MARCIAL GARCIA

Por si quedaba alguna duda sobre el peso de la minería en la recaudación, la SUNAT se encargó de despejarla. En un reciente comunicado, resaltó que buena parte del incremento de los ingresos tributarios registrado en el 2021 se dio gracias al impacto positivo del alza de los precios internacionales de los metales, principalmente del cobre, del que Perú es el segundo productor mundial. En total fueron S/. 139.947 millones los recaudados el año pasado. Se trata del monto más elevado de la historia del país.

Dada la alta correlación entre las cotizaciones y las utilidades de las mineras, en el 2021 también se rompió el récord de ingresos fiscales provenientes de esta actividad con casi S/ 20.000 millones, más del triple que en el 2020. Esta circunstancia posicionó al sector como el principal contribuyente del país, con un aporte del 16.4% de los tributos recaudados por la SUNAT, el porcentaje más alto de los últimos diez años.

Esta buena noticia llega en un momento complicado para el sector. Los conflictos sociales han puesto en jaque operaciones ya consolidadas como Antamina, Las Bambas, Apumayo, Cerro Lindo y Anabi, ante la pasividad e inacción de nuestras autoridades. Las medidas de fuerza adoptadas por las comunidades de las zonas de influencia de las minas se están viendo reflejadas en una disminución de la producción metálica (-5,85%) tras ocho meses de expansión, según la última data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A ello se suma la caída de las expectativas y la confianza empresarial respecto al futuro de la economía, que también retrae las decisiones de inversión.

Todo esto para no hablar del entorno hostil que el gobierno del presidente Castillo y sus socios políticos se han encargado de crear hacia la inversión minera -sobre todo la extranjera-, con sus amenazas de estatizaciones, anuncios de cierres unilaterales de minas e intentos de aumentar la carga tributaria minera con un sustento más ideológico que técnico. Lógicamente, esa seguidilla de desaciertos no hace sino generar desconfianza, impredecibilidad e incertidumbre, ahuyentando cualquier nueva inversión en el sector.

Con el mayor peso que ha ganado la minería en la estructura de ingresos tributarios, cualquier variación en el sector tendrá un mayor impacto en la recaudación. En la medida que los precios de los metales no los controla el Perú, lo que debe mejorarse son las condiciones para el desarrollo de esta actividad y la inversión minera de manera que frente a una caída de los precios ello pueda ser compensado con más producción.

Si bien las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR) indican que la inversión minera crecerá en más de 8% este año, ello se sustenta básicamente en proyectos que se iniciaron en gobiernos anteriores, como Quellaveco, por citar el más emblemático. Pero después de eso no existe un flujo realista de grandes inversiones en el horizonte pese a tener una enorme cartera de proyectos mineros a lo largo de todo el territorio nacional.

Con eso en mente, el Gobierno haría bien en tratar de resolver los problemas generados por el mismo Estado que dificultan sacar adelante proyectos que están paralizados y que representan inversiones por cerca de US$ 35.000 millones, en vez de dedicarse a complicarles la existencia. Desde luego, no es una tarea fácil, pero sí una que puede dar enormes frutos. Todavía tiene la oportunidad de hacerlo aprovechando la coyuntura de buenos precios de los minerales, pero esa ventana se le está cerrando rápidamente.