Luego de tres años y para emprolijar una especie de superposición de funciones del propio Estado en una empresa también estatal, ayer el Gobierno decidió ponerle fin la intervención de la distribuidora Metrogas.
Lo hizo mediante una resolución del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), que fue comunicada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en la cual se comunica que este proceso concluyó el pasado 31 de mayo.
Es decir, pocas semanas después de que la petrolera estatal YPF asumiera el control de la mayor distribuidora de gas del país con 2,2 millones de clientes en Capital Federal y GBA.
Hasta fines del mes pasado, Antonio Gómez, un ex funcionario de Yacyretá y Salto Grande, venía ejerciendo dicho cargo desde mediados de junio de 2010, luego que la empresa llamó a convocatoria de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a un vencimiento de deuda por 20 millones de dólares. En ese momento, las acciones de la sociedad controlante de Metrogas se repartían entre el grupo británico BG y la petrolera YPF, por ese momento en manos de Repsol.
Pero, luego de la expropiación de la petrolera, el Gobierno inició un proceso para quedarse con el control de la distribuidora de gas que concluyó con la compra de las acciones de BG, a fines del año pasado. De esta forma, Metrogas quedó bajo el control total de la estatal YPF que ahora posee el 70% de las acciones de Gas Argentino S.A (GASA).
Ayer, fuentes cercanas a la compañía explicaron a El Cronista que mantener la intervención “era contra natura”. Y agregaron que “era inconcebible que una empresa del Estado estuviera intervenida por el mismo Estado”.
De este modo, será el directorio de la compañía el que intente resolver los graves problemas financieros que atraviesa desde hace ya varios años, con tarifas que llevan más de una década congeladas, costos que se incrementan a la par de la inflación real, una caja agotada.
