El gobierno nacional acaba de firmar el ‘Acuerdo de Soberanía Hidrocarburífera’ con las provincias productoras, el cual explicita entre sus objetivos la evaluación de: la producción, reservas, empleo, inversiones, potencialidades de cada yacimiento, incumplimientos y deficiencias en la explotación, informando de todo a la Comisión Federal para el Cumplimiento de los Objetivos de la Soberanía Hidrocarburífera. En otras palabras, controlar y presionar a las empresas del sector para que incrementen su producción en pos de la ‘soberanía hidrocarburífera’, poniendo a los gobernadores a ‘mirar para cuidar‘.
¿Mirar qué? A las empresas productoras de hidrocarburos. ¿Cuidar qué? La ‘soberanía hidrocarburífera’.
Malas noticias. La actual gestión del área energética, desoyendo el amplio consenso de las recomendaciones de los expertos durante diez (10) años, transformó una situación donde el país era exportador neto de hidrocarburos en una donde cada vez se importa más.
Se dijo en la reunión del Acuerdo que YPF está invirtiendo más. La verdad es que YPF invierte más que su anterior gestión privada, pero con incentivos, financiamiento público y ventajas comerciales particulares no tiene ni tuvo ninguna otra empresa privada.
Uno de los gobernadores firmantes explicó que se pondrá el acento en el 62% de la producción que no está en manos de YPF.
¿Qué le pasó a ese 62% que no tuvo la misma performance supuestamente exitosa de la nueva etapa de YPF? En el año 2012 (respecto de 2011), de las ocho primeras empresas operadoras, solo dos crecieron en la producción de petróleo (YPF y Sinopec). En el caso del gas, las siete primeras operadoras vieron caer su producción, incluyendo a YPF. Parece que varios operadores no se enteraron del ‘gran momento’ del sector energético argentino o no tuvieron las mismas reglas y beneficios que YPF. Todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros.
El Acuerdo no es un hecho aislado sino que es una pieza más de la política ‘de facto’ que venía aplicando la gestión energética del kirchnerismo transformada en ‘de iure’ por medio de la Ley Nº 26.741 y Decreto Nº 1.277 para el caso de hidrocarburos y la Resolución S.E. 95/2013 para el caso eléctrico. Estas medidas dieron por tierra con los pocos incentivos económicos que quedaban en el sector. Este gobierno prefiere una regulación directa por medio de mecanismos de comando y control por sobre una regulación indirecta por medio de incentivos. Capitalismo de amigos y planificación central.
Funcionarios importantes del gobierno descreen abiertamente de los mecanismos de mercado como generadores de incentivos en el marco de una regulación estatal correcta. Para algunos no hay lugar para la eficiencia porque todo es puja distributiva.
Quienes comandan la gestión energética descreen de la información que transmite a consumidores y productores el sistema de precios. El Estado rompió el sistema de señales de precios. Las distorsiones de precios de la energía revelan una ‘onda verde‘ para los consumidores, a todas luces ficticia. Por el lado de los productores, las mismas distorsiones producen un desincentivo a atraer nueva inversión o a lograr que los que están produzcan más.
Como eligieron trabajar con precios distorsionados, el Estado debe poner burócratas a ‘dirigir’ la economía. Ello implica la necesidad de mucha información, procesamiento y muchos recursos aplicados a la coordinación del sistema. Tanto la decisión de nacionalizar YPF, la del Decreto 1277/2012, la de la Resolución SE 95/2003 y la del presente Acuerdo, parecen estar unidas por la esa concepción dirigista de la economía, la del ‘mirar para cuidar’.
El problema es que ese pensamiento descree del funcionamiento del capitalismo competitivo en una democracia republicana. Al mismo tiempo, subestima los costos económicos e informativos de la planificación económica centralizada estatal. Como lo muestran insoslayables ejemplos históricos, suele ser muy difícil compatibilizar la socialización de la inversión y de la vida económica en general con la libertad individual.
