Un grupo de 36 grandes empresas en Brasil está sugiriendo al gobierno que coordine su política fiscal y de crédito para estimular una economía de bajo nivel de emisiones de carbono, ambientalmente más limpia y que emita menos gases de efecto invernadero.
La propuesta forma parte de un estudio que recomienda políticas públicas con foco en los bosques, firmado por bancos, siderúrgicas, fabricantes de cosméticos, empresas químicas y de telecomunicaciones, que se lanzó ayer en San Pablo.
No se puede esperar el desarrollo de una economía de bajo carbono si el gobierno concede créditos más atractivos para las actividades que emiten más”, dijo Renato Armelin, coordinador del programa sustentabilidad del Centro de Estudios en Sustentabilidad de la Fundación Getulio Vargas (FGV), el GVces.
Ese es el núcleo que coordina las Empresas por el Clima (EPC), una articulación de empresas que busca soluciones para cuestiones climáticas en base a criterios sustentables.
La idea es que se privilegien las buenas prácticas en los bosques en detrimento de actividades intensivas en carbono”, continúa el biólogo y administrador de empresas Armelin. El estudio “Propuestas del Sector Empresarial de Políticas Públicas Para una Economía de Bajo Carbono en Brasil: Bosques” no lo dice, pero otros trabajos indican que la mayor parte del crédito agrícola en la región amazónica se dirige a la actividad pecuaria intensiva, identificada como uno de los vectores de la deforestación de los bosques.
El estudio de 40 páginas enumera nueve propuestas para que los bosques puedan manejarse de forma más sustentable. Según el inventario nacional de emisiones, 61% de las emisiones de gases-estufa de Brasil se relaciona con la deforestación o actividades que promueven el cambio del uso de la tierra, como la modificación de un paisaje agrícola para uso urbano o la remoción de un bosque para uso agrícola.
Las mayores oportunidades para que Brasil cumpla su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero están en los bosques. “Si existe una meta de reducción nacional, y si no se obtiene a través de la reducción de la deforestación, la industria y la agricultura estarán más presionadas para alcanzar la meta propuesta”, argumenta.
Otra propuesta bajo análisis es promover un relevamiento detallado de las áreas prioritarias para la recuperación de los bosques, considerando su vocación para la agricultura o la conservación. “El relevamiento enfocaría mejor la toma de decisión sobre los bosques, sería un buen subsidio”.
Existe la idea de que el gobierno federal lleve adelante una normalización definitiva sobre instrumentos económicos que valorizan los bosques, como un marco legal que promueva la reducción de emisiones por deforestación y degradación (conocido por Redd) o la prestación de servicios ambientales (PSA). Actualmente existen legislaciones en los estados federales sobre esos temas, pero no hay una normativa federal común. “Se necesita una ley para que las empresas puedan tener claridad para apoyar las decisiones que involucran a los bosques”, explicó.
Las empresas piden también estudios para el mejoramiento de las técnicas para medir la emisión de gases de efecto invernadero relacionados con actividades forestales y más inversiones para promover la regularización de la tierra y combatir la invasión de tierras. Otro punto es el estímulo a la exploración de los diferentes potenciales económicos de los bosques. “Bosque no es solamente stock de carbono y madera.
Presta diversos servicios a la sociedad”, recordó el coordinador. Pueden tener, por ejemplo, una exploración relacionada al ecoturismo y entretenimiento.
Las EPC agrupan a empresas de diversos sectores, como el HSBC, Banco do Brasil, Banco Itaú y Bradesco, la minera Vale, Petrobras y Braskem, Natura y Boticario, Vivo, Oi y TIM, AES, Brasil Foods y EcoRodovias, entre otras.
