DIEGO MORENO

Hace pocos días, el ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín convocó a un debate sobre un tema central para la agenda del desarrollo de nuestro país: la minería.

En el encuentro, un elemento llamó particularmente la atención respecto a la realidad del sector: el limitado desarrollo de la actividad en Argentina, en relación con la diversidad y extensión de recursos con que cuenta. Con la misma cordillera compartida, Argentina exporta algo más de USD 3.000 millones anuales, mientras que en Chile ese número se multiplica por 20.

A la relativamente reciente promoción de la actividad y a los ciclos de largo plazo que la caracterizan –que hacen que su crecimiento haya sido lento y progresivo–, se suma un creciente escenario de conflictividad que ha limitado su desarrollo en algunas regiones del país (Mendoza y Chubut, por ejemplo), y obstaculizado algunos proyectos de inversión. En un país con poca tradición minera, la desconfianza de la sociedad ante grandes proyectos mineros genera incertidumbres sobre el futuro de la actividad en muchas regiones del país.

Generar confianza en la sociedad es uno de los principales desafíos que deberá enfrentar la Argentina si pretende dar un salto en materia de inversiones y capacidad de producción minera, así como convertir un recurso no renovable en la fuente de recursos que incentiva el desarrollo futuro de regiones postergadas del país. Y la confianza se logra con un trabajo de mediano plazo que requiere atender cinco vectores fundamentales.

El primero, el fortalecimiento de la institucionalidad: integrando no sólo lo ambiental, lo productivo y lo social, sino también contemplando los desafíos que presenta el federalismo. Un marco institucional sólido es fundamental para brindar certidumbre y confianza a la sociedad de que el Estado cuenta con herramientas técnicas, jurídicas y económicas para atender sus preocupaciones y demandas.

El segundo estriba en la transparencia y la información. Argentina tiene un déficit considerable en materia de información pública ambiental. No sólo se trata de fortalecer la generación de estadísticas, sino también de instrumentar sistemas transparentes para su obtención y el acceso de la ciudadanía a esos datos. Para generar confianza respecto del manejo de los recursos, es fundamental el control de la contaminación y la prevención del daño al ambiente y la salud.

El tercero y cuarto eje apuntan a promover el ordenamiento territorial y la mejora de los procesos de participación ciudadana. Debemos construir consensos básicos sobre el uso del territorio con mirada de largo plazo, definiendo cómo el desarrollo de la minería convive con una mejora en la calidad del ambiente (protección de áreas estratégicas) y otros intereses de la sociedad (actividades productivas).

Y el quinto, generar los mecanismos financieros adecuados para asegurar que la renta extraordinaria que genera la minería se invierta en desarrollo local, especialmente en la diversificación de la matriz productiva, generando alternativas para las comunidades ante el cumplimiento del ciclo de un proyecto minero.

La experiencia internacional nos muestra que el impacto de la minería sobre el bienestar de la sociedad no es unívoco, sino que surge de interacciones complejas entre la economía, la sociedad y el ambiente.