DINO BELLORIO CLABOT *

El modelo diseñado y puesto en funcionamiento en 1992, con la sanción de la Ley N° 24.065, encuentra en la actualidad a las empresas de generación, transporte y distribución con enormes pérdidas económicas, mientras el Estado nacional subsidia a las generadoras, causando un drenaje de enorme magnitud de fondos del Presupuesto.

Nótese que en 2020 se destinaron a subsidiar al sistema 7.000 millones de dólares. En este 2022, la cifra pasa a 11.000 millones, por el aumento del precio del gas, como consecuencia de la guerra Ucrania-Rusia. Para realizar una comparación, téngase en cuenta que SEGBA fue vendida en 1.400 millones de dólares cuando se privatizó.

La integración vertical de las empresas generadoras oligopolizadas, que se sostienen con el opaco sistema de subsidio estatal, agrega otra distorsión negativa al sistema.

Asimismo, existe una asimetría del monto de la factura entre usuarios según ubicación geográfica de residencia, con diferencias de tarifa que hacen inequitativo todo el sistema y perjuicio de los usuarios que están fuera de la jurisdicción nacional.

Los subsidios del Estado nacional son de tal magnitud que distraen un porcentaje del presupuesto muy alto, impidiendo usarlos para asistir a los objetivos centrales de Gobierno, en momentos en que amplios sectores de la población necesitan asistencia estatal. La tarifa social, que achica el monto de la factura, es igualmente alta con relación a los ingresos.

Como las empresas no tienen rentabilidad, en el caso de las provinciales y cooperativas, o la tienen a fuerza de no realizar las inversiones comprometidas, no hacen extensión de la red a los nuevos barrios, que han sido creados por los municipios para dar solución al déficit habitacional de los sectores de bajos ingresos. Se impide así el acceso universal a la electricidad segura.

Asimismo, los subsidios del Presupuesto nacional surgen de los impuestos que pagamos los ciudadanos, generan déficit, necesidad de endeudamiento estatal, dependencia de financiamiento externo con imposición de las ideologías del prestamista, inflación, cuyo impacto final es en los sectores más vulnerables y clase media de la sociedad argentina.

El modelo no contempla el necesario fomento de la energía renovable y las fuentes de generación energética siguen basándose en los combustibles fósiles. Dos tercios de la electricidad argentina siguen siendo generados por combustibles fósiles (64 %). La cuota de energía eólica y solar es de apenas 13 %. Entre 2015 y 2020, la generación a partir de combustibles fósiles en Argentina se redujo apenas un 3%. Se impone una revisión integral del sistema de la energía eléctrica.

* Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano. El artículo fue coescrito junto con Luis Cavalli, consultor internacional en derecho ambiental