A ntes de anunciar el inicio del proceso de reducción de los subsidios, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia fechado el 31 de octubre pasado, el Gobierno modificó el Presupuesto de este año en 29.332 millones de pesos. Y a través de una decisión del jefe de Gabinete, se hizo otra ampliación por $ 9.176 millones, de acuerdo a lo publicado ayer en el Boletín Oficial.
En total los gastos aumentan en $ 38.508 millones, de los cuales un poco más $ 7.000 millones se destinan a incrementar los subsidios. Sin embargo, el miércoles 2 de noviembre, los ministros Julio De Vido y Amado Boudou anunciaron un plan de reducción de los subsidios al agua, la luz y el gas.
Apuntaron a empresas y casas de familia, y dijeron que se aplicará gradualmente, resultando en subas en las boletas de esos servicios.
El miércoles pasado lanzaron una segunda etapa del plan. Entre las dos instancias, según las cifras oficiales, la reducción de subsidios rondará los $ 5.000 millones. Son $ 2000 millones menos que el incremento de subsidios que habían firmado los ministros el 31 de octubre.
El incremento de gasto fijado en el DNU y la decisión de Jefatura de Gabinete se financian con mayores ingresos, pero aún así queda un bache de $ 2.955 millones, según el análisis de la ASAP (Administración Argentina de Presupuesto). En base a esos números, el déficit fiscal de este año que estaba previsto en $ 11.441 millones, aumentaría en un 25%, que se financian con el Banco Central, ANSeS y otros organismos públicos.
El gasto total autorizado a fines de octubre sumaría ahora 404.221,4 millones de pesos.
De los $ 38.508 millones, un poco más de $ 7.000 millones se destinan a las partidas de subsidios de este año, que ya sumaban más de $ 70.000 millones. El resto corresponde a partidas previsionales y sociales que contaban con créditos reducidos ya que en el presupuesto original no se contemplaban aumentos.
El refuerzo de los subsidios a las áreas de energía, transporte, agua y otros servicios suman $ 4.431 millones. Aún así, las partidas de este año podrían tener otros ajustes antes de fin de año.
La magnitud de esos subsidios surge del propio DNU que, con relación a los polémicos subsidios, dice que el incremento de las partidas es "para atender transferencias a empresas concesionarias del transporte ferroviario, a empresas de transporte aerocomercial y a empresas de servicios de transporte público de pasajeros por automotor; gastos en inversión ferroviaria y gastos derivados de la construcción de la Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio; transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) para la generación de energía y para la empresa Hidrovía S.A".
El principal receptor de esos subsidios es CAMMESA que ya recibió partidas por $22.304 millones.
Le sigue el Transporte Automotor con más de $ 10.000 millones y Aerolíneas $ 2.900 millones.
También se refuerzan, agrega el DNU, los créditos "destinados a ENARSA con el objeto de atender compromisos relacionados con el suministro de energía". Y más en general "las transferencias destinadas al Ferrocarril General Belgrano, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, a Nucleoeléctrica Argentina, a ARSAT, a la Operadora Ferroviaria, a AySA, a la Administración de Infraestructura Ferroviaria, a Radio y Televisión Argentina (RTA) y a Telam", entre otros..
Con estos refuerzos ENARSA ya tiene partida por 10.356 millones de pesos y AYSA más de $ 3.000 millones.
Millonarias partidas para jubilaciones y pensiones
El presupuesto de la ANSeS quedó reforzado en 12.821 millones de pesos por el DNU conocido ayer. Y en otros $ 4.008 millones por la Decisión de la Jefatura de Gabinete que acompañó a ese decreto presidencial.
El grueso de ese dinero está destinado a financiar los aumentos jubilatorios otorgados este año en marzo y septiembre. Ajustes que se dictaron en base a la mayor recaudación por las contribuciones y aportes previsionales debido al mayor empleo y también a la mayor inflación respecto a la prevista en el Presupuesto inicial de este año.
También Desarrollo Social resultó beneficiada en las modificaciones de partidas con $ 3.500 millones, destinados a reforzar los créditos de las pensiones no contributivas, que aumentan en un 28,5 por ciento respecto de los $ 11.767 millones asignados hasta fines de octubre, de acuerdo a las cifras de ASAP.
En Salud, hay otro refuerzo de $ 110 millones para la atención médica de los beneficiarios de las pensiones no contributivas, que ya suman un total de $ 1.675 millones.
Educación, por su parte, recibe un refuerzo de $ 3.900 millones.
Estará destinado para el Fondo de Incentivo Docente y Educación Superior.
El programa Futbol para Todos tiene un extra de $ 38,5 millones a los $ 690 millones que ya tenía asignados.
Y Prensa y Difusión de los Actos de Gobierno se dictó un refuerzo de $ 112,8 millones, frente a los $ 608,1 millones ya acreditados en partidas anteriores.
Los usuarios residenciales del área metropolitana que desde el lunes renuncien a los subsidios comenzarán a pagar las tarifas plenas de luz, gas y agua a partir del 1 de enero de 2012.
Al igual que los clientes hogareños de Barrio Parque, Puerto Madero y los barrios cerrados y countries de todo el país a los que el Gobierno les aplicó en forma arbitraria la poda, las familias que desistan anticipadamente de los subsidios deberán afrontar desde el próximo año aumentos que van del 150% al 400% en las boletas de los tres servicios básicos.
En medio de las imprecisiones oficiales y las demoras que arrastran las resoluciones regulatorias, los técnicos de las distribuidoras eléctricas y gasíferas siguieron trabajando ayer contrarreloj para poder implementar desde el lunes el "registro voluntario de renuncia a los subsidios".
Con esa herramienta en la calle, la administración kirchnerista busca amortiguar el costo político de los fuertes aumentos que sobrevendrán por la quita de los subsidios, apelando a una "aceptación voluntaria" de los usuarios que deberán renunciar a los beneficios tarifarios que tuvieron hasta ahora. Para apuntalar el "operativo desistimiento", el Gobierno lanzará una fuerte campaña propagandística por los medios oficiales y las transmisiones de "Futbol para Todos" que equiparará la renuncia a los subsidios con un acto de solidaridad y responsabilidad social.
A partir del lunes, todos los clientes residenciales de la Capital Federal y el Conurbano que quieran darse de baja de los subsidios deberán contactarse con las empresas de luz, gas y agua y canalizar su decisión por las siguientes vías: los sitios de Internet, los teléfonos 0800 y las oficinas comerciales.
Si bien aún restan ajustar detalles, la renuncia a los subsidios se instrumentaría de la siguiente manera:
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Los usuarios tendrán que tramitar el desestimiento en forma individual ante cada compañía.
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Las empresas deberán informarles a los usuarios el monto estimado del subsidio que dejarán de recibir y cuánto más van a pagar en las próximas facturas.
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Las eléctricas y gasíferas brindarán la información en dos partes.
Por un lado, los consumos y subsidios registrados en 2011. Y por otro lado, la proyección de cuanto deberán pagar en 2012 por la quita de los subsidios si mantiene el mismo consumo de este año.
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En los dos servicios, los usuarios verán que -a igual consumolos subsidios a cubrir en 2012 van ser mucho más altos que los registrados en 2011. Esto se debe a la aplicación de los nuevos precios residenciales para la energía eléctrica y el gas que regirán a partir de enero y que fueron establecidos por las autoridades nacionales en los últimos días.
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En el caso del gas, el monto del subsidio de 2012 aparecerá prorrateado en 6 cuotas iguales para que el impacto en los meses de mayor consumo no sea tan grande.
Los usuarios que no opten por la adhesión voluntaria comenzarán a recibir, en alguno momento de 2012, un formulario para que digan si necesitan o no los subsidios. Los que no renuncien, serán sometidos a un cruce de datos con la AFIP y la ANSeS para determinar su real situación económica y definir si seguirán con los beneficios o pasarán a pagar las tarifas con aumentos.
Subsidios: definen criterio para graduar la eliminación
Ámbito Financiero
La eliminación de los subsidios en las facturas de gas, electricidad y AySA está generando una polémica sobre el impacto económico de la medida; cuando aún faltan definiciones importantes del Gobierno.
Hay aspectos que están claros y otros que suscitan dudas. En este último sentido, la afirmación oficial de que seguirá subsidiado todo hogar que lo necesite, no coincide con la estrecha lista de excepciones que por ahora se menciona (jubilados que cobran el haber mínimo, electrodependientes, discapacitados, beneficiarios de planes sociales). Por otra parte, no se sabe si el gradualismo que se prometió se aplicará discriminando por barrio o localidad alcanzada por la quita, o si habrá un plan para eliminar subsidios en porcentajes crecientes en el tiempo, según el nivel de ingresos y otras variables, como el endeudamiento que tenga cada domicilio particular.
La situación hasta hoy puede resumirse así:
EN LAS OFICINAS. TAMBIEN SE PODRA HACER EL TRAMITE EN LAS EMPRESAS.
L os hogares donde viven personas que sufren determinadas enfermedades, los discapacitados, los electrodependientes, es decir quienes dependen de aparatos eléctricos para seguir algún tratamiento médico , los usuarios que no cuentan con el servicio de gas o de agua corriente, son algunos de los consumidores que quedarían excluidos en la quita de subsidios que quiere implementar el Gobierno.
Esta franja de usuarios se sumarían a aquellos que ya fueron excluidos por el Gobierno cuando anunció la quita progresiva de las compensaciones a los usuarios residenciales, como los jubilados que perciben el haber mínimo y quienes cobran la Asignación Universal por Hijo como único ingreso.
Las excepciones a las nuevas facturaciones que vendrán a partir del año próximo y cómo se van a implementar las nuevas medidas van a ser analizadas por las comisiones de usuarios que funcionan en los distintos organismos reguladores de los servicios públicos.
La primera reunión arranca el miércoles próximo en el ENRE, el ente regulador de la electricidad. Y el resto de las reuniones de las que participan unas 20 asociaciones de consumidores se van a ir armando a partir de las habituales reuniones semanales que las entidades mantienen con los directivos de los organismos.
"Hay pautas que ya están definidas pero otras, se pueden mejorar y se van a ir puliendo a medida que se implemente el sistema", señaló Sandra González, titular de Adecua.
"Seguramente se analizarán los casos particulares de la gente con problemas de salud, o con carencias sociales más serias, la situación de los inquilinos o de los jubilados", enumeró.
Viviana Epis, de la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las entidades que participa de las reuniones, señaló que más allá de las excepciones, "es necesario que se fijen los parámetros acerca de cómo va a impactar la medida en la clase media" destacó.
Si bien la entidad coincide en la necesidad de eliminar las compensaciones a los usuarios que están capacitados económicamente para pagar los servicios , "el mecanismo debe hacerse con seriedad, con los elementos que dispone Desarrollo Social para poder definir realmente quienes son los usuarios más vulnerables", señaló.
Para Pedro Bussetti, de Deuco, la discusión debe ir más allá de la quita de subsidios. "No se trata de discutir sobre los subsidios sino de las tarifas", señaló. Porque "estos cuadros tarifarios sin subsidios que se determinaron en 2011, nunca se debatieron en una audiencia publica. No sabemos de dónde salieron, si tienen razonabilidad, etc". Y si se determina que son los correctos, la forma de quitarlos sólo debería ser progresiva", opinó.
"Los marcos regulatorios señalan que debe haber una revisión tarifaria anual sometida a una audiencia publica. Y acá, la última se hizo en junio 2004", recordó el dirigente.
Por otro lado, según su opinión, "no se puede poner a decidir al usuario si prescinde del subsidio o no cuando ni siquiera dispone de una información clara en las facturas", dijo.
Arranca quita de subsidios, pero aún no definen quienes podrán retenerlos
El Cronista
Unos días más tarde de lo previsto, se pondrá en marcha esta semana la propuesta oficial de renuncia voluntaria a los subsidios por parte de usuarios residenciales de electricidad, gas y agua. Pero en el seno del Ministerio de Planificación –el centro estratégico donde se define quién pagará más por esas prestaciones debido al retiro del aporte estatal– aún no tienen precisiones con respecto a los mecanismos que se utilizarán para encarar el reempadronamiento de todos los clientes y así definir quiénes conservarán el aporte estatal y a quiénes se les será retirado. El resultado de esa operatoria derivará en un aumento de entre dos y cuatro veces, de acuerdo con el tipo de consumo, en la boleta de servicios públicos, para ciertos grupos.
La mayoría de las distribuidoras metropolitanas (Edenor y Edesur en el caso de la electricidad, y Gas Ban y Metrogas para el gas) tenían ayer listos los mecanismos solicitados por el Gobierno para poner en marcha hoy la renuncia voluntaria. Fuentes oficiales, sin embargo, confirmaron que esa ronda de consultas masivas no arrancará hasta mañana o el miércoles.
Hay dos motivos sobresalientes: por un lado, los técnicos de Planificación trabajan contra reloj para ajustar el funcionamiento de la página web que canalizará los pedidos. La otra razón, en cambio, es más estratégica: el Gobierno quiere hacer un anuncio formal con la apertura de la quita voluntaria para generar un efecto contagio entre los usuarios, según explicaron interlocutores habituales de funcionarios.
“Se están terminando la página web y los formularios de renuncia. Cuando eso esté listo lo vamos a anunciar”, explicaron allegados al ministro de Planificación, Julio de Vido.
Ese Ministerio concentrará todos los procedimientos. Las páginas web de las distribuidoras tendrán un link que vinculará con un sitio que dependerá de Planificación. Y las oficinas comerciales de las empresas derivarán a ese Ministerio los pedidos que reciban personalmente.
En no más de 10 días, además, Planificación quiere concretar una jugada más ambiciosa. Anunciará el envío de formularios de consulta (una “especie de declaración jurada”, según el ministro de Economía, Amado Boudou) a unos cinco barrios de la Capital y el Gran Buenos Aires. Los candidatos son los vecinos de Belgrano, Nuñez, Palermo, Retiro y Recoleta. Pero también se sumarán barrios acomodados de la provincia de Buenos Aires, como La Horqueta.
Será el comienzo de un proceso masivo para reducir los aportes del Estado a los usuarios residenciales. Pero en el Gobierno aseguran que aún no están listos los criterios para definir quién retendrá los subsidios y quién los perderá.
Allegados a De Vido aseguraron que se tomarán en cuenta una serie de variables. Una de ellas será el ingreso “por grupo familiar”, pero no sería excluyente. El proceso culminaría con la visita de una asistente social para confirmar las “condiciones de vida”.
En medio de la nebulosa técnica y operativa que rodea a esos criterios intentarán trabajar esta semana las asociaciones de consumidores, que tendrán reuniones con el Enre y el Enargas, los entes reguladores de la electricidad y del gas. El Gobierno las quiere como escudo ante posibles críticas. Esos grupos intentarán hacer prevalecer de criterio de que no sólo se cuenten los ingresos sino también los egresos, algo que no ven de buena gana en despachos oficiales. Defenderán dos grandes objetivos: los jubilados en general (hasta el momento sólo retendrán subsidios los que cobran la mínima) y el caso de los inquilinos.
Paso a paso: lo que los usuarios deben saber para poder decidir
Franco Mizrahi. Tiempo Argentino
Las empresas distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur estuvieron trabajando contra reloj junto con los técnicos del Ministerio de Planificación para tener listo el sistema por el cual los usuarios podrán dar de baja en forma voluntaria los subsidios que reciben, y que estará disponible esta semana.
Los clientes podrán acceder a esta posibilidad ingresando a las páginas web de las dos empresas, además de la del ENRE.
Según explicaron a Tiempo Argentino fuentes que estuvieron trabajando en la instrumentación de la medida, “el cliente podrá calcular cuál es el subsidio estimado al cual renunciaría. Para averiguarlo, deberá ingresar su número de cuenta, el sistema calculará de acuerdo al consumo del año 2011 cuál es el subsidio estimado al que renunciaría y si el usuario está de acuerdo, acepta. En esta instancia no habrá preguntas sobre ingresos o cuestiones semejantes porque es una renuncia voluntaria”.
Por otro lado, la misma fuente indicó que “el envío de las declaraciones juradas será el siguiente paso. Se enviarán a diferentes barrios de la Capital Federal. Allí, el usuario deberá actualizar sus datos en lo que será un registro único de usuarios de servicios públicos”, que desde Planificación se lo considera un empadronamiento y que tendrá por función tener una clara identificación del cliente. En el formulario se le consultará si necesita o no el subsidio.
Al cierre de esta edición no estaba decidido si se tratará de un formulario único o se enviarán dos en forma separada. Lo que sí está claro “es que si el usuario rechaza renunciar al subsidio, el Estado cruzará la información con sus diferentes bases de datos (Afip, Anses) y si coincide con lo presentado, el subsidio se mantendrá”. En caso de que existiese alguna duda, el Estado coordinará una visita de una asistente social con el cliente para realizar una reunión ambiental que permita hacer una evaluación del lugar en el que vive el cliente.
De acuerdo a quien trabajó en la medida, “si el usuario se da de baja, en la siguiente factura se le eliminará el subsidio. Y si no contesta, al mes siguiente se le enviará el mismo formulario. Si nuevamente no contesta, en la tercer factura se le eliminará el subsidio”.
Clarín
No se puede decir que le falte micrófono. Cristina Kirchner da un discurso casi a diario. A veces, incluso, dos o tres en la misma jornada. Nunca se apega del todo al tópico del acto que la convoca y es usual que aproveche el atril de la Casa Rosada, el de una fábrica del conurbano o el de un paraje de frontera para sentar posición sobre temas de actualidad, comentar críticamente las tapas de los diarios o enviar mensajes a empresarios, sindicalistas o políticos opositores.
Por eso mismo resulta paradójico que la Presidenta no se haya referido aún ni una vez al recorte de subsidios que puso en marcha su gobierno hace 19 días y que, por el monto de dinero involucrado y las millones de personas que se verán afectadas, resulta una de las medidas más trascendentes de su mandato.
Estaba en la reunión del G-20, en Cannes, cuando dejó en manos de Amado Boudou y Julio De Vido el anuncio, el 2 de este mes, de la primera parte del complejo y aún inconcluso programa para desmontar la madeja de subsidios en las tarifas de servicios públicos.
La semana pasada se anunció la segunda parte del recorte, que abarca a usuarios residenciales de los barrios más pudientes y se irá extendiendo en 2012 hasta alcanzar, según estimaciones preliminares, dos tercios de los hogares del país.
Desde su regreso de Cannes, Cristina pronunció diez discursos , 18.122 palabras entre las que el término “subsidio” apareció sólo una vez . Se refería a uno otorgado en 2007 por el Ministerio de Desarrollo Social a una cooperativa de trabajadores fueguinos.
Nada, ni una alusión indirecta a la decisión de su Gobierno que aumentará durante el año próximo las tarifas de luz, gas y agua un 200% promedio en millones de hogares.
Los ministros de Economía y Planificación cargaron con las responsabilidad de las conferencias de prensa con los anuncios y alguna entrevista posterior en los medios. También salieron al ruedo Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, y Carlos Zannini, la misma mano de la Presidenta, pero para confrontar a los medios que hablaron de “ajuste” y de usuarios que deberán pagar facturas más caras.
“No hay que dejarse confundir y dudar de una medida sensata, concreta y que no se aparta del rumbo.
No defiendan a los pobres, que para eso está Cristina ”, alegó Zannini el viernes pasado.
La Presidenta participará hoy de la celebración del 50° aniversario de la planta de Ford Argentina e inaugurará por videoconferencia radares en Formosa y Misiones. Mañana dará el discurso de clausura de la 17° Conferencia Industrial y el miércoles inaugurará la ampliación de una planta impresora de libros y revistas. En todos, repasará los números positivos de la economía y intentará dar buenas noticias, aunque el fin de los subsidios indiscriminados anticipe tiempos de mayor austeridad.
Esta semana se podrá renunciar a los subsidios en luz, agua y gas
Clarín
ClarínEl Gobierno insiste que no será un “ajuste” sino un sinceramiento al eliminar los subsidios de las tarifas. Lo cierto es que millones de consumidores de agua, electricidad y gas (que nunca fueron consultados sobre si querían pagar de menos por esos servicios básicos), podrán decidir a partir desde esta semana si aceptan ajustarse para hacer frente a facturas que sin subsidios podrían incrementarse entre 150 y 400% según cada caso. La posibilidad iba arrancar hoy, pero no llegaron.
Durante el fin de semana, los técnicos del Ministerio de Planificación Federal pulieron los detalles del sistema que montarán para consultar a los usuarios sobre su disposición a renunciar a los subsidios oficiales que hasta ahora hacen más digeribles sus facturas. Según pudo saberse, en principio aquellos consumidores que estén decididos a pagar la “tarifa plena” podrán ingresar desde esta semana a las páginas web de las empresas y del propio ministerio para iniciar el trámite correspondiente. Solo será necesario ingresar el número o la clave que lo identifica como usuario de cada uno de los servicios.
Los empadronados ante las concesionarias que brindan los servicios públicos en el área metropolitana recibirán el dato clave antes de decidirse. Esto es, se le informará cuánto se incrementarán sus facturas en caso de que decida renunciar a los subsidios estatales. Recién después de eso el sistema lo invitará a declinar al beneficio .
Los únicos exceptuados de este sistema de consulta serán los vecinos de los barrios que las autoridades decidieron elegir como sinónimo de riqueza, y por lo tanto no merecedores ni ningún tipo de ayuda: Barrio Parque y Puerto Madero. También los clientes que residen en algunos de los miles de countries que existen en la región. Para ellos, tal como anunciaron los ministros Julio De Vido y Amado Boudou, no habrá preguntas. Desde la próxima facturación, se les aplicarán directamente las tarifas sin subsidios. Los ministros estimaron el ahorro fiscal en $4.600 millones incluyendo a unas 40 empresas, además de sectores como el del juego.
De Vido, que hoy al mediodía realizaría nuevos anuncios , nunca dejó en claro si la decisión de excluir deliberadamente algunos barrios específicos del sistema de consulta voluntaria que se inicia hoy se extendería luego a otras zonas acomodadas de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Pero fuentes cercanas al Gobierno admitieron que podrían añadirse muy pronto los vecinos de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, en la Capital Federal; y Vicente López y San Isidro; en el norte del conurbano.
Frente a estos trascendidos, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, aclaró que “lo que comenzarán a recibir algunos barrios que según el registro catastral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son los de mayor poder adquisitivo, conjuntamente con otros del conurbano de características similares, son los formularios para el reempadronamiento” . Concretamente, dijo, “se les consultará si necesitan seguir recibiendo el subsidio o no”.
¿Qué sucederá si los usuarios no contestan a esa consulta? ¿Y qué pasará si la respuesta es que necesita recibir la ayuda oficial? En el primer caso, luego de un preaviso al mes siguiente, sencillamente se considerará que esa vivienda no desea mantener los subsidios y comenzará a aplicarse la tarifa plena. Y en la segunda opción, según Baratta, “se controlará con la información disponible en AFIP, ANSES, Desarrollo Social y de corresponder a través de una asistente social, a los efectos de corroborar lo manifestado”.
Como sea, diferentes asociaciones de consumidores ya están lanzando previsiones más que pesimistas: estiman que al menos dos terceras partes de los usuarios de agua, luz y gas comenzarán a recibir las facturas con aumentos (o “sin descuentos”, como le gusta decir al Gobierno) a lo largo del primer semestre de 2012. En todo caso, las dudas pasan por la velocidad que se le imprimirá a ese proceso.
CASO POR CASO. LO DIJO SANDRA GONZALEZ, TITULAR DE ADECUA.
