Luego de los anuncios realizados el viernes pasado ante unos 80 empresarios del sector eléctrico, el equipo del viceministro de Economía, Axel Kicillof –liderado por los subsecretarios Augusto Costa, Cristian Girard y su jefa de gabinete Paula Charvay– avanza en la definición del nuevo marco normativo. El Gobierno ya les planteo a las empresas que “hay que refundar este modelo de los ‘90 dividido en tres fases –generación, transporte y distribución– que es anacrónico y ya no sirve”.
En toda esta transformación, la probable desaparición del mercado mayorista de energía tal como funciona hoy en día es uno de los temas que más preocupa a los empresarios del sector eléctrico. “Existe la posibilidad de que en esta nueva estructura los dueños de las generadoras sean los primeros perjudicados por el nuevo rol que pasaría a tener Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista), que se convertirá en una recaudadora integral”.
En la actualidad, además de proveer energía a las grandes distribuidoras, las dueñas de las principales usinas y centrales tienen contratos con alrededor de 7000 grandes clientes. Con los cambios que estudia el equipo de Kicillof, el Estado se transformaría en intermediario de estas operaciones, siendo Cammesa la única autorizada para comprar energía a las generadoras y a revenderla a los grandes usuarios. “En los hechos, esto le otorgaría a Cammesa la potestad de fijar el precio de la electricidad a dos puntas, marcando la desaparición del mercado mayorista de cargas”, explicó un empresario consultado por El Cronista.
Como el combustible con el que las generadoras producen la electricidad solo podrá ser provisto por YPF, de acuerdo al decreto 1277, el Gobierno estaría en condiciones de dominar monopólicamente y fijar precios en la venta de combustible al sector eléctrico, por un lado, y en la venta de la energía a las grandes empresas.
“Sabemos que la gente de Kicillof trabaja en un nuevo mecanismo para refundar el mercado eléctrico en la Argentina como él manifestó, pero todavía no hay nada legal al respecto, ni resoluciones ni decretos ni nada”, manifestó otro ejecutivo del sector. De todos modos, las empresas estiman que las novedades no tardarán en aparecer, ya que “con decretos y resoluciones de la Secretaria de Energía se puede cambiar gran parte de la normativa de la ley vigente, que es la 24.065”, dijo uno de los empresarios consultados.
La gran duda es como se fijarán las tarifas con el sistema “costo plus” que determinará un porcentaje de rentabilidad a través de la Comisión Evaluadora y que pasara con los contratos de provisión de energía en dólares que tienen varias empresas con Cammesa.
Las empresas nucleadas en Ageera (generadoras), y Ateera (transportadoras) están en estado de alerta. En tanto en las distribuidoras (Adeera) creen que Kicillof dificultará por ahora un aumento de tarifas domiciliarias hasta las elecciones del 2013 pero piensan que existe la posibilidad que el Estado aporte dinero para mantener las operaciones y ayudar a esas compañías para que no quiebren. También al mismo tiempo les quedó claro que el Gobierno no tiene la intención de avanzar en nuevas expropiaciones como ocurrió con YPF.
