La Providencia deberá ahora hacer su trabajo y permitir que el presidente Hugo Chávez retome su cargo más adelante. La fecha, naturalmente, es un misterio puesto que ha quedado reservada a los inescrutables designios de Dios. Eso es lo que se desprende del fallo que alumbró ayer al mundo el Tribunal Supremo de Venezuela al avalar la continuidad en sus funciones del gobierno chavista aunque el presidente, reelecto el 7 de octubre, no pueda jurar hoy ante la Asamblea Nacional como lo ordena la Constitución y lo deba hacer más tarde, en día y hora que nadie conoce.
Según la decisión del tribunal de siete miembros, anunciada ayer al mediodía ante la prensa por su titular, Luisa Estella Morales, el Poder Ejecutivo constituido “seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa”, por lo que el vice Nicolás Maduro, bendecido por Chávez como su sucesor en caso de que el mandatario no pueda reasumir sus funciones, está “perfectamente facultado” para continuar en su puesto, así como también el resto del gabinete.
Según constitucionalistas, la decisión pareció estar inspirada más en motivos políticos que en cuestiones estrictamente jurídicas y está llamada a provocar controversias legales con eventuales repercusiones en simples actos administrativos e incluso en el comercio. Así lo admitió ayer a Clarín , por ejemplo, la ex jueza del Tribunal, Blanca Mármol. También los empresarios de Brasil entrevieron esa posibilidad (ver pág. 21).
La tesis del gobierno es que, como Chávez fue reelecto, ya se encuentra en posesión del cargo y que, por tanto, sostener que debe asumir nuevamente no tiene demasiado asidero. Es “un mero formulismo” que puede cumplirse en cualquier momento. Un problema es que nadie sabe cuándo será ese momento y tampoco se conoce el real estado de la salud del presidente. Eso es particularmente importante en un país como Venezuela, donde –como dicen los detractores del mandatario– no siempre rige la ley de la gravedad.
La validación choca con los reclamos de la oposición. Por un lado, ésta afirma que como Chávez no podrá jurar hoy su mandato, entonces –siguiendo lo que dice la Constitución– debe convocarse a elecciones en 30 días y, en ese lapso, tiene que asumir la presidencia provisional el titular del Parlamento, Diosdado Cabello, algo a lo que el chavismo se niega. Además, los opositores recuerdan que, según el texto constitucional, debe llamarse a una junta médica que decida si el presidente está en condiciones de iniciar su nuevo mandato. El Tribunal, sin embargo, descartó ayer que sea necesaria tal inspección.
Pero buena parte del país estima que ese examen es más que necesario. Chávez fue operado hace un mes en Cuba de un cáncer en la zona pélvica del que se conoce poco y nada. Desde entonces, no apareció en público y su supuesta voluntad fue comunicada a través de escritos presentados por el gobierno sin posibilidad de verificación.
Anoche, el principal líder de la oposición, Henrique Capriles, sostuvo que, según la Carta Magna, el 10 de enero “termina un período constitucional y comienza uno nuevo” y que “el pueblo no votó por Nicolás Maduro” ni por sus ministros. En virtud de ello, la prolongación del mandato va contra la ley.
Al explicar ese punto, la titular del Tribunal Supremo estuvo a punto de caerse en un berenjenal envenenado cuando una periodista le preguntó en qué lugar la Constitución dice que el presidente reelecto, aunque esté por tanto en funciones, no tiene que prestar juramento. Morales se apuró a contestar: “No decimos que no vaya a jurar” sino que lo hará ante el Tribunal “cuando corresponda”, o sea, cuando esté restablecido y pueda regresar al mando. “No hay ni siquiera ausencia temporal” del presidente, agregó. Recordando la gravedad de la salud presidencial, muchos estiman aquí que la posición de los jueces se parece mucho a jugar a los milagros.
La Sala Constitucional del Tribunal no ha dictado nunca desde 2003 un veredicto contrario a las posturas del Ejecutivo. En diciembre, destituyó a siete magistrados cuyos períodos habían expirado o que habían pedido su jubilación. Entre ellos están los más veteranos e independientes de la Corte. Al purgarlos, el gobierno se aseguró de que no habría sorpresas con el fallo conocido ayer, que congela la ausencia de Chávez prologándola indefinidamente en el tiempo y, asimismo, crea un margen más amplio al chavismo para que pueda arreglar el reparto interno del poder y prepare una transición ordenada, si se hace inevitable. Por el momento, hoy habrá una fiesta para celebrar el inicio del nuevo mandato. Vendrán muchos invitados. Como se sabe, el dueño de casa no asistirá.
El sector privado brasileño, con un intercambio comercial con Venezuela superior a los US$ 6.000 millones, admitió su preocupación por los efectos de la crisis institucional en el país bolivariano. El eje es el posible impacto en el Mercosur de una salida ajena a la Constitución por la situación que sufre el presidente Hugo Chávez.
La inquietud fue manifestada por el presidente del Consejo de Comercio Exterior de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), Rubens Barbosa, en un artículo publicado en varios diarios de la región, en el que comenta la controversia desatada tras conocerse que Chávez no jurará hoy su nuevo mandato.
“Venezuela es ahora miembro del Mercosur y si Chávez no asume el día 10 o el mandato presidencial fuera en la práctica extendida, la cláusula democrática del bloque podrá ser invocada y tendrá que ser valorada”, amenazó el industrial.
Barbosa analiza escenarios y afirma que la tesis de postergar la toma de posesión puede carecer de “respaldo legal”. Agregó que “será muy difícil para los países del Mercosur o de la Unasur apoyar esa posición” que se basa en “una interpretación sin ningún respaldo legal”.
La preocupación es por un posible cuestionamiento jurídico a la potestad del vicepresidente Nicolás Maduro para firmar acuerdos comerciales. Barbosa dice que “está presente en la memoria la reciente y dura posición” del Mercosur sobre Paraguay, país suspendido del bloque tras la destitución del presidente Fernando Lugo “bajo el argumento de que hubo un golpe y que la Constitución no fue cumplida”. La preocupación expresada por Barbosa también fue manifestada por periódicos de Brasil, como O Globo, que en un editorial publicado ayer aseguró que “Venezuela desmoraliza al Mercosur”.
“No podía ser más digna de un régimen autoritario la falta de transparencia con que el chavismo lidia con la enfermedad del jefe máximo, internado en Cuba tras la cuarta cirugía debida al cáncer”, dice el editorial.
O Globo critica también al Gobierno brasileño, que a través del asesor para Asuntos Exteriores, Marco Aurelio García, admitió la posibilidad de que el mandato de Chávez sea “prorrogado”.
García, quien estuvo el pasado 31 de diciembre en La Habana, dijo que, según la Constitución venezolana, Chávez tendría un plazo de 90 días, prorrogables por otros 90, para asumir su nuevo mandato.
