JORGE LAPEÑA *

El comienzo de 2022 muestra un sector energético de funcionamiento complicado, problemas irresueltos de larga data se combinan con hechos nuevos y preocupantes.

El Gobierno recoge lo que siembra: confusión; incertidumbre y conflictos sin resolver por doquier. La lista no es corta: Mar del Plata sublevada por las protestas populares anti petroleras; grandes cortes de luz en el área metropolitana con justificadas protestas de los vecinos; un ilógico proyecto de ley de promoción petrolera promovido por el Poder Ejecutivo parado en el Senado; subsidios energéticos crecientes que desbalancean la hacienda pública; la empresa YPF -cuya mayoría accionaria corresponde al Estado nacional- desvalorizada y al borde de la bancarrota.

Todos esos grandes problemas tienen algo en común: son crónicos y el paso del tiempo los tiende a agravar, en vez de corregirlos.

Los problemas son técnicamente diversos, y los ámbitos donde los mismos se gestionan también lo son; pero todos ellos forman parte de una política energética nacional errada en el siglo 21; y una economía energética desquiciada y absurda.

El nexo entre ambas es un Estado nacional colonizado por la mala política, y sin funcionariado de carrera competente.

Es absolutamente ilógico que una política nacional para explorar el mar argentino en nuestra zona económica exclusiva de la plataforma continental ubicada a 300 km de la costa y en jurisdicción nacional sean puestas en tela de juicio por razones supuestamente ambientales cuando cuenta con el visto bueno ambiental del Ministerio del Ambiente que aprobó la campaña de adquisición de información sísmica a través de la Res 4367/2021.

Es más que obvio que Argentina necesita descubrir nuevos yacimientos que reemplacen los costosos y/o declinantes yacimientos nacionales; y obvio que además el país necesita exportar excedentes que reporten divisas a la economía nacional. Además, esto no está en contra de la Transición energética.

La Argentina posee una experiencia exitosa de más de 40 años de labor ininterrumpida y segura en el Mar Austral con la empresa TotalEnergies y sus asociadas que es el mayor productor de gas de la Argentina; y de la cual no se reportan daño alguno; y a eso debe sumarse la experiencia exploratoria del “Plan Houston” en el mar lanzado por presidente Alfonsín en los años 80.

Es insólito entonces que en este contexto los militantes ambientalistas encabezados por el intendente de Mar de Plata hayan promovido este escándalo en vez de en todo caso haber recurrido las Resolución administrativa por la vía correspondiente Los cortes de luz en los días tórridos de estas fiestas pusieron de manifiesto una vez más la endeblez crónica del sistema eléctrico del AMBA, donde las políticas de congelamiento tarifario vienen haciendo estragos en la inversión privada en mantenimiento y reemplazo de cables y transformadores de baja y media tensión que es donde se producen los cortes.

En este rubro hay un error sistemático del gobierno actual que es de larga data y que somete, con base ideológica equivocada, a las empresas reguladas de servicios públicos -en periodos de altísima inflación- a la asfixia financiera y a la descapitalización.

Es importante constatar la peligrosa deriva no controlada del incremento de la cuenta de subsidios energéticos que en el último año ha superado la cifra de 10.000 millones de US$ desde el Tesoro hacia las empresas energéticas.

En los últimos 12 años, incluyendo el año 2021las transferencias totalizaron 123.220 millones de US$; una cifra manifiestamente incompatible con la economía argentina. Las estimaciones del IAE Mosconi indican que es altamente probable el crecimiento descontrolado de esta variable presupuestaria en 2022.

Cabe también focalizar la situación crítica por la que atraviesa nuestra principal empresa energética: YPF, que exhibe una situación económico financiera sumamente endeble y una enorme desvalorización de su valor encontrándose en la actualidad en 1377 millones de U$S frente a un pasivo que alcanza a los 7400 millones de US$ y sin un fácil acceso al crédito internacional.

No es menos preocupante observar como el Gobierno es el mejor vehículo de las corporaciones que lo presionan para que éste haga las inversiones que esas mismas corporaciones no se animan a encarar por sí mismas en Argentina.

La última de esas fantasías consiste en la construcción de un gasoducto financiado con fondos de los jubilados a tasas subsidiadas y garantías estatales para exportar gas a Brasil, sin que se conozcan los compromisos en firme de cantidades a exportar ni las reservas comprometidas en la exportación por parte de los futuros exportadores. Y tampoco –como en otras ocasiones- existen los estudios factibilidad de esa obra.

Los desafíos energéticos futuros de Argentina son enormes. Hay que gestionar una transición mundial compleja en sí misma.

La gestión es altamente ineficaz y carente de racionalidad en la toma de decisiones políticas de largo plazo, prueba de ello es que no existe un Plan Energético Estratégico y que ningún gobierno del siglo 21 ha podido ni siquiera esbozarlo, debatirlo y lograr un acuerdo. Se nos plantea entonces un dilema: ¿qué hacer?

¿Arreglar la política energética primero; o arreglar la Economía energética desquiciada con una hoja de ruta gradual y racional y luego encarar el acuerdo político de fondo? Me inclino por lo segundo; habida cuenta de la imposibilidad fáctica de lo primero.

* Ex secretario de Energía. Presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi