JULIO VILLALONGA *

El caótico final del gobierno de Mauricio Macri y la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus, en los primeros dos años de gestión de Alberto Fernández, han dejado a la Argentina en una situación económica, financiera y social muy vulnerable.

La atención a las necesidades básicas, con un nivel de pobreza superior al 50 por ciento, un salto de la indigencia y la caída de puestos laborales han dibujado un panorama futuro desalentador, más allá del rebote de la economía en 2021, mientras además no termina de cerrarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el controversial préstamo de 44.000 millones de dólares que el organismo le otorgó al gobierno de Cambiemos en 2018, que no logró impedir la derrota de Macri al final del año siguiente.

El contexto global arrojó una única buena noticia para el país: los precios de los “commodities” que exporta se mantuvieron y la última cosecha volvió a ser récord, pero aún así el impulso no alcanza y la escasez de divisas se hace sentir con su presión sobre el valor del dólar (o el disvalor del peso).

En este contexto, sin financiamiento internacional, pensar en obras de infraestructura, por muy necesarias y hasta estratégicas que sean, parece una quimera.

El próximo 4 de febrero, siempre que los coletazos de la variante ómicron lo permitan, Fernández desembarcará en el aeropuerto de Pekín para celebrar una cumbre con el líder Xi Jinping a cuento del medio siglo de iniciadas las relaciones entre los dos países.

La Administración Fernández ha intentado diversificar sus relaciones económicas internacionales fortaleciendo canales con China y Rusia, dos países emergentes que buscan avanzar con sus empresas en regiones donde históricamente la hegemonía era de las potencias occidentales. Las repercusiones han sido inmediatas y tanto en Washington como en Bruselas se han hecho escuchar las advertencias.

Mientras Argentina pretende cerrar el acuerdo con el Fondo, los votos de EEUU y de los países europeos son claves para ordenar el frente externo. Este es el dato clave de la vulnerabilidad de la que hablábamos al principio.

Así las cosas, en este informe nos dedicaremos a exponer la situación de los proyectos con empresas chinas ya iniciados, los que están en vías de hacerlo y los que hace años se anuncian pero nunca se empiezan (y es probable que por razones geopolíticas nunca lo hagan).

Hechos concretos. La empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) firmó un preacuerdo con las autoridades de las contratistas Power China y Shanghai Eléctric para la ampliación en 200 MW del parque fotovoltaico Cauchari 2, cuya primera parte ya cuenta con una potencia de 300 MW, lo que lo convertirá en el más grande de la región,

El proyecto está situado en la región de La Puna, en el departamento de Súsques, a unos 278 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy. El parque solar inyecta la energía producida al SADI a través de la Estación Transformadora (ET) de Cobos, a unos 200 kilómetros, mediante una línea de 345 KV ya existente.

Cauchari está a 4.000 metros sobre el nivel del mar y abarca una superficie de 800 hectáreas. A través de la Ronda 1 del programa Renovar, JEMSE cerró un contrato con Cammesa por 60 US$/MWh con una producción anual estimada de 840.000 MWh/año y una vida útil de más de 25 años. Según un comunicado de la empresa provincial, cuenta con un componente nacional comprometido del 22,7% del total de componentes electromecánicos.

El desarrollo de Cauchari ha volcado más de 500 millones de dólares al mercado interno y generó más de 1500 empleos directos. Y el 65% de la mano de obra pertenece a las comunidades originarias, indicó la empresa estatal.

Jujuy constituye uno de los lugares con más radiación del planeta y este proyecto le permite a la provincia “posicionarse en el mercado internacional de las energías renovables” con el compromiso de “fortalecer a la empresa como herramienta para promover el desarrollo económico productivo de la provincia con participación integrada, aseguró un comunicado oficial.

LA AMPLIACIÓN DE ARAUCO

El Parque Eólico Arauco SAPEM (PEA) fue inaugurado el 20 de mayo de 2011, fue un desarrollo con ingeniería nacional cuyas primeras etapas fueron construidas por IMPSA Wind, empresa del Grupo Percarmona y culminó 2017 como la empresa más destacada en las licitacionesdel Programa Nacional RenovAr. De hecho, la firma riojana ganó las tres licitaciones y se consolidó como una de las empresas más importantes en el rubro con 400 MW de potencia nominal. 

Pero la crisis del gobierno de Macri desbarataron el avance de la nueva etapa, por lo que el Ministerio de Agua y Energía riojano decidió dividir en dos los proyectos para poder encarar su desarrollo ya que le resultaba imposible poder realizarlos todos al mismo tiempo por la falta de fondos. 

Por lo tanto, planean encarar primero las etapas 3 y 4 (95MW) de Arauco II porque las obras ya tienen un 60% de avance y con las 37 turbinas G-114 (de 2,60MW cada una) fabricadas por Siemens Gamesa. Estos equipos están listos para ser embarcados hacia Argentina, junto con las torres en las que serán montados.

En paralero, se suscribió un acuerdo con la empresa china Gezhouba para iniciar una colaboración estratégica para avanzar en la ejecución y el desarrollo del proyecto de ampliación, “realizando por sí o con empresas vinculadas, el diseño, la construcción, la puesta en marcha, la operación, el desarrollo y el mantenimiento del mismo, así como la comercialización de la energía generada; y todas las obras y tareas asociadas, anexas y relacionadas al Proyecto”, indica el convenio. Adicionalmente Gezhouba colaborará con Parque Eólico Arauco en la gestión del financiamiento de las obras.

HISTÓRICO PROYECTO

La central hidroeléctrica de Potrero del Clavillo, entre Tucumán y Catamarca, está en los planos desde 1974, y hasta el entonces presidente Juan Domingo Perón llegó a verlos y a dar su aval para iniciar la búsqueda de inversores.

Un peronista tradicional como Juan Manzur, gobernador tucumano de licencia mientras ejerce de jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández, desde hace tres meses, lo primero que hizo al llegar a la Casa Rosada fue convocar a su colega catamarqueño,  Raúl Jalil, para activar de una vez este emprendimiento que, en su conjunto, tendría una capacidad instalada de 339 MW y una generación de 445 gigavatios hora al año, lo que supera en más de tres veces la totalidad de la generación de energía hidroeléctrica en el noreste argentino.

Tras la reunión que mantuvo con Manzur en octubre, frente a la Plaza de Mayo, Jalil reconoció que Potrero del Clavillo era una obra “esperada por los catamarqueños y los tucumanos” y que por eso estaban “en la etapa de  complementación del proyecto técnico". Manzur quiere dejar su puesto -para hacer campaña como precandidato presidencial del peronismo, en 2023- sin que las obras hayan comenzado. Las conversaciones con empresas chinas están verdes, en sus comienzos.   

OBRA ESTRATÉGICA

La construcción de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que saldrá desde Vaca Muerta, junto a obras complementarias, para llevar el gas excedente a Brasil, registró “avances técnicos” y hasta llegó a incluirse una partida para iniciar las obras en el Presupuesto de este año, el que se cayó en el Congreso el mes pasado, lo que abrió la posibilidad de que se deriven más fondos de los previstos para una obra considerada estratégica por el gobierno nacional. Y estratégica para el Ejecutivo de cara a la campaña electoral de aquí a dos años.

El secretario de Energía, Darío Martínez, firmó el 13 de mayo pasado un memorándum de entendimiento (MOU) con las empresas Powerchina y Shanghai Electric Power Construction para estudiar la viabilidad técnica de la construcción y el financiamiento del Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional.

La primera etapa prevé sumar capacidad de transporte de gas natural al sistema nacional por 24 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), y a su finalización -después de no menos de 18 meses de iniciada- generaría un  ahorro por sustitución de importaciones de 1.465 millones dólares anuales.

A la vez, supondría un ahorro fiscal de u$s 1060 millones por año si se consideran los precios futuros de 17 dólares por millón de BTU tanto en el gasoil como el gas licuado (GNL) que se importan para satisfacer la demanda de generación eléctrica en las centrales térmicas, principalmente en invierno.

El gobierno reestructuró el Presupuesto y le agregó una partida adicional de 40.000 millones de pesos (o 400 millones de dólares, al cambio oficial) con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con lo que se completó el esquema de financiamiento de la primera etapa, que iría de Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires), un caño entre las localidades bonaerenses de Mercedes y Cardales para conectar los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), los tramos finales hasta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la reversión del Gasoducto Norte, y la ampliación del Neuba II y del Centro Oeste.

Asimismo, el secretario de Energía, Darío Martínez, le informó al Presidente que será necesario avanzar “en el esquema de la segunda etapa del proyecto, ya que su concreción total implica la materialización de un sistema diseñado para aumentar en total la capacidad de transporte en 44 millones de m3 diarios de gas natural".

Eso permitiría al país abastecer integralmente su demanda interna de gas con producción local y potenciar la capacidad exportadora a Chile y Brasil, con ahorros anuales totales de hasta 2.690 millones de dólares en divisas y del equivalente a 1.946 millones en costo fiscal.

PARA ATRÁS

El 12 de diciembre de 2020, Fernández firmó una serie de acuerdos con representantes de empresas chinas con una inversión prevista de 4.695 millones de dólares para la compra de trenes de pasajeros y la ejecución de obras en líneas ferroviarias de carga.

Al acto de suscripción de los convenios asistieron el presidente, Alberto Fernández, y representantes de las empresas China Railway Construction (CRCC), China Machinery Engineering (CMEC) y CRRC.

Los cuatro acuerdos tenían como objetivo la reactivación de tres líneas ferroviarias de carga y la adquisición de material rodante para transporte ferroviario de pasajeros en trece provincias.

Los convenios incluían la rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas, con una inversión de 816,7 millones de dólares. De ese monto, el 65 % sería destinado a obras ferroviarias en esa línea de cargas y el 35 % a la adquisición de equipamiento para formaciones y locomotoras.

El proyecto para el Belgrano Cargas generaría 6.202 puestos de trabajo y se ejecutaría a lo largo de 911 kilómetros de vías en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires y Catamarca.

Firmado por la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) de Argentina y la empresa CMEC, este acuerdo estaba destinado a "aumentar la competitividad de los productos transportados, fortalecer el desarrollo y el acceso de las economías regionales a nuevos mercados y promover el comercio internacional en las áreas abarcadas, con un sistema energético y ambientalmente sustentable".

Otro de los acuerdos era por el tren Norpatagónico (que uniría Vaca Muerta con un puerto bonaerense) con una inversión de 784 millones de dólares. Por otro lado, se reactivaría la línea San Martín, de Trenes Argentinos Cargas, con una inversión de 2.603,6 millones de dólares.

Por último, el convenio entre Operadora Ferroviaria (SOFSE) de Argentina y CRRC contemplaba la adquisición de material rodante por 490 millones de dólares para las líneas de pasajeros Belgrano Sur y Sarmiento y para el Tren de la Costa, de la línea Mitre, todos ferrocarriles de cercanías de Buenos Aires.

En poco más de un año estos acuerdos no registraron ningún avance visible. En otros rubros, como se verá, las demoras son de más de una década.

GEOPOLÍTICA

El Plan Nuclear Argentino surgió en los sesenta y se consolidó en los setenta con una rara continuidad en un país como la Argentina, donde es casi imposible conseguir una mirada estratégica en casi ningún rubro. Así se avanzó en la construcción de tres centrales nucleares: Atucha I, Embalse y Atucha II.

China viene ofreciendo la construcción de una cuarta planta atómica desde hace al menos quince años, pero la oposición de Estados Unidos en este terreno lo impide –más allá de las salvaguardas comprometidas por Argentina, uno de los países integrantes del “club nuclear” con fines pacíficos– con un cruce entre el pretexto de la transferencia de tecnología a terceras naciones que pudieran usarla con fines militares con la negativa a dejar avanzar a los países periféricos ni siquiera en las etapas básicas del manejo de esas habilidades.

Un dato que, no por anecdótico a esta altura, es menos revelador: Argentina llevó adelante el proyecto Cóndor II, un cohete que nunca llegó a ser misil porque EEUU lo impidió a comienzos de los noventa, obligando al gobierno de Carlos Menem a desmantelar la planta de producción de combustible sólido de Falda del Carmen, en Córdoba.

Parecía lógico -desde su óptica- que Washington no quisiera que esa tecnología llegara a países como Irak, que estaba asociado al proyecto que la Fuerza Aérea Argentina llevaba delante de manera secreta desde 1979. Pero tampoco dejó que el país prosiguiera con el desarrollo del cohete lanzador de uso civil, algo que sí hizo Brasil, por lo que lo dejó afuera de un redituable negocio.

En el mismo sector de las tecnologías sensibles, a pesar de la cercanía del ministro de Defensa, Jorge Taiana, con las autoridades chinas, parece complicado que Argentina termine comprando dos alas de los aviones caza JF-17 “Thunder” Block III fabricados por la empresa paquistaní PAC Kamra bajo licencia china.

El monto total de la operación superaría los 650 millones de dólares por doce máquinas, pero el problema aquí volvería a ser geopolítico: el Reino Unido mantiene el veto sobre las compras de armamento ofensivo para el país establecido desde la Guerra de Malvinas, no importa cuál sea el fabricante. No se pudo comprar un avión similar, aunque más antiguo, a Corea del Sur con el pretexto de que tenía partes producidas por Gran Bretaña.

Si Argentina adquiriera aeronaves de combate a China (a través de Paquistán) o a Rusia, por mencionar a otro eventual proveedor, estaría dando un paso controversial en un momento en el que no tiene las condiciones políticas para hacerlo, por las razones ya mencionadas.

DESACUERDO DE PESCA

Un capítulo espinoso de la relación comercial entre Argentina y China es el de la pesca ilegal en el litoral del Atlántico sur.

Cientos de busques-factoría chinos, coreanos, taiwaneses y de otras banderas depredan el recurso ictícola en el límite de las 200 millas soberanas en el Mar Argentino. Según estimaciones privadas, el país no recibe regalías por esa captura y faena por más de 3.000 millones de dólares anuales.

Además, Uruguay avanza en la construcción de un puerto para atender las necesidades de reaprovisionamiento y mantenimiento al menos de la flota china, lo que ya ha generado cortocircuitos con Montevideo y con Pekín.

Las inversiones y las promesas –sin contar el “swap” por 13.000 millones de dólares que Macri firmó y luego amplió con China, en 2017, y que sostiene las reservas del Banco Central– le cierran la puerta a un reclamo formal y público. El tema ni siquiera ha sido tratado en las decenas de reuniones bilaterales de todo nivel que se han desarrollado, y que se han acrecentado con la nueva gestión del kirchnerismo.

* Director de Gaceta Mercantil