JOAQUÍN VILLARINO *

Existe un acuerdo transversal, político e incluso al interior del sector minero, en que éste puede incrementar su aporte al erario fiscal sin afectar sus planes de inversión en particular, ni sus estándares de desarrollo en general.

Como es imaginable, el acuerdo deja de ser transversal si el incremento tributario no cumple al menos con cuatro condiciones: no afecte la competitividad del sector minero chileno; considere las diferencias de costos de producción; contemple algún mecanismo de estabilidad; y sea destinado esencialmente a las regiones mineras.

El Royalty Minero propuesto por el Gobierno, hasta donde hoy se nos ha informado, sólo cumple con una de las cuatro condiciones anteriores y de manera parcial, esto es, destina parte de lo que se recaude a las regiones mineras, pero no de manera sustancial.

Adicionalmente, la iniciativa nos deja fuera de todo rango de competitividad razonable, no considera las diferencias de costos de producción y omite cualquier medida de estabilidad.

Según ha declarado el Gobierno, pretende recaudar por Royalty Minero 0,5% del PIB al año que equivalen a US$ 1.500 MM, esto es cuatro veces lo que paga la minería chilena por el Impuesto Específico a la Actividad Minera vigente, al precio del cobre proyectado de largo plazo (US$3,7 por libra).

Con esto, la carga tributaria total de la industria minera en Chile subiría desde aproximadamente 40% a sobre 55%, en circunstancias que en otros países mineros el promedio se sitúa ligeramente sobre el 40%.

El Royalty Minero propuesto tiene además un problema de estructura, la que resulta ineficiente e inequitativa, dificultades que derivan de la combinación de royalty sobre las ventas o ad valorem de hasta 4%, que aumenta por tamaño de faenas y no por márgenes operacionales, y royalty sobre rentabilidad, que aumenta con el precio del cobre y no según los márgenes.

En otros términos, hay nula consideración a la realidad evidente de que no todos los yacimientos tienen los mismos costos. A esto debe agregarse que es un proyecto abiertamente discriminador, al gravar solo a las grandes compañías mineras de cobre. Los dos primeros elementos ponen en serio riesgo la viabilidad de las faenas menos rentables y, sin duda, afectarán significativamente la inversión sectorial, no sólo en nuevos proyectos, sino también respecto de las inversiones de continuidad operacional que las mineras están permanentemente realizando.

Debido al importante efecto multiplicador por encadenamiento productivo que tiene la minería chilena (1,8), la reducción de la inversión tendrá efecto también en otros sectores económicos que se vinculan con el minero.

Por otra parte, sabido es que la estabilidad y la certeza económica son muy relevantes para la minería, dadas las enormes inversiones, que son en gran medida hundidas y que se espera que sean recuperadas en plazos largos.

De este modo, si se va a modificar el régimen tributario para la minería, como ya se ha hecho en dos oportunidades en los últimos años, hubiera sido esperable que la reforma incluyera algún factor de estabilidad para dar certeza a las nuevas inversiones, tal como se hizo en esas dos reformas anteriores.

Se debe considerar además que la Reforma Tributaria anunciada no solo aumentará la carga impositiva de la minería a raíz del Royalty Minero, sino que también podría hacerlo mediante otras modificaciones ya anunciadas, como la aplicación de una tasa a las utilidades retenidas, la limitación del arrastre de las pérdidas tributarias y los nuevos impuestos correctivos, por nombrar algunos.

Asimismo, a este impacto tributario se sumarían en el corto plazo varias otras cargas contenidas en proyectos de ley en tramitación y en el programa del Gobierno, como son disminución de jornada laboral y fondo de estabilización de tarifas eléctricas. Resulta indispensable que las autoridades no miren sólo los árboles, sino que también puedan ver el bosque.

Con reformas que no pongan en riesgo al sector, la minería chilena podrá incrementar su aporte tributario de una manera sostenible, permitiendo al país beneficiarse tanto de la actividad minera y sus encadenamientos, como de una mayor recaudación para financiar los requerimientos de gasto social y diversificación productiva, principalmente en las regiones mineras.

* Presidente ejecutivo del Consejo Minero