Desde Neuquén
Desde que YPF pasó a manos privadas y hasta hoy, se presentaron decenas de denuncias civiles y penales por contaminación ambiental producida por derrames de petróleo en Neuquén y Río Negro. En una de las causas, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, se afirma que Repsol y otras empresas extranjeras deberían pagar por daños ambientales una suma que se estima en el orden de los cinco mil millones de dólares. El caso fue presentado en 2006 por la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (Assupa), demanda a la que se sumaron, como querellantes, unos 200 pobladores de la Comunidad Mapuche de Añelo, ubicada a cien kilómetros de la ciudad de Neuquén. Una de las demandantes, Cristina Cherqui, de 55 años, falleció el 16 de abril de este año. Años atrás le detectaron plomo y otros metales pesados en la sangre. Además de Repsol, las demandas alcanzan también a las empresas Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito. En total son 18 las implicadas en las denuncias.
La presentación de Assupa, a la que tuvo acceso Página/12, centraliza las denuncias por la contaminación sufrida en las cuencas de los ríos Negro y Colorado. Lo que se solicita es que las empresas sean condenadas a tomar “todas las medidas necesarias para la desaparición de los agentes contaminantes del medio ambiente y para la recomposición de los daños colectivos ambientales causados” por la actividad petrolera. En lo que respecta a la situación en el llamado “Desierto de Añelo”, la División Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema determinaron que los cuatro mil habitantes del lugar “presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre”, mientras que el agua del lago de la región “está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo”.
Assupa sostuvo en uno de sus informes que “el problema es mucho más grave porque además de la contaminación en el terreno, hay que sumar la contaminación en los lagos Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable que abastece a la ciudad de Neuquén” y otras zonas pobladas de la provincia. Los estudios de los expertos se hicieron sobre las napas freáticas y sobre las aguas de superficie.
Luis Arellano, apoderado legal de Assupa, le dijo a este diario que “los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes” y precisó que en la zona de Loma La Lata, una de las de mayor producción de petróleo en el país, “la presencia de hidrocarburos en el agua llega a los 150 microgramos por litro”.
Las penas por envenenamiento con residuos tóxicos tienen una escala ascendente que va de los tres a los 25 años de prisión, según la gravedad del hecho. Las sanciones más altas son para los casos en que se hayan producido muertes comprobables y compatibles con problemas derivados de la contaminación ambiental. El caso de Cristina Cherqui llegó en estos días a la Cámara de Diputados de la Nación, donde algunos legisladores solicitaron que se pida al Poder Ejecutivo Nacional que presente un informe retrospectivo sobre las medidas, sanciones y condenas que se hayan tomado o que se puedan llegar a tomar en el futuro, a partir de la expropiación de la empresa, en contra de las empresas Repsol YPF, Pan American, Chevron, Total Austral y Medanito, entre otras petroleras que operan o han operado en la zona. La advertencia es, además, para que en el futuro se tomen los recaudos necesarios para que no se repita la misma situación.
En Rincón de los Sauces también hay denuncias contra Repsol. Una de las primeras se produjo en mayo de 1997, a partir del derrame de unos diez mil litros de combustible en el yacimiento Lomitas Sur, que forma parte de la zona Chihuidos-Lomitas. El accidente ocurrió en la Batería 15, ubicada unos 30 kilómetros al oeste de Rincón y a diez kilómetros del cauce del Río Colorado. En esa Batería se encontraban en plena producción 20 pozos, con una extracción diaria de 700 metros cúbicos por día. En ese momento, Lidia Anaya, que integraba la Comisión de Madres de Rincón de los Sauces, denunció que las empresas petroleras y las autoridades locales y nacionales estaban “tratando de minimizar el problema”.
En agosto de 2011 otra denuncia conmocionó a Rincón. Raúl Martínez, ex operario de la firma Baker Hughes, denunció ser víctima de contaminación radiactiva. El Global Dosimetry Solution de Canadá envió a la Baker en Argentina un informe confirmando que Martínez presentaba en su cuerpo un nivel de 0,41 millisieverts, unidad de medida de radiación. El elemento radiactivo era el cesio, un metal blando que se usa en herramientas de precisión para completar la terminación de los pozos petroleros.
En Añelo, que está muy cerca del yacimiento de Loma la Lata, ya en enero de 2007 se había realizado una pueblada para denunciar la situación por la que atravesaba Nora Apablaza, postrada por haber consumido agua contaminada. Su esposo, Leopoldo Araneda, denunció que cuando sacaba agua de la canilla de su casa, era notorio “el olor a querosén”. En la zona, las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil demandaron a Repsol por la suma de 440 millones de dólares. Todas las denuncias, en forma directa o indirecta, están pendientes de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de la presentación hecha por Assupa, que puede ser la llave para avanzar hacia una sanción que podría sentar jurisprudencia en la materia. En otra causa penal, por la contaminación en la zona de Añelo, están imputados el titular de la firma Repsol, Antonio Brufau, y el ex CEO de YPF, Sebastián Eskenazi. Esta causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén.
Desde Cutral-Có
“Hace años intentamos seguir la ‘ruta del cáncer’, pero tropezamos con un montón de inconvenientes que impidieron hacer un censo de enfermos oncológicos en Cutral-Có y en Plaza Huincul y para que se creara un registro provincial.” El concejal de Cutral-Có Carlos Moraña, de Proyecto Sur, dijo a Página/12 que comenzó la investigación porque “entre los habitantes de esta ciudad aparecía, y sigue apareciendo, la sensación de que todas las personas conocen a alguien que tiene una enfermedad oncológica, personas incluso muy jóvenes, adolescentes y hasta niños”. Moraña recordó que a partir de 2007 “en el barrio 25 de Mayo, de Plaza Huincul, en una sola cuadra, había muchos casos de cáncer”. En esa zona habían estado instaladas empresas privadas que manejaban material radiactivo y prestaban servicios a la firma YPF.
Por esa razón, en su primer mandato como concejal, presentó un proyecto de ley para que se realizara un censo oncológico “para determinar si efectivamente había una mayor cantidad de casos de cáncer de lo que es la media nacional y establecer qué tipos de cáncer se daban, en qué edades y si había algún lugar determinado donde se produjeran mayor cantidad de casos”. Como resultado de las consultas, Moraña pudo determinar a través del informe de médicos locales que los materiales desechados por las petroleras pueden generar problemas “en el tubo neural, que pueden ir desde una espina bífida hasta una anencefalia. Estas son cuestiones que pueden generar problemas durante el embarazo”.
En ese sentido, mencionó que hubo “algunos casos que produjeron conflictos en la zona de Loma de la Lata, donde está confirmada la contaminación del agua por hidrocarburos y metales pesados que son utilizados en la industria petrolera”. En 2002, en la comunidad mapuche de Kaxipayiñ, en Loma la Lata, se conoció el caso de una joven de 17 años que estaba en el sexto mes de embarazo cuando las ecografías mostraron que el feto no tenía cabeza. Por esa razón pidieron a la Justicia que se autorizara el aborto y que se analizara el feto para saber si la malformación era producto de la contaminación petrolera en esa región.
En su afán por saber si los casos de cáncer habían aumentado, Moraña requirió información del sistema de salud pública provincial y del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que atiende a un número importante de empleados públicos. “Indagamos, indagamos, insistimos, pero el resultado siempre fue el mismo: el silencio absoluto.” En agosto de 2007, el diario La Mañana de Neuquén aseguró en un informe sobre el tema que “el cáncer era la principal causa de muerte entre los pacientes internados en la salud pública de Cutral-Có. En ese informe las autoridades sanitarias admitían que las enfermedades oncológicas eran la principal causa de muerte en Neuquén y en toda la región. Moraña sostuvo que “a pesar de la insistencia de nosotros y de la prensa local, nunca hubo un informe oficial detallado sobre las causas de estas patologías”.
