ROBO DE CABLES, UN DELITO ALARMANTE

El robo de cables es una modalidad delictiva que ha tenido un crecimiento vertiginoso y alarmante en nuestro país, causando millonarias pérdidas a las empresas perjudicadas además de afectar de modo sensible la prestación de servicios públicos esenciales.

Una de las razones hay que buscarlas en el incremento del precio del metal en el mercado internacional, objetivo final de las organizaciones criminales que destinan lo robado a la exportación.

En operativos realizados en Comodoro Rivadavia y en el Gran Buenos Aires, la policía de Chubut y la de la provincia de Buenos Aires recuperaron 9 toneladas de cobre extraídas de cables robados a empresas petroleras y de servicios. Así, se habría desbaratado una importante banda que sustraía el cobre en la ciudad de Chubut y el norte de Santa Cruz, y lo enviaba a Buenos Aires para ser procesado y convertido en lingotes.

La empresa más perjudicada fue en este caso Repsol YPF, junto con otras compañías petroleras multinacionales y de servicios (el cobre se obtenía de los cables utilizados para llevar energía hacia los motores de los bombeadores usados para extraer el petróleo).

En los mercados internacionales el cobre está en su máximo nivel de los últimos años, que alcanzó un valor récord de más de 3300 dólares la tonelada. La oferta mundial es limitada y la demanda creciente, en particular de China, que se estima que consumirá el 22 por ciento del cobre mundial en 2006.

Para detener el saqueo de cables, placas y monumentos de cobre que comenzó el año último alentado por el alto precio del metal, el gobierno nacional abrió un registro para los exportadores y bloqueó el diferimiento en el pago de los derechos de exportación para el rubro de desechos y desperdicios, además de suspender por 90 días su exportación y la de desechos de aluminio. También creó un registro de productores y exportadores de esos metales.

El Sistema Informático María implementado en la Aduana exige para quienes documenten exportaciones de este tipo la presentación de las certificaciones que acrediten la inscripción en el registro de la Secretaría de Industria; en caso de no hacerlo, se detiene la operación. Al respecto, el director general de Aduanas, Ricardo Echegaray, manifestó que hay que evitar "el uso de la exportación por los inescrupulosos que pretenden blanquear la tenencia ilícita de cables de cobre y aluminio".

Para las empresas de luz y teléfonos, esta actividad delictiva representa una seria amenaza y significativas pérdidas económicas ocasionadas por el perjuicio a los usuarios, el costo de reposición de los materiales y el tiempo de reinstalación. Para quien roba los cables, los riesgos que corre son inmensos al manipular instalaciones peligrosas que lo exponen a situaciones límite.

Es de esperar que a las iniciativas impulsadas por las autoridades nacionales se sume la participación de las fuerzas de seguridad -como ocurrió con los operativos en Chubut y el Gran Buenos Aires-, pues son ellas las que deben garantizar el control sobre esta actividad delictiva y desarticular a las organizaciones que lucran y operan en el comercio clandestino del cobre.