JORGE RIESCO *

Un debate crucial se ha estado dando en las últimas semanas, en el que SONAMI ha participado activamente. Se trata del sistema de permisos que, en opinión nuestra, se ha convertido en un obstáculo infranqueable para el progreso.

Una reciente columna del ex ministro Pablo Badenier avivó esta discusión. Incluso el ministro Mario Marcel ha reconocido que la “lentitud” de permisos “nos preocupa y casi desespera”. El secretario de Estado asegura que “esto no ocurre por maldad sino que porque no tenemos una política regulatoria que mire el conjunto de regulaciones en la economía, sino que cada sector tiene su regulación”.

Chile ostenta un liderazgo en la producción de “minerales críticos”, fundamentales para la transición energética hacia la electromovilidad. Se espera que la demanda mundial de cobre se duplique hacia 2040. Esto plantea una pregunta clave: ¿cómo responderá Chile a esta oportunidad? En teoría, la respuesta es alentadora.

Según Cochilco, tenemos una cartera de más de 50 proyectos en espera, los que podrían implicar una inversión de US$ 74 mil millones en la próxima década y agregar 3 millones de toneladas de cobre anuales a la producción nacional, llegando a 8 millones de toneladas.

Sin embargo, la realidad es más compleja. La minería es un sector de alto riesgo y retorno a largo plazo. Para atraer inversionistas y ejecutar proyectos exitosos, es esencial contar con un marco institucional sólido, estable y basado en criterios técnicos, independiente de los ciclos políticos. El principal obstáculo es lo que se ha denominado como “permisología”. Un proyecto minero debe atravesar un laberinto de trámites que involucra a múltiples instituciones y autoridades.

Un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) reveló que un proyecto minero enfrenta unos 440 trámites, lo que se traduce en más de 309 permisos, siendo 63 visados sectoriales prioritarios. Esta complejidad crea un proceso desgastante y de poca utilidad en la práctica.

Es importante destacar que la industria minera ha asumido, durante años, las crecientes demandas regulatorias, incorporando altos estándares de gestión ambiental y social en sus operaciones. El problema radica en la creciente injerencia de autoridades políticas en el proceso de permisos.

Sin embargo, existe una luz al final del túnel. El Ejecutivo ha anunciado reformas al SEIA, lo que podría ser una oportunidad para simplificar y agilizar los procesos de obtención de permisos.

Debemos encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y la eficiencia en la tramitación de permisos. La industria ha demostrado su compromiso con la sustentabilidad; ahora es el momento de que las autoridades y los legisladores generen las condiciones para aprovechar el potencial de la minería chilena cuando el mundo demanda más que nunca los recursos que Chile puede proporcionar.

* Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)