarían la historia de la provincia. Por ejemplo el del yacimiento de oro Suyai, en Esquel, que tiene una capacidad de dos millones de onzas de oro y que pretende operar la canadiense Yamana Gold. El año pasado, pese a que la minería está prohibida en esa zona desde 2003, y pensando acaso en la posibilidad de un cambio en la legislación, el grupo IRSA le compró a Yamana Gold 4% del proyecto con la opción de extenderlo a 40%. Sin embargo, tal como están hoy, las cosas no pasarán de un sueño dorado: a valores actuales, dos millones de onzas equivalen a 3600 millones de dólares, bastante más que todas las reservas netas que le quedan al Banco Central.

Los episodios de Chubut pueden dejar una lección nacional. Explican, por lo pronto, la dificultad de aventurarse con medidas impopulares cuando se encabeza un gobierno débil. Es cierto que Arcioni tiene una imagen negativa récord, pero los resultados del resto de la dirigencia nacional tampoco descuellan. Una encuesta que Poliarquía acaba de enviarles a sus clientes indica que el 63% de los argentinos opina que en el Gobierno “no saben cómo resolver los problemas” y que apenas uno de cada diez califica positivamente la gestión económica nacional. El desastre es general: sólo dos dirigentes de todas las fuerzas, Vidal y Rodríguez Larreta, mantienen una imagen de 40% o más, y apenas cuatro por sobre el 30%: Patricia Bullrich, Alberto Fernández, Facundo Manes y Diego Santilli.

Es la atmósfera en que Alberto Fernández debe administrar la escasez. El lunes, durante la reunión en Olivos con gobernadores, el Presidente acordó los términos del Consenso Fiscal, que se firmará pasado mañana y que insta a la provincias a elevar hasta el máximo las alícuotas de algunas actividades en Ingresos Brutos y, lo más controvertido, a gravar la herencia, tributo que sólo tiene la provincia de Buenos Aires y que los juristas cuestionan cuando se superpone con el de Bienes Personales. El argumento de los objetores es que no puede haber una doble imposición sobre el patrimonio: en general, los países que cobran impuesto a la herencia no gravan Bienes Personales.

La decisión, que el Gobierno atribuye a que se quedó sin opciones luego del rechazo del presupuesto, es para el Frente de Todos una triple carambola: recauda, tentará seguramente a gobernadores opositores y, lo más relevante, recupera un estandarte ideológico propio según el cual el esfuerzo deben hacerlo los de mayores ingresos. Desde esa lógica, los ricos no sólo se contagiarían más Covid, como planteó Krepplak, sino que además tendrán que pagar los costos del sistema. El Gobierno ubica a ese universo imaginario en la vereda de los “anticuarentena”, los que militan contra el pase sanitario, frente a los cuidan al otro porque “es la Patria”, englobados en lo que Alberto Fernández llamó alguna vez “los argentinos de bien”. D’Elía volvió a trazar la distinción el martes en Radio Rebelde: “Ellos creen en el mérito para comer, vivir, estudiar, tener una casa, cuando nosotros no creemos en el mérito: creemos en el derecho. Ellos tienen un profundo desprecio por los pobres, ellos creen que el grave problema en la Argentina son estos 22 millones de personas en la pobreza que el Estado ayuda de alguna manera. Y en realidad para mí y para los que estamos de este lado de la vereda son los ricos, ladrones de este país”.

El Gobierno volvió a emplear esta matriz para la discusión de Bienes Personales. “Los que más tienen”, caracterizaba el sábado en San Vicente el Presidente a un sector que, por la inflación, incluye desde hace años a contribuyentes de clase media. Un cálculo del tributarista César Litvin indicó en estos días que, antes de la actualización del martes, el mínimo no imponible del impuesto alcanzaba, por ejemplo, a cualquier dueño de un Volkswagen Gol Trend 0 Km que tuviera además un ahorro de 20.000 dólares.

Son distorsiones que surgen del descontrol de la macroeconomía. Pero que hacen juego con la urgencia de recaudar y, en algún punto, con la falta de contacto entre ciertos dirigentes políticos y el sector privado. La Argentina parece a veces haber perdido noción de cuánto cuesta producir. Ofelia Fernández, legisladora porteña, acaba de presentar un proyecto llamado Sol BA que consiste en que el protector solar no sea considerado un cosmético, sino un “medicamento para la producción de enfermedades” como el cáncer de piel y, por lo tanto, “de acceso gratuito para quien lo necesite”.

La Argentina es desde esa óptica una gran Chubut: fracturada por mezquindades partidarias, atravesada por la ideología y urgida por aplacar reclamos genuinos, ha ido perdiendo en silencio la capacidad de generar riqueza. ¿De dónde sacar recursos que son escasos? Gran parte de la dirigencia ni siquiera se lo pregunta. ¿En todo los casos por necesidad fiscal? Algunos discursos indican que no siempre se hacen bien las cuentas: a veces el cinismo parece la menos preocupante de las alternativas.